El caso de mal desempeño de la función pública en el municipio de Ahome, por la renta de vehículos para patrullas sin atender el correcto proceso de licitación, es un buen precedente y modelo a seguir contra servidores públicos en general para prevenir o dadas las circunstancias castigar delitos contra las finanzas del gobierno y el patrimonio ciudadano.

El proceso judicial que anteriormente vinculó al hoy exalcalde Gerardo Vargas Landeros, avanzó a la destitución de dos regidoras que participaron en el correspondiente Comité de Adquisiciones, según lo documentó la Fiscalía General del Estado en la carpeta de investigación en la cual se basó el juez para determinar la destitución por considerar que representan riesgos para las finanzas municipales.

A diferencia de las vinculaciones a procesos de los exalcaldes Jesús Estrada Ferreiro, en Culiacán, y Luis Guillermo Benítez Torres, en Mazatlán, las diligencias judiciales en el caso Ahome han ido más a fondo y de manera más rápida, pues hay que recordar que también el diputado local Genaro García Castro, quien fue secretario del Ayuntamiento del gobierno de Vargas Landeros, y la síndica procuradora Cecilia Hernández, fueron  destituidos perdió por su presunta participación en la renta irregular de los vehículos.

Está bien que el combate a la corrupción avance en cualquier nivel de gobierno, siempre y cuando sea resultado de auditorías y averiguaciones que dejan ver malos manejos administrativos, y las acciones de la justicia no se funden en criterios políticos donde la ley se aplica a los adversarios y la impunidad es prodigada a los amigos y cómplices.

Durante el mandato de Rubén Rocha Moya han sido llevados ante los poderes Legislativo y Judicial aquellos que gobernaban los tres principales municipios de Sinaloa, emanados del mismo partido que llevó al gobernador a ocupar el cargo. ¿O son los servidores públicos morenitas más corruptos o por fin se les está aplicando la ley a quienes se echan a los bolsillos el dinero que es del pueblo?