Leyes de guerra: Sinaloa ajusta sus leyes para enfrentar la narcoguerra

Culiacán, Sinaloa.- Durante su primer año, la 65 Legislatura del Congreso de Sinaloa ha tenido el reto de legislar en medio de una ‘narcoguerra’ y, desde su inicio de funciones el pasado 30 de septiembre del 2024, ha aprobado una serie reformas que buscan enfrentar la violencia del narcotráfico: Una para castigar el ‘halconeo‘, otra contra el uso de ponchallantas, otra que busca enfrentar mejor el robo de vehículos y la creación de una vicefiscalia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Otras 49 iniciativas relacionadas de una u otra manera con el contexto violento que vive Sinaloa, están en espera de dictamen. Entre ellas, una que busca castigar con cárcel la difusión de narcomensajes en redes sociales, la difusión de imágenes sensibles, regular el uso de videocámaras, una ley antibloqueos, otra contra el blindaje artesanal y una más para la promoción de una cultura de paz.

Otras iniciativas más proponen castigar el encubrimiento, una ley antidrones, incrementar las penas por homicidios de menores de edad, crear una policía cibernética, y que los agentes de seguridad porten cámaras de solapa.

Surgidas desde las diferentes bancadas y algunas de ellas desde la ciudadanía, todas buscan ajustar las reglas del juego para brindar a las autoridades mejores herramientas para sobrellevar y mejorar la prevención y el combate al crimen, ante la crisis de violencia por el enfrentamiento de Los Mayos contra Los Chapitos que roza ya los 12 meses.

El tamaño del reto

El 30 de septiembre de 2024, mientras las y los diputados de la 65 Legislatura tomaban protesta en el Congreso del Estado de Sinaloa, la violencia del crimen organizado cobraba como víctima a Faustino Hernández Álvarez, líder ganadero asesinado dentro de su casa en una privada de Culiacán. A casi un año de aquel día, con más de mil 500 homicidios y mil 700 desapariciones, las respuestas legislativas han sido pocas, y muchas siguen luchando por salir del papel.

“Llegamos en esa situación y yo dije: De este tamaño será nuestro reto, está muy complicado”, recordó Tere Guerra Ochoa, diputada por Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa.

“Yo lo tomé como un gran reto. Decir, bueno, de ese tamaño es la emergencia y de ese tamaño tendrá que ser también la respuesta”, añadió.

Así, desde el arranque de la legislatura hasta el último registro el pasado 4 de julio, se han propuesto al Congreso de Sinaloa 36 iniciativas de reforma al Código Penal, de las cuales 6 han sido aprobadas.

Pero además de estas 36 iniciativas, hay otras 19 que, desde uno u otro ángulo, también surgen como reacción a la ‘narcoguerra’ detonada el pasado 9 de septiembre a partir de los hechos ocurridos el 25 de julio del 2024.

Reformas al Código Penal de Sinaloa desde octubre del 2024:

• Violencia Obstétrica (folio 886)
• Ponchallantas (folio 1008)
• Atención a agresiones contra periodistas y defensores (folio 1027)
• Halconeo (folio 1086)
• Robo de vehículos (Folios 1211 y 1231)

 

La primera respuesta legislativa, sin embargo, no fue penal sino económica: un crédito por 2,300 millones de pesos aprobado el 10 de enero para reactivar la economía local (folio 970).

Justificado en la necesidad de reactivar la economía debido a agujeros fiscales dejados por temas como los apoyos a productores de maíz y el cobro por parte del SAT de una deuda dejada por el anterior Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, este préstamo activó una serie de 36 obras en todos los municipios sinaloenses, como si fuera posible blindar la economía ante las balas.

Tres meses más pasaron y el 22 de abril se aprobó una reforma al Código Penal de Sinaloa, la cual brindó a las autoridades mayores herramientas para perseguir y castigar el delito de ‘halconeo’ o ‘punteros’, un puesto de trabajo dentro de la estructura criminal del crimen organizado dedicado a vigilar e informar sobre las acciones de las fuerzas de seguridad.

A los pocos días de aprobada y publicada, se dio a conocer sobre la primera detención por este delito que, desde años atrás era señalado como un elemento clave a atacar en el combate al crimen organizado, pero que no era perseguido debido a un vacío en la Ley.

Más de un mes después, a inicios de junio, el legislativo aprobó una tercera ‘reforma de guerra’, al agregar el artículo 264 Bis, al Capítulo II, del Código Penal de Sinaloa, con el objetivo de castigar el uso de ponchallantas, artefactos de varilla afilada que se hicieron comunes como herramienta para obstaculizar el trabajo de las fuerzas de seguridad.

Enseguida, durante la siguiente sesión del 19 de junio, se aprobó una cuarta ‘reforma de guerra’. Está vez para combatir el robo de autos, posibilitando el perseguir de oficio a quién se encuentre a bordo de un vehículo con reporte de robo.

Mes por mes

En una revisión a las iniciativas presentadas y decretos aprobados por la 65 Legislatura desde que está asumió funciones el pasado 30 de septiembre del 2024, Espejo encontró que, además de las seis reformas al Código Penal y la aprobación del crédito para activar un Plan de Reactivación Económica, hay otras 49 propuestas de diputados locales de distintas bancadas que, de una u otra manera, surgen en respuesta a la situación de violencia que vive Sinaloa.

Por ejemplo, en octubre del 2024 el grupo parlamentario del Partido Sinaloense presentó una iniciativa en materia de salud mental (folio 868) que propone “incluir derechos y obligaciones en materia de salud mental en los casos de emergencias, condiciones aislamiento forzado o distanciamiento social, producto del clima de inseguridad y hechos de violencia”.

En su exposición de motivos, la iniciativa expone que “a partir del pasado 9 de septiembre de 2024, nuestra entidad ha sido afectada por la emergencia social de violencia… donde se expone a la población a tener afectaciones a nivel psicológico y en el estado de ánimo e incluso, puede agravar trastornos de estrés postraumáticos al rememorar eventos similares que se han presentado con anterioridad”.

Luego de ser presentada, la iniciativa tuvo su primera y segunda lectura el 12 y 14 de diciembre y fue turnada a la comisión de salud, donde sigue archivada hasta la fecha.

Otro caso es el de tres iniciativas que proponen establecer las reglas para contar con una policía cibernética o una Fiscalía de Ciberseguridad (folios 872, 920, 1090), dos planteadas como reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía de Sinaloa, y una más a través de una reforma a la Constitución estatal. Actualmente, está última se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales, mientras que las primeras dos han sido turnadas a la Comisión de Justicia después de darles segunda lectura.

Diciembre…

Durante diciembre se presentaron otras tres iniciativas en el tenor de la ‘narcoguerra’, las cuales buscaban regular temas como la extorsión (folio 926), los transfeminicidios (folio 927)y, de nueva cuenta, la salud mental (folio 935); tras darles primera y segunda lectura, las tres fueron turnadas a comisiones.

Enero…

Ya en el 2025, durante el mes de enero se presentaron 10 iniciativas en materia de prevención y justicia, de las cuales solo se aprobaron la ‘Ley Antiponchallantas’ (folio 1008) y la aprobación al Mega Crédito de 2 mil 300 millones de pesos (folio 970); mientras que a otras iniciativas que buscan legislar en materias como uso de videocámaras (folio 975), justicia para la paz (folio 995) y que policías no tengan antecedentes (folio 1005), no se les ha dado ni siquiera la primera lectura.

Las que sí han sido leídas en el pleno, más no votadas ni aprobadas, han sido una iniciativa que busca incrementar penas por homicidio culposo a bordo de vehículo (folio 993), paridad en puestos de seguridad pública (folio 1004), y una propuesta para crear una unidad de género en la Seguridad Pública Estatal (folio 1006).

Febrero…

Durante el mes de febrero las propuestas de iniciativa en materia de seguridad fueron seis. De estas, el pasado 12 de junio fue aprobada la creación de una Fiscalía para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas (folio 1027), como parte del cumplimiento a la ya aprobada en mayo del 2022 Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

A pesar de ser un pendiente de 3 años del Congreso de Sinaloa, el contexto violento que vive la entidad fue un elemento que contribuyó a su aprobación ante la exigencia de grupos ciudadanos.

Presentadas, con primera o con segunda lectura, quedaron iniciativas en materia de robo de autos rentados (folio 1023), protección a adultos mayores (folio 1024), y una iniciativa para que funcionarios que han agredido a periodistas o defensores de derechos humanos no sean elegibles a un cargo público (folio 1026). Está última iniciativa ciudadana de la presidenta de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes.

Marzo…

Durante el mes de marzo, las iniciativas de reforma al Código Penal y relacionadas con prevención y justicia sumaron 8.

De estas se aprobaron dos en materia de Violencia en el Noviazgo (folio 1061) y Halconeo (folio 1086). Las restantes, en materia de penas por asistencia alimentaria (folio 1056), lesiones por género (folio 1060), encubrimiento (folio 1062) y agravante en robo de autos (folio 1088) se mantienen presentadas o con segunda lectura y turnadas a comisiones.

Abril, Mayo y Junio…

Del primero de abril al 10 de junio fueron presentadas un total de 23 iniciativas buscando atender necesidades de seguridad, prevención y cultura de paz.

De estas solo dos fueron aprobadas en materia de robo de autos (folios 1211 y 1231). Mientras que de las 21 restantes 8 se encuentran siendo analizadas en comisiones luego de su segunda lectura, y a las otras 13 no se les ha dado lectura.

Entre las iniciativas pendientes de ser analizadas de este periodo, sobresalen algunas que buscan atender temas como:

1. Armas prohibidas (folio 1096)
2. Dar pena máxima por homicidios de menores de edad (folio 1098)
3. Extorsión (folio 1099)
4. Acecho (folio 1103)
5. Bloqueos carreteros (folio 1105)
6. Una iniciativa ‘antidrones’ (folio 1106)
7. Tipificación del blindaje artesanal (folio 1171)
8. Contra la destrucción de cámaras (folio 1186)
9. Por el derecho a la memoria de personas desaparecidas (folio 1174)
10. Contra la difusión de imágenes sensibles por parte de funcionarios (folio 1216)
11. Contra la apología del delito y (folio 1230)
12. Para la promoción de la cultura de paz (folio 1217)

 

Pero en total, de las 55 iniciativas en materia de prevención o justicia propuestas por los diputados desde el pasado 30 de septiembre, a 19 no se les ha dado ni siquiera primera lectura.

Reformas y recursos

Tere Guerra señala que estás legislaciones surgieron ante un análisis al interior del Congreso en el que se revisaron las líneas de oportunidad para legislar en materia de seguridad. Como parte de está labor, la diputada ha llevado a cabo diversas reuniones con el secretario de seguridad y la fiscalía general del estado, con el fin de conocer de qué manera el Congreso puede incidir en una mejor prevención y atención a la narcoviolencia.

En general, añadió, se tienen claramente identificados tres retos criminales generados por la guerra:

1. homicidios,
2. desapariciones y
3. robo de vehículos.

Temas que, promete la líder del Congreso, serán tocados en próximas sesiones por los legisladores.

Pero antes de esto, el Legislativo Estatal ha emprendido una revisión exhaustiva al Código Penal del Estado, en donde señala Guerra Ochoa, se han encontrado contradicciones.

“Estamos trabajando en una revisión más exhaustiva del Código Penal. Hemos encontrado contradicciones, porque a veces hay reformas que son como una pega; no se hace una revisión integral y hemos estado con más técnica legislativa tratando de arrastrar más pluma”, comentó.

Entre lo que el Congreso prepara en materia de seguridad, la legisladora adelantó que próximamente se presentará una iniciativa de reforma en materia de desaparición forzada, otra para agravar el castigo por robo de vehículos cuando al interior haya un menor de edad, y una propuesta para incrementar las penas por homicidio en Sinaloa.

La intención, declaró Guerra Ochoa, es hacer una ‘cirugía mayor’ a este reglamento, pero entendiendo que no será un proceso inmediato.

“Tratamos de hacer un trabajo serio, técnicamente bien sustentado y tratando de responderle a la ciudadanía, dando la cara en estas situaciones difíciles”, añadió.

Para Miguel Calderón Quevedo, titular de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), la actual crisis de violencia obliga a la sociedad a reflexionar qué es lo que requerimos hacer para que un episodio como este no se vuelva a repetir.

Sobre todo, añade, cuando Sinaloa ha sufrido distintos periodos de crisis de violencia recurrentes, primero en el 2008, luego en el 2017 y ahora en 2024.

En este contexto, para Calderón Quevedo una tarea tanto de sociedad civil como de las autoridades es pensar, ¿qué no hicimos en las crisis anteriores que se puede retomar en el contexto actual? “Y justamente el tema legislativo es uno de ellos”, señaló.

En ese sentido, reconoció como positivo la reciente aprobación de iniciativas en materia de halconeo o robo de vehículos, las cuales sí brindan mayores herramientas a las instituciones de prevención de inseguridad y procuración de justicia.

“Pero, ¿hasta qué grado va a ser un salto sustancial de mejora? Eso está por verse todavía”, reflexionó.

Eso ya que muchas legislaciones en materia de seguridad no han tenido la efectividad deseada y en otras hace falta una asignación presupuestal, recordó.

Y ante esto, señala que además de nuevas leyes, el Congreso de Sinaloa debe también buscar fortalecer a las instituciones de seguridad con un mayor presupuesto.

“No podemos aspirar a tener nuevas legislaciones, nuevos articulados, nuevos alcances de la ley si no tenemos más gente del Ministerio Público, si no tenemos la vanguardia tecnológica necesaria para las investigaciones, si no tenemos esa capacidad y fortaleza institucional que una fiscalía debe tener”, explicó.

En ese sentido, señala que el CESP está llevando a cabo una serie de reuniones con los diferentes grupos parlamentarios con el fin de identificar vacíos legales y presupuestales e impulsar que estos sean atendidos durante la discusión del presupuesto para el próximo año.

“Nuestra prioridad es el presupuesto”, sentenció.

Reconociendo esta realidad, es que actualmente el Congreso del Estado ha buscado que todas las iniciativas propuestas en está materia vengan acompañadas de una medición de impacto económico para que no queden en letra muerta.

“Nosotros tenemos la idea de que todas las iniciativas tengan una medición de impacto económico… Es que estamos tratando de hacer eso para no tener dictámenes en letra muerta”, explicó. “Pero ha sido un poco complejo”, añadió citando la deuda financiera con el SAT heredada por Quirino Ordaz Coppel, y los apoyos para la comercialización del maíz sinaloense, como dos retos que han apretado las finanzas públicas estatales.

Para el 2026, la líder del Congreso deseó un año menos complicado en materia financiera. Pero de cualquier manera, advirtió que en un año no se resolverá un rezago de más de 20 años en materia de presupuesto para seguridad pública.

“Hay un déficit que viene de décadas atrás y hay un déficit que no podemos dejar de reconocer eso. Viene de más de 20 años atrás y entonces en un año no vamos a resolver todas las carencias. Pero sí queremos fortalecer los presupuestos, estamos obligados a eso”, puntualizó.

Además de lo urgente, lo importante

Si bien Tere Guerra Ochoa reconoce que, ante las circunstancias, el tema urgente para Sinaloa es la seguridad, también señala que la labor legislativa debe contemplar también otras necesidades sociales. Atender estas, asegura la diputada, en última instancia terminarán por acercar a los sinaloenses a una cultura de paz.

En este sentido, la líder de Morena en el Congreso ha asumido la tarea de, a través de la labor legislativa, ir deconstruyendo ciertas conductas y ciertas prácticas sociales y fomentando otras.

“Tenemos que seguir trabajando desde las instituciones para que se le dé el valor a lo que se le debe dar, a la educación, a la cultura, al deporte… preguntarnos ¿Qué es lo que no se ha hecho bien? y ¿Qué es lo que se puede empezar a construir?”.

Como ejemplo de esto, durante lo que va del primer año de la 64 legislatura, Guerra Ochoa también ha promovido iniciativas en materia de derechos de las mujeres, interculturalidad, bienestar social y de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

Algunas de estas iniciativas tienen por objeto temas como la crianza positiva para evitar métodos violentos en la formación de las infancias (folio 1148), el fortalecimiento de los derechos de los jornaleros agrícolas (folio 1057), brindar apoyos económicos a mujeres víctimas de violencia en situación de riesgo extremo (folio 888) o reservar 20% del presupuesto de vivienda para mujeres jefas de familia (folio 1160).

“Siempre la política y la vida van a ser de claros y oscuros. Yo, sin embargo, trato siempre de construir los claros”.