En escenarios de violencia persistente e incontenible, el gobierno en sus diferentes ámbitos debe esforzarse más para dar protección a la gente pacífica, en tanto que los medios de comunicación que realizan coberturas directas en la actual narcoguerra están llamados a implementar protocolos y medidas que eviten situaciones de alto riesgo para sus periodistas.

Lo sucedido ayer en el poblado El Pozo, en las inmediaciones de Imala, donde una serie de enfrentamientos entre civiles armados confirma lo peligroso de esa zona en el contexto de guerra interna del Cártel de Sinaloa, constituye el momento de revisar las condiciones en las cuales los reporteros realizan sus labores expuestos al fuego cruzado entre criminales o entre éstos y la fuerza pública.

Periodistas de varios medios informativos enfrentaron momentos de gran peligro, en un caso el vehículo en que se transportaban fue alcanzado por las balas, y se vieron forzados a refugiarse en casas del poblado en espera de que llegaran elementos del Ejército y la Policía a reguardarlos para regresar a Culiacán.

Estos hechos originaron que la Asociación de Periodistas y Comunicadores Siete de Junio, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronunciaran por mejores condiciones y garantías de parte del gobierno para que la prensa realice la función fundamental de mantener informados a los sinaloenses.

Las autoridades y corporaciones militares y policiales no están dando la adecuada seguridad pública a los ciudadanos en general, mucho menos para quienes trabajan en favor de la libertad de expresión y derecho a la información. Bajo está realidad surge la urgencia de establecer acciones para que el periodismo se desempeñe con el profesionalismo y la responsabilidad que lo caracteriza en Sinaloa.