Culiacán, Sinaloa. De seis iniciativas a las que se les dio lectura en la Sesión Ordinaria de este jueves, tres coinciden en reformar la Constitución Política del Estado de Sinaloa para prohibir la reelección en cargos populares, así como para evitar el nepotismo electoral.

Las iniciativas coincidentes fueron presentadas respectivamente por la diputada Juana Minerva Vázquez González y el diputado César Ismael Guerrero Alarcón, ambos de Morena, el Grupo Parlamentario del PAS y las ciudadanas Rosa Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez, y por el Grupo Parlamentario del PRI.

Entre las coincidencias de las tres iniciativas están las de que las personas aspirantes a ocupar un cargo de elección popular no deben tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad de la diputación.

De igual manera se propone establecer que las personas diputadas en funciones no podrán ser nuevamente electos para el período inmediato posterior al ejercicio de su mandato.

Pero se precisa que las personas diputadas suplentes podrán ser electas para el período inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero las personas diputadas propietarias no podrán ser electas para el período inmediato con el carácter de suplentes.

Asimismo, se propone que en ningún caso, podrá participar en la elección para la presidencia municipal, las regidurías y las sindicaturas, la persona que tenga o haya tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio o concubinato o unión de hecho, o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que esté ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula.

Los Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos de elección popular directa, no podrán ser electos consecutivamente para los mismos cargos por un período adicional.

Estas tres iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su análisis y dictaminación.

Las restantes iniciativas leídas son las siguientes:

*Iniciativa del diputado Carlos de Jesús Escobar Sánchez, de Morena, que propone reformas y adiciones a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa.

Tiene como objeto diversos objetivos, tales como:

* La inclusión de las áreas verdes arborizadas como parte del equipamiento urbano, con lo que se reconoce su valor funcional dentro de la estructura urbana.
* La definición precisa de áreas verdes urbanizadas, lo que fortalece la claridad normativa y su ejecución por parte de autoridades estatales y municipales.
* Obligar a que toda obra pública incorpore áreas verdes o elementos de arborización, especialmente en banquetas, camellones, plazas, partes y escuelas.
• Establecer que las excepciones al deber de arborizar deberán estar sustentadas mediante dictámenes técnicos disponibles en el expediente de obra, entre otros.

En los considerandos se precisa que lo que se busca es que las áreas verdes y la arborización dejen de ser una “buena práctica” optativa para convertirse en una política pública obligatoria, medible y verificable, contribuyendo así a la construcción de ciudades más sostenibles.

Para tal fin se considera como áreas verdes urbanizadas a los parques y jardines, plazas ajardinadas o arboladas, jardineras, camellones, arboledas y alamedas, canchas deportivas abiertas con vegetación natural de propiedad pública; y zonas o estructuras con cualquier cubierta vegetal en la vía pública.

*Iniciativa de la diputada Arely Berenice Ruiz López, de Morena, que propone reformas al Código Penal para el Estado de Sinaloa en materia de protección de los derechos de las personas adultas mayores frente al abandono.

Tiene como objeto establecer los mecanismos jurídicos tanto de protección, como aquellos instrumentos que sancionan este tipo de conductas, por lo que establece un tipo penal que garantice, los beneficios que les concede la normativa nacional, estos beneficios se encuentran estipulados en derechos consagrados desde la Constitución Política de México, Tratados Internacionales y leyes federales y estatales.

La propuesta contempla aplicar una sanción de uno a cuatro años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa a quien, teniendo el deber legal de brindar asistencia o cuidado:

l. Deje o mantenga en situación de abandono a una persona adulta mayor de sesenta años o más de edad, cuando esta se encuentre en condición de dependencia física, mental o económica que le impida valerse por sí misma; o

II. Confíe su guarda a una institución pública o privada o cualquier persona física, dedicada a la atención geriátrica, como asilo, casa hogar o estancia, y posteriormente omita injustificadamente proporcionar los recursos necesarios para que dicha institución le brinde atención, asistencia o manutención adecuada.

Se explica, se considera persona obligada a los descendientes, cónyuge, concubina, concubina, tutor o cualquier otra persona en línea recta descendiente hasta el cuarto grado.

Se entenderá que existe situación de abandono cuando se omita injustificadamente proporcionar auxilio, convivencia, atención o los medios necesarios para cubrir necesidades esenciales como alojamiento, higiene, vestido, alimentación, salud u otros requerimientos indispensables para su subsistencia y vejez digna.

Se propone que este delito sea perseguido de oficio y que cualquier persona podrá presentar denuncia ante el Ministerio Público cuando tenga conocimiento de estos hechos.

*Iniciativa del diputado Kristiam Alexis Espinoza García, de Morena, que propone adiciones a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa, en materia de regulación del uso de motocicletas.

Se propone establecer que las motocicletas, podrán ocupar y circular en las vías públicas, siempre y cuando cumplan con las condiciones legales, reglamentarias en la materia y las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

Se propone que las autoridades competentes deberán implementar programas permanentes para la prevención de siniestros viales relacionados con motociclistas.

Los programas incluirán acciones de control sobre:

l. El uso obligatorio de casco;
II. Control de velocidad y alcoholimetría;
III. Distractores al conducir tales como uso de celular, comer o beber mientras se conduce, fatiga o sueño, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley General.

Estas tres últimas iniciativas fueron turnadas a una segunda lectura.

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