Culiacán, Sinaloa.– La diputada Rita Fierro Reyes, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Sinaloa para sancionar con cárcel a quienes destruyan, alteren o impidan el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia públicas.
La propuesta busca adicionar una fracción al artículo 293 Bis del Código Penal para tipificar como delito este tipo de actos que, de acuerdo con la legisladora, afectan directamente las capacidades del Estado para prevenir y combatir el crimen, al dejar “ciegos” a los cuerpos policiales.
Así, la iniciativa propone castigo de cuatro años seis meses a quince años de prisión y de mil a dos mil días multa a quienes “Sin causa justificada destruya, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo del sistema de cámaras de video vigilancia en la vía pública o establecimientos públicos, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública”.
“Este tipo de ataques no son hechos aislados. Se han producido de manera sistemática en los últimos ocho años, con más de mil cámaras destruidas desde 2016”, señala la exposición de motivos de la iniciativa.
Uno de los eventos más graves ocurrió el 31 de diciembre de 2024, cuando un ataque simultáneo con armas de fuego destruyó 114 cámaras pertenecientes al sistema estatal de videovigilancia (C4i). En ese episodio, el 60 por ciento de la red de vigilancia de Culiacán quedó inhabilitada, lo que generó un vacío de vigilancia durante varias semanas.
Según la legisladora, los grupos del crimen organizado perpetran este tipo de sabotajes para evadir el monitoreo de sus actividades ilícitas y asegurar zonas de operación sin riesgo de ser grabados o identificados.
Fierro Reyes recordó que entidades como Baja California Sur y Tamaulipas ya contemplan en su legislación penas de hasta 15 años de prisión por la destrucción de estos dispositivos.
Además del impacto en la vigilancia, los ataques al sistema representan un gasto considerable para el Gobierno estatal, que ha invertido más de 40 millones de pesos entre 2016 y 2024 para reponer alrededor de 2 mil cámaras, con un costo que oscila entre 1,500 y 4,500 pesos por unidad.
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