Agricultores contra jornaleros: el conflicto que no debería ser

Culiacán, Sin.- Hace cuatro años Arturo dejó Guerrero con su esposa y sus hijos. El destino era Sinaloa, específicamente los campos del sur donde se cosecha tomate, chile, mango y otros productos que alimentan no solo a México, sino también al extranjero. Como él, entre 200 mil y 400 mil jornaleros agrícolas, según datos obtenidos del Congreso del Estado, llegan cada año a los valles sinaloenses para trabajar en condiciones que no siempre garantizan salud, seguridad ni vivienda.

“Llegas como puedes. En mi caso trabajé con más de un patrón a la vez porque necesitaba juntar un dinerito”, relata Arturo para Revista ESPEJO. “De vivir bien… pues qué le digo. Llegamos a ser como cinco familias en una sola casa. Entre todos pagábamos la renta, le hacíamos como podíamos. Así ahorrábamos”.

Hoy vive en una casa improvisada de hule, en un asentamiento llamado Monte Sinaí, en Mazatlán. Ahí, familias indígenas, principalmente triquis, han comprado solares para asentarse y dejar de migrar, buscando que sus hijos tengan algo que ellos nunca tuvieron: un lugar fijo donde vivir, estudiar y crecer.

“Ya no queremos andar de estado en estado. Muchas familias se accidentaron volviendo a Guerrero, se murieron, por eso nosotros preferimos comprar nuestros solares. Pero aquí estamos sin servicios, y el gobierno ni nos ve ni nos oye”, dice Arturo.

La experiencia de Arturo no es un caso aislado. Juan López, líder triqui y defensor de comunidades indígenas, ha documentado durante décadas la precariedad de los jornaleros agrícolas migrantes.

“Nuestros hijos nos dicen jornaleros, migrantes, golondrinos. No estudian porque no estamos establecidos. En los años ’80s no podíamos estudiar, y hoy sigue siendo igual en muchos lugares”, explica para ESPEJO.

Desde hace años, dice, ha pedido a las autoridades revisar las condiciones de salud, vivienda y educación de los trabajadores migrantes. Pero las respuestas llegan, si acaso, solo después de una tragedia.

“La última fue en Las Fuentes, donde se quemó una casa de cartón y lámina. Perdieron todo. Y fue hasta entonces que pusieron atención”, lamenta.

Durante la pandemia, mientras el resto del país era vacunado, los jornaleros seguían sin acceso. Tuvo que ser a través de presión mediática que las autoridades comenzaron a aplicarlas.

También señala que, aunque algunos patrones cumplen con la ley y registran a su personal en el IMSS, la gran mayoría evade esa responsabilidad.

“No tenemos por qué estar peleados con los patrones, pero sí exigimos nuestros derechos. Porque ocurre un accidente y no se les cubre. Se les da como enfermedad general cuando realmente fue un accidente de trabajo”, denuncia.

“En el 2000 surgió un problema con el IMSS, porque los patrones tenían que contratar seguro para los jornaleros, pero no todos lo hacían. Y hoy el IMSS-Bienestar no cubre accidentes laborales”.

Además, el abandono institucional es tan profundo que ni siquiera se sabe cuántos son.

“No hay un padrón real. Los pescadores tienen padrón. Los maestros también. Pero los jornaleros no existimos oficialmente”, dice López.

Los que sí cumplen… y los que no

Desde la otra orilla, Enrique Riveros, agricultor y expresidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, reconoce que hay una división clara entre quienes hacen las cosas bien y quienes operan al margen de la ley.

“Tenemos dos escenarios. Uno donde se cumple con todo: vivienda, salud, escuela, IMSS. Y otro donde no les dan nada”, señala el líder agrícola. “Nosotros calculamos que un jornalero nos cuesta hasta 200 pesos extra al día si incluimos servicios. Pero si el gobierno no cumple con su parte, el trabajador termina desamparado”.

Asegura que, como patrón, está obligado a pagar al IMSS. Pero cuando el instituto no atiende a sus trabajadores, entonces el sistema completo falla. Lo mismo ocurrió durante el COVID: pese a los pagos, el personal médico no llegaba, y tuvieron que cubrir gastos por cuenta propia.

“No es justo pagar dos veces por lo mismo. Y si el trabajador se enferma en un campo informal, ahí es donde vienen los problemas”, denunció Riveros. “Si nosotros estamos pagando y el gobierno no hace su trabajo, entonces ¿de quién es la culpa? El beneficiario tiene que ser el jornalero, y no está recibiendo el servicio”.

Así mismo, recordó que anteriormente la titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (SEBIDES), María Inés Pérez Corral convocó a productores, secretaría, líderes defensores de derechos para realizar una mesa de trabajo en torno a reforzar los valores de quienes trabajan en el campo. Hasta la fecha, no ha habido ningún avance sobre lo que se planteó en aquella reunión.

¿Quién le falla a quién?

El caso de Arturo sintetiza el dilema. Los jornaleros llegan, trabajan, intentan asentarse, pero no tienen condiciones dignas. Los productores, algunos, intentan cumplir con la ley, pero no siempre reciben el respaldo institucional. Y el gobierno, en todos sus niveles, sigue sin generar una política integral para atender a quienes hacen posible que el campo produzca.

Si bien, hay avances como la reciente aprobación de una reforma en el Congreso de Sinaloa que garantiza el derecho de identidad de los hijos de jornaleros agrícolas, incluyendo a migrantes indígenas, mediante el registro gratuito de nacimiento y la instalación de módulos itinerantes del Registro Civil o la instalación del Centro de Atención Infantil el pasado 31 de enero, en el municipio de Juan José Ríos, que brinda protección y cuidados a hijos e hijas de trabajadores del campo, para Jua López, líder jornalero el camino a recorrer para dar respuesta a las necesidades que aun plantean los jornaleros es largo.

¿Cómo debería ser entonces un albergue agrícola digno?

Estudios realizados por Grupo Beta San Miguel (BSM), un grupo dedicado a la producción de azúcar en México resalta las siguientes necesidades:

Vivienda segura: De piso firme y ventilación adecuada.
Guarderías y escuelas cercanas.
Acceso real a servicios médicos.
Registro obligatorio en el IMSS.
Acceso a servicios de agua potable, drenaje, luz eléctrica.
Áreas de comedor y espacio de recreación.
Transporte seguro a sus centros de trabajo.
Acceso al reconocimiento legal que les dé certeza de que existen.

Mientras tanto, Monte Sinaí y otros asentamientos como esté seguirán creciendo. Con o sin apoyo oficial, sus habitantes ya no piensan moverse. Mientras otros siguen llegando a las cuarterías, lugares donde suele proliferar el hacinamiento, el abuso de sustancias, violencia intrafamiliar, entre otras problemáticas.

Pero hoy por hoy, como dice Juan López: