Culiacán, Sin.- La Red de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos (DDHH) ha tomado una postura ante la crisis de seguridad que afecta a gran parte del territorio sinaloense, exigiendo a las autoridades que comiencen a garantizar la paz y la libertad de expresión para la prensa.

Este 25 de julio de 2025 se cumple un año de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos, hecho que provocó una crisis de seguridad pública en Sinaloa. Dicha crisis ha despertado miedo, reabierto heridas y cobrado la vida de muchas personas.

Frente a un gobierno que se ha negado a profundizar en el tema, la prensa ha mantenido de forma constante su compromiso de informar sobre lo que ocurre en el estado, incluso estando en la escena de los hechos junto a las autoridades competentes.

Sin embargo, no se ha garantizado de manera adecuada su seguridad al momento de ejercer su labor de llevar información a la sociedad.

Ante esto, la Red de Periodistas emitió un posicionamiento firme:

POSICIONAMIENTO

  1. Periodistas y medios de comunicación sirven a la sociedad en sus aspiraciones de paz, Estado de derecho y estabilidad, generando información verificable para una mejor toma de decisiones, en un contexto donde prevalecen ausencias de gobierno o vacíos de autoridad.
  2. La labor del gremio periodístico es esencial para mantener informada a la población, promover la transparencia, defender los derechos humanos y fortalecer la democracia. Por ello, requiere el cumplimiento de garantías y obligaciones en materia de libertad de expresión y acceso a la información.
  3. Las y los periodistas no son parte del conflicto que ha impuesto el miedo y la violencia a la población. Tampoco les corresponde asumir el abandono institucional de quienes prometieron hacer valer las normas jurídicas. El periodismo busca hacer prevalecer el derecho de la sociedad a saber, conscientes de que la información confiable y oportuna es vital, especialmente frente a la desinformación oficial, con la que a menudo se minimizan o distorsionan los hechos.
  4. Periodistas y activistas observan con preocupación cómo los distintos niveles de autoridad, responsables de la ineludible tarea de proteger a la población, relajan los protocolos y estrategias de seguridad al acudir de manera tardía a los lugares donde se cometen delitos. Incurren en demoras durante la labor forense para preservar las escenas del crimen, llevando la omisión a tal grado que, en algunos casos, los reporteros llegan primero, viéndose obligados a enfrentar las consecuencias de la inexistente presencia ministerial y de seguridad pública.

 

Ante esta realidad, exhortan a las autoridades de todos los niveles a asumir con responsabilidad su deber constitucional de proteger a periodistas, establecer protocolos de seguridad durante coberturas de alto riesgo, verificar que los medios cuenten con políticas de protección para su personal y garantizar la presencia oportuna de las autoridades en el lugar de los hechos.

Por último, hacen un llamado a colaboración entre gobierno, sociedad civil, medios de comunicación y organismos de derechos humanos, para implementar medidas que aseguren el libre y seguro ejercicio periodístico.

En medio de una inseguridad persistente, se reitera que la paz no se implora, se exige; y que no debemos resignarnos a una sociedad vulnerada, sino trabajar por la paz social que todos merecemos.

 

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