Culiacán, Sinaloa.— El impacto del nuevo arancel de 17.09 por ciento impuesto por el Departamento de Comercio de Estados Unidos al tomate mexicano ya se siente en los campos de Sinaloa. Ante esto, el Gobierno del Estado anunció su adhesión total a la estrategia nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca proteger al sector exportador frente a esta embestida comercial.

“El Gobierno de Sinaloa se inscribe y asume plenamente los lineamientos del Gobierno Federal”, declaró el secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, al hablar sobre las acciones que se implementarán para contener los efectos negativos en los productores que no están en condiciones de enfrentar este nuevo costo.

Durante la conferencia de Vocería estatal, el funcionario destacó que la presidenta Sheinbaum ya coordina acciones con la Secretaría de Agricultura y que se planean apoyos directos a los exportadores, así como una reconfiguración del mercado interno para reducir la dependencia de las ventas al extranjero.

“Se están tomando medidas. Una de las anunciadas por la presidenta es que habrá apoyos para aquellos exportadores que no tengan condiciones de recibir el impacto del 17 por ciento. Pero no solo eso: también se contempla cómo diversificar el consumo interno del tomate y otras eventualidades”, puntualizó Castro Meléndrez.

Agregó que el gobernador Rubén Rocha Moya mantiene una interacción permanente con agricultores y representantes del sector tomatero, y que incluso, durante la reciente visita de la mandataria a Culiacán, uno de los principales coordinadores de la exportación del tomate sostuvo una reunión directa con Sheinbaum para abordar el tema.

El Gobierno de México sostiene el diálogo con Estados Unidos, pero al mismo tiempo prepara una ruta alternativa que garantice la estabilidad del sector agrícola en medio de las fricciones comerciales. La idea, planteada desde la presidencia, es proteger a los pequeños y medianos exportadores y abrir nuevas ventanas de oportunidad dentro del propio país.

Este nuevo capítulo en la disputa por el tomate entre México y Estados Unidos no solo es económico, sino político: la respuesta que se articula desde Palacio Nacional y respalda Sinaloa representa un cambio de enfoque frente al modelo neoliberal de libre mercado. Ahora, el Estado busca recuperar su papel como garante de la soberanía alimentaria y de los intereses de los productores nacionales.

¿Quién sostiene al tomate? En estos momentos, la respuesta parece ser clara: el peso recae sobre el Gobierno Federal y las entidades productoras como Sinaloa, que comienzan a mover sus piezas para evitar que un arancel se traduzca en una crisis del campo.

 

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