Ciudad de México.– En el Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC) alertó que el avance del crimen organizado en diversas regiones del país ha profundizado la crisis ambiental en México, al vincularse directamente con actividades como la tala ilegal, la minería clandestina, el tráfico de especies y el despojo violento de tierras.

“El narcotráfico y las economías criminales están hoy estrechamente vinculadas a la degradación ambiental, generando escenarios de altísimo riesgo”, advirtieron en un comunicado firmado por 14 organizaciones civiles, entre ellas CEMDA, ARTICLE 19, Serapaz, Tlachinollan y la RedTDT.

De acuerdo con el pronunciamiento, estos grupos delictivos ejercen control violento sobre territorios ricos en recursos naturales, agravando no sólo el deterioro ecológico, sino también la violencia contra quienes los defienden.

Entre 2016 y 2025, al menos 84 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en México, y muchas otras han enfrentado amenazas, desplazamientos forzados, desapariciones, vigilancia y hostigamiento judicial.

 

El Espacio OSC destacó la urgencia de que el Estado mexicano implemente medidas efectivas de protección. Si bien existen marcos jurídicos como la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (2012) y el Acuerdo de Escazú (ratificado en 2020), su aplicación ha sido limitada.

El artículo 9 del Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a garantizar la seguridad de quienes defienden el ambiente. En ese sentido, las organizaciones hicieron un llamado al gobierno federal para diseñar un Plan de Acción Nacional en coordinación con pueblos originarios, sociedad civil y las dependencias competentes como la SRE, SEMARNAT y SEGOB.

Además, expresaron su preocupación por la eliminación del INAI, pues consideran que este retroceso pone en riesgo el derecho de acceso a información ambiental, fundamental para la defensa del territorio.

“Sin mecanismos transparentes y efectivos para consultar datos sobre proyectos, concesiones, evaluaciones de impacto y decisiones gubernamentales, la defensa del medio ambiente se vuelve más vulnerable”, subrayaron.

Entre las principales demandas del Espacio OSC se encuentran:

  • El fortalecimiento del Mecanismo Federal de Protección, con recursos, enfoque diferencial y territorial.
  • La restitución de funciones del INAI para garantizar el acceso a la información ambiental.
  • La garantía de justicia ambiental con jueces autónomos y especializados.
  • El diseño de estrategias para desarticular la presencia del crimen organizado en zonas afectadas.
  • Campañas de reconocimiento a la labor de las personas defensoras del medio ambiente.

“El 17 de julio, Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, es un recordatorio urgente de la deuda que el Estado mexicano mantiene con quienes arriesgan su vida por proteger los territorios, los ecosistemas y los bienes comunes del país. A cuatro años de su reconocimiento oficial por el Congreso de la Unión, esta fecha no sólo conmemora, sino que exige justicia”, concluyó el comunicado.

Crimen organizado, en 90% de áreas protegidas

Con base en datos del CIDE, Semarnat y otros estudios académicos, el Criminalista y doctor en Ciencias Sociales, José Luis Carpio-Domínguez, da a conocer que el crimen organizado ha estado presente en 9 de cada 10 Áreas Naturales Protegidas (ANP’s) en zona terrestre en México.

Con base en datos del CIDE, Semarnat y otros estudios académicos, Carpio-Domínguez señala que los grupos del crimen organizado han mantenido actividades en hasta el 40 por ciento de todas las ANP’s, marítimas y terrestres, del país, alcanzando hasta el 90 por ciento en el caso de las ANP’s terrestres y 35 por ciento en el caso de las marítimas.

“Es una característica del crimen organizado que van cambiando, adaptándose, generando nuevos sistemas de ingresos económicos y buscan ocupar territorios como una estrategia de garantizar, tanto poder, como distribución de su influencia”, explicó.

En el actual contexto de violencia que vive Sinaloa, municipios serranos como Concordia, Choix y Cosalá sufrieron una grave temporada de incendios forestales muchos de los que, según testimonios, han sido provocados por enfrentamientos entre grupos armados o incluso por explosivos enterrados.

Otras afectaciones documentadas en Sinaloa ha sido el derrame de residuos o precursores químicos, así como la realización de minería a cielo abierto.

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