México.-El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) convocaron a la Sexta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, que se celebrará los días 18 y 19 de octubre en Loma de Bácum, Sonora, territorio de la Nación Yaqui. La convocatoria fue emitida por decenas de organizaciones indígenas, comunitarias, campesinas, estudiantiles y defensoras del territorio en todo el país, reunidas bajo el nombre de Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
El encuentro surge como una continuidad de las cinco asambleas anteriores realizadas desde 2022 en Puebla, Querétaro, Ciudad de México y Tlaxcala. Estas han sido espacios de articulación y denuncia frente a lo que los convocantes consideran un proceso sistemático de despojo, contaminación y represión impulsado por el gobierno y las grandes corporaciones nacionales y transnacionales.
“El agua es sagrada, no es mercancía”, señala el documento difundido este lunes en el sitio oficial de la Asamblea. En él, se reitera el carácter autónomo, autogestivo, antipatriarcal, anticapitalista y antimilitarista del movimiento, que se organiza bajo los principios del “mandar obedeciendo”, en línea con las enseñanzas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Con la elección de Loma de Bácum se conmemorará la lucha que el pueblo yaqui protagonizó en 2016 la resistencia contra la imposición de un gasoducto de la empresa IENOVA, filial de la transnacional Sempra Energy. Tras expulsar a las fuerzas armadas, la comunidad desmanteló parte del proyecto con sus propias manos. Este año se conmemora el noveno aniversario de ese acto de defensa territorial, marcado también por episodios de criminalización, desapariciones y asesinatos.
En la convocatoria, la asamblea cuestiona abiertamente el rumbo de la llamada “cuarta transformación”, acusando al gobierno federal de poner el agua y los territorios al servicio de grandes empresas como Ternium, Grupo Modelo, FEMSA, Nestlé, Iberdrola y Constellation Brands, entre otras. Denuncian que el Plan Hídrico Nacional, el Plan México y diversos Planes de Justicia para pueblos originarios forman parte de una política extractivista que “mercantiliza el agua y criminaliza la resistencia”.
Asimismo, la Asamblea denuncia una creciente violencia estatal y criminal en contra de comunidades indígenas, particularmente de mujeres defensoras. Casos como el de Estela Hernández en Querétaro, Hortensia Telésforo en Xochimilco, y las más de 200 órdenes de aprehensión contra personas defensoras en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, son presentados como evidencia de una política de persecución sistemática.
Asimismo, se exige justicia para comunidades atacadas en Ostula, Cherán, el Istmo de Tehuantepec, Acteal, Tila y las regiones zapatistas de Chiapas, señalando tanto a grupos paramilitares como a los cárteles del narcotráfico como actores clave en el despojo territorial.
Fechas
La Asamblea se desarrollará el 18 y 19 de octubre con ceremonias, mesas de trabajo, plenarias, actividades culturales y la lectura de una declaratoria final.
El registro para asistir ya está abierto mediante un formulario en línea. La convocatoria finaliza con consignas en apoyo a los pueblos zapatistas, a la resistencia palestina y a la defensa del territorio: “Samir vive, la lucha sigue”; “No al Tren Maya”; “Zapata vive”.
Puedes consultar acá la convocatoria y el registro.
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