Texto y fotos: Laura Buconi
CIUDAD DE MÉXICO. — Familias buscadoras y colectivos presentaron una denuncia penal contra trabajadores del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (INCIFO) por maltrato y vilipendio a cadáveres al interior de sus instalaciones, este martes 8 de julio.
El pasado jueves 3 de julio, los colectivos habían presentado una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) por el mismo motivo y están a la espera de su seguimiento.
Entre los hechos denunciados se encuentra la manipulación lúdica e irrespetuosa de restos humanos por parte del personal del INCIFO, captada en videos y fotografías.
“No se trata de hechos aislados, sino de un patrón estructural de violencia, impunidad y violación institucional”, afirmaron los colectivos. Yadira González, quien busca a su hermano Juan desde 2006, señaló que las prácticas de vejación a los cuerpos son sistemáticas en todo el país.
“Pueden no ser de nosotros, pero son de alguien. Y nosotros les buscamos y les respetamos a todos y todas, porque somos humanos y no se puede tratar de esa manera a una persona”.
Los antecedentes
Los colectivos Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles y Mariposas Buscando Corazones y Justicia convocaron una conferencia de prensa frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A través de la lectura colectiva de un pronunciamiento con 300 firmas de colectivos y sociedad civil, anunciaron que acababan de presentar una denuncia pública contra los responsables del maltrato a cuerpos y restos humanos en las instalaciones del INCIFO, documentado tras la difusión de videos y fotografías que supuestamente circulaban en grupos internos del instituto.
“La presencia y participación activa de funcionarios de alto nivel, quienes no solo toleraron, sino celebraron estos actos, contraviniendo su deber institucional; la difusión interna de dicho material en grupos institucionales, normalizando la deshumanización de los cuerpos y restos humanos; y la omisión y encubrimiento sistemático de estas conductas por parte de las autoridades responsables, constituyen una violación directa a la dignidad humana post mortem, así como a los derechos a la verdad, justicia y reparación de las familias que día a día buscamos a nuestros seres queridos desaparecidos”, afirmaron las buscadoras.
Señalaron como responsable a Andrés Oriol Morales, exsubdirector del área de Tanatología del INCIFO, quien renunció tras ser expuesto en videos y fotografías jugando con cadáveres y restos óseos.
Donaciones de cuerpos sin consentimiento
Los colectivos también visibilizaron el caso de Julio César Cervantes Cabañas, cuyo cuerpo fue donado sin consentimiento al Instituto Politécnico Nacional, a pesar de haber sido reportado como desaparecido. Nuevamente, no se trata de un caso aislado: Yadira González señaló que “en el INCIFO hay una práctica sistemática de donar cuerpos sin una identificación plena”.
Relató que los colectivos de buscadores recibieron información de que, desde hace muchos años, se donan cuerpos con uno, dos o tres meses de haber llegado al INCIFO, sin haber tenido un proceso acorde a la norma de identificación.
“Se convierte en una desaparición forzada provocada por el mismo sistema”, denunció la buscadora. “Tenemos información de que se donaron cuerpos a todas las universidades; hasta el Ejército Mexicano tiene donaciones en el Hospital General Militar, a todas las universidades que se imaginen, públicas y privadas, y esto no puede seguir así”.
Amenazas a colectivos de buscadores
Los colectivos afirmaron que responsabilizan al personal del INCIFO, y especialmente a Andrés Oriol Morales, si algún integrante de medios, colectivos, familiares o solidarios llegara a ser agredido durante este proceso penal.
Al ser cuestionados por la prensa, declararon que recibieron un mensaje de una fuente anónima que les informó que se estaba organizando un grupo de choque para interrumpir la conferencia y evitar que las familias presentaran la denuncia.
En un comunicado del 6 de julio, los colectivos ya habían reportado amenazas y hostigamiento cuyo objetivo era frenar las denuncias y las solicitudes de investigación hacia las prácticas realizadas en el INCIFO. Responsabilizaron al Gobierno de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia capitalino —del cual depende el INCIFO—, al Poder Judicial local y al Gobierno Federal por cualquier acto que atente contra su seguridad.
Las demandas
Las y los buscadores exigen:
La suspensión inmediata del personal involucrado. Una investigación autónoma, imparcial y estructural de los hechos por parte de la CDHCM. La implementación de medidas cautelares y recomendaciones públicas que garanticen la no repetición. Que la denuncia presentada sea atendida con prontitud y con una investigación con la debida diligencia. El sancionamiento de los responsables.
“Las graves violaciones a los derechos de las personas fallecidas, las malas prácticas forenses y la falta de rigor en los procesos de identificación afectan de manera directa y dolorosa la búsqueda de personas desaparecidas. Por ningún motivo permitiremos que los funcionarios y funcionarias de cualquier nivel continúen atentando contra la dignidad humana y ejerciendo actos de violencia institucional”, afirmó Daniela González, del colectivo Una Luz en el Camino.
Y concluye:
“La dignidad no se pierde con la muerte, y la memoria de quienes amamos no puede ser tratada con burla ni desdén por quienes deben garantizar justicia, porque esta índole de actos no solo atenta contra la dignidad de las personas fallecidas, sino que contribuye a que se exacerbe la crisis de identificación forense. Exigimos dignidad, incluso después de la vida, por todas las personas que hoy siguen desaparecidas”.
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