Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) arrastra una deuda que supera los 100 mil millones de dólares, la mayor entre todas las petroleras del mundo. Sus compromisos financieros, presiones operativas y dependencia del gobierno federal la han convertido en uno de los principales retos económicos del país.

Para hacer frente a esta crisis, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esta semana una operación de financiamiento que busca darle oxígeno a la empresa: la emisión de nuevos bonos respaldados por el Estado mexicano. El anuncio reaviva el debate sobre la viabilidad de Pemex, el papel del Estado en su rescate y, sobre todo, la naturaleza de estos instrumentos financieros.

Un respiro financiero, pero no un cambio estructural

 

Los bonos de Pemex son instrumentos de deuda emitidos en mercados internacionales. Funcionan como préstamos: inversionistas de todo el mundo entregan capital a la petrolera a cambio de intereses periódicos y la devolución del principal al vencimiento. Debido a la situación financiera de la empresa, estos bonos ofrecen rendimientos elevados, de hasta 13%, como compensación al riesgo de impago.

Esta semana, la Secretaría de Hacienda colocó una nueva emisión de bonos estructurados como “notas precapitalizadas”, a través de un fideicomiso privado llamado Eagle Funding.

Con este esquema, hacienda emite deuda en mercados internacionales, recauda los recursos, y luego los transfiere a Pemex.

El objetivo es cubrir vencimientos inmediatos sin aumentar directamente las deudas de Pemex, aunque sí del gobierno federal.

Esta maniobra busca cubrir vencimientos de deuda en 2025, que ascienden hasta 8,900 millones de dólares, y 18,700 millones de dólares en 2026, de acuerdo con datos de El Financiero.

Desde el anuncio, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha respaldado abiertamente la medida.

“Es una operación muy trabajada por Hacienda, para permitir que Pemex enfrente sus compromisos financieros de este año”, dijo la presidenta en su conferencia el 23 de julio.

 

Pese a lo que la mandataria expresa, la agencia calificadora S&P Global advirtió que la operación no resuelve los desafíos estructurales de Pemex.

“La nueva emisión alivia la presión de liquidez de corto plazo, pero no cubre todos los pasivos financieros ni operativos inmediatos”, dice la agencia en un boletín publicado

 

Esta estrategia por parte del gobierno federal da continuidad a la política que comenzó en 2018, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en la que los menesteres de Pemex pasaron a ser tratados de facto como de carácter gubernamental.

Una de las primeras acciones de Sheinbaum fue formalizar esta dinámica, con el cambio de denominación a la petrolera, junto con la Comisión Federal de Electricidad, hacia “empresas públicas” en lugar de “empresas productivas del estado.

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