Culiacán, Sinaloa.– Luego de que periodistas que cubrían un hallazgo violento en la comunidad de El Pozo, sindicatura de Imala, quedaran atrapados en un fuego cruzado este lunes 14 de julio, la titular del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, Jhenny Judith Bernal, exhortó a priorizar la vida sobre cualquier cobertura informativa y llamó a medios de comunicación a establecer protocolos claros de seguridad.

“Si algún dueño de medios los envía a un lugar donde ustedes saben que pueden poner en riesgo su vida y su integridad, no están obligados a decir que sí, por el contrario. Prioricen su vida”, expresó Bernal en conferencia de prensa.

Aseguró que si un periodista es despedido o sancionado por negarse a cubrir una nota peligrosa, el Instituto brindará acompañamiento legal para defender su causa.

Aunque evitó dar detalles del caso por tratarse de información confidencial, la funcionaria confirmó que el Instituto actuó desde el primer momento en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno. “Afortunadamente pudo brindárseles un cerco de protección donde salieron los chicos bien librados en el sentido de que no hubo daños a su integridad física ni a ni a su vida”, reconoció.

Bernal aprovechó para recordar que el organismo que encabeza ofrece atención psicológica gratuita a periodistas, incluso si no han sido víctimas directas de agresiones. “Sabemos que muchos están ejerciendo casi como corresponsales de guerra, y seguramente ya hay un daño emocional acumulado. Los invitamos a acercarse”, señaló.

Frente a cuestionamientos por no estar presente “en campo” durante los hechos, Bernal explicó que el Instituto opera con un equipo reducido de 13 personas, sin atribuciones ni capacidad para reaccionar ante situaciones armadas. “No somos nosotros quienes debemos estar ahí, sino las autoridades de prevención y seguridad pública. Nuestro papel es otro: diseñar políticas, impulsar leyes, ofrecer protección legal y psicológica”, aclaró.

La funcionaria reconoció la necesidad de fortalecer los vínculos con medios y asociaciones de periodistas, no sólo para atender agresiones, sino para establecer estrategias preventivas. “De este mal momento deben salir lecciones. Hay que trabajar en protocolos más robustos, con más herramientas e insumos, para proteger la labor periodística”, subrayó.

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Este lunes, mientras se cubría el reporte de hallazgo de varios cuerpos al interior de una camioneta abandonada en la comunidad de El Pozo, sindicatura de Imala, un grupo de periodistas quedó atrapado en medio de una balacera. De acuerdo con versiones periodísticas, los comunicadores arribaron al sitio sin presencia de fuerzas de seguridad y minutos después fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego. En su intento por resguardarse, algunos reporteros abandonaron sus vehículos, corrieron por el monte y buscaron refugio en casas cercanas.

Uno de los automóviles de los reporteros recibió múltiples impactos de bala, aunque afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

El hecho motivó la intervención de organismos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que inició una investigación de oficio y solicitó medidas cautelares. La comunidad periodística local, por su parte, ha denunciado la falta de condiciones mínimas para realizar coberturas de alto riesgo sin exponer la vida.

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