Culiacán, Sin.– A tres días del enfrentamiento ocurrido en la comunidad de Estancia Los García, sindicatura de Tacuichamona, el secretario general de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, afirmó que el Estado está atento a las denuncias que han comenzado a presentarse y aseguró que serán las instituciones correspondientes, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), las que deberán actuar ante cualquier violación u omisión derivada del operativo.

“Estaremos atentos; las denuncias deben ser atendidas”, sostuvo el funcionario estatal.

En entrevista con medios de comunicación el también vocero oficial del Gobierno del Estado, confirmó que los hechos del sábado 12 de julio fueron resultado de un operativo interinstitucional en el que se reportan cuatro personas abatidas, el aseguramiento de armas largas y cortas, vehículos, cartuchos y droga.

Entre los fallecidos se encontraba Jesús Norberto, alias “El 30”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, cuya presencia en el lugar fue confirmada oficialmente hasta el domingo por la noche. Cuestionado sobre este punto, Castro Meléndrez dijo no tener información oficial al respecto, aunque el dato ya había comenzado a circular desde las primeras horas del enfrentamiento.

Uno de los señalamientos más graves por parte de los habitantes de la comunidad es el retraso en el levantamiento de los cuerpos que, según testimonios, se prolongó por más de 30 horas. Al respecto, el secretario fue enfático en deslindar responsabilidades.

“Hacer el levantamiento le corresponde a la Fiscalía General de la República. Desconozco, no tengo la información. Habrá que preguntarle a la FGR”.

Además de los procedimientos forenses, será también la FGR la encargada de los peritajes y de establecer las circunstancias legales del operativo. Mientras tanto, la CEDH ya se encuentra recabando las quejas de habitantes de Tacuichamona que acusan uso excesivo de fuerza, abandono institucional y daños colaterales en la comunidad.

Pese a que el Gobierno estatal no encabezó directamente el operativo, Feliciano Castro subrayó que sí tiene la responsabilidad de dar acompañamiento a las víctimas y atender cualquier afectación derivada de la acción armada.

“El Gobierno del Estado toma medidas para apoyar a todas las víctimas”, declaró.

Lo ocurrido en Tacuichamona vuelve a poner en tensión la relación entre operativos armados y derechos humanos en comunidades rurales de Sinaloa, donde la población queda atrapada entre la presencia del crimen organizado y las acciones institucionales que muchas veces, más que proteger, profundizan el miedo.

En lo que va de septiembre a la fecha, comunidades han sufrido daños colaterales al ser escenarios de enfrentamientos, tan solo por recordar algunos se encuentra el caso de Jesús María el pasado 8 de febrero, donde un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y supuestos grupos criminales, dejaron como un saldo un soldado sin vida. A este caso se suman los enfrentamientos en Villa Juárez en Navolato, donde la comunidad ha denunciado sentir miedo tras hechos violentos registrados en la zona.

 

MÁS SOBRE EL CASO TACUICHAMONA: