Culiacán, Sin.- La violencia volvió a alcanzarlos. En la sindicatura de Imala, en Culiacán, reporteros que cubrían un hecho de seguridad fueron atacados a balazos por presuntos integrantes de la delincuencia organizada. En respuesta, la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio emitió un pronunciamiento en el que condena los hechos y exige condiciones seguras para ejercer el periodismo en Sinaloa.

“Desde hace diez meses, los compañeros de distintos medios de comunicación han dado cuenta del recrudecimiento de la violencia en Sinaloa, y en más de una ocasión, han sido víctimas de amenazas e intimidaciones”, señaló el organismo, que agrupa a comunicadores de diversas plataformas en la entidad.

El comunicado resalta que el trabajo de las y los periodistas, especialmente en zonas con alta presencia de grupos armados, ha permitido mantener informada a la ciudadanía, visibilizar realidades que muchas veces no son reconocidas por las autoridades y narrar historias que de otro modo quedarían en la oscuridad.

El comunicado de la asociación condena los ataques contra los periodistas que realizaban cobertura en Imala.

“Atentar contra periodistas y medios de comunicación pone en riesgo la libertad de expresión, pero también el derecho de la ciudadanía a estar informada”, advierte la Asociación, subrayando que sin la labor de quienes ejercen el periodismo, una gran cantidad de hechos no se conocerían públicamente.

Ante la gravedad de lo ocurrido en Imala, el gremio periodístico pide a las autoridades estatales y municipales garantizar coberturas seguras, sin importar la localidad.

“Los medios de comunicación informamos de manera imparcial, y reiteramos, nuestra única prioridad es la ciudadanía”, concluye el pronunciamiento, fechado este 14 de julio.

En Sinaloa, ser periodista es sinónimo de riesgo. Pero también de responsabilidad. Lo ocurrido en Imala no es un caso aislado, sino parte de una serie de agresiones que han hecho del ejercicio periodístico una labor bajo amenaza constante. Tan solo de septiembre a la fecha, el Instituto de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (IPPPDHyP), de septiembre a un corte realizado el pasado 18 de junio, ha brindado atención a 131 personas, entre ellas 64 periodistas, 47 activistas y 20 familiares. Frente a ello, la exigencia es clara: ni una agresión más sin respuesta.

 

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