Culiacán, Sinaloa.- Tras la presentación de una iniciativa de reforma que busca hacer obligatoria la incorporación de áreas verdes y arbolado en obras públicas de Sinaloa, la Alianza Ambientalista Sinaloense señala que la propuesta carece de medidas para resguardar las áreas verdes ya existentes en la entidad.

En este sentido, Joel Retamoza, coordinador de la Alianza Ambientalista Sinaloense, llamó a no sobreestimar el alcance de la propuesta que, considera, se queda corta y responde más a una narrativa de cumplimiento superficial que a un verdadero avance estructural en política ambiental urbana.

“(La iniciativa) se refiere únicamente a las áreas verdes urbanas en obras urbanas, fraccionamientos, centros de población, pero no contemplan las áreas verdes urbanas, arbolado urbano y parques existentes y su mantenimiento”, señaló.

La propuesta de reforma a la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa busca asegurar que toda obra pública, fraccionamiento o centro de población contemple el diseño e integración de áreas verdes con arbolado y plantas nativas. Sin embargo, para el activista ambiental esto no resuelve los vacíos existentes en la gestión de espacios ya construidos ni plantea una estrategia integral de preservación y mantenimiento.

“No se propone una política estatal de parques ni se define qué autoridad sería responsable de su gestión”, enfatizó Retamoza.

Las propuestas

Leída ante el pleno del Congreso de Sinaloa el pasado jueves 17 de julio, la iniciativa propone incorporar de forma explícita la obligación de incluir áreas verdes arborizadas en las obras públicas del estado. Entre los cambios más relevantes, se plantea modificar el artículo 5 para que dichas áreas sean reconocidas como parte del equipamiento y la infraestructura urbana, y se adiciona una nueva fracción al artículo 6 con una definición detallada de lo que se entenderá por “áreas verdes urbanizadas”: desde parques y plazas ajardinadas hasta camellones y canchas deportivas con vegetación natural.

La propuesta también busca ajustar diversos artículos —como el 125, 126 y 149— para establecer que toda nueva infraestructura urbana deberá contemplar proporciones mínimas de áreas verdes en cumplimiento con normativas nacionales o internacionales, además de establecer que los costos de arborización recaerán en desarrolladores, mientras que el mantenimiento corresponderá a autoridades estatales o municipales. Entre otras disposiciones, se ordena la plantación de especies endémicas en camellones, se condiciona la autorización de nuevos desarrollos a una evaluación del impacto financiero por mantenimiento de áreas verdes, y se vuelve obligatorio arborizar banquetas, plazas, parques y escuelas. Incluso se reforma el artículo 266 Bis B para exigir que las aceras pavimentadas cuenten con sombra vegetal.

En contraparte, la Alianza Ambientalista Sinaloense está por ingresar al Congreso de Sinaloa una propuesta de Ley para crear el Sistema de Parques, Arbolado y Áreas Verdes Urbanas en los Municipios y Estado de Sinaloa, el cual, según la exposición de motivos de la iniciativa, busca articular de forma integral la planeación, conservación y gestión de los espacios verdes urbanos, incluyendo el mantenimiento del arbolado ya existente.

A diferencia de la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial presentada ante el Congreso, la propuesta de la Alianza Ambientalista plantea una política pública con órganos estatales y municipales, mecanismos de participación ciudadana y normas claras de financiamiento y sanción. El documento destaca que sin una estructura legal robusta para operar y mantener parques y áreas verdes, el deterioro ambiental y urbano continuará avanzando.

Firmada por los ciudadanos Joel Gerardo Retamoza López, José Antonio Sauceda Pérez, Eduardo Martínez López, Juan Manuel Corona Flores, Julio César López Torres, Bernardo Castro Medina, David Ocampo Peraza y Melchor Peiro Guerrero, la iniciativa faculta a las autoridades para coordinar reforestaciones, vigilar el cumplimiento de normativas y sancionar el daño a la infraestructura verde.

Además, contempla programas permanentes de educación ambiental, estímulos para municipios sustentables, y establece sanciones claras para quienes talen, dañen, envenenen o intervengan árboles y vegetación sin autorización.

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