Culiacán, Sinaloa.- Luego de la aprobación de una reforma al Código Penal del Estado de Sinaloa que eleva las penas por homicidio doloso, en especial cuando las víctimas son menores de edad, periodistas o elementos de seguridad pública, la diputada local Tere Guerra Ochoa advirtió que estas acciones legislativas deben ir acompañadas de un fortalecimiento presupuestal a las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia.

“Durante más de 35 años no se había tocado esta parte del Código Penal. Hoy dimos un paso importante, pero no suficiente. Elevar las penas es un eslabón, pero lo que más requerimos es reducir la impunidad”, señaló la legisladora de Morena en entrevista con medios de comunicación.

La reforma aprobada por el Congreso del Estado incrementa la pena mínima por homicidio simple de 8 a 12 años, y la máxima de 22 a 24 años. En el caso de homicidio agravado, que incluye los crímenes cometidos contra menores de edad, periodistas y servidores públicos de instituciones de seguridad, la pena sube de un rango de 22 a 50 años a uno de 25 a 50 años de prisión.

Guerra Ochoa subrayó que estos cambios responden a una demanda social creciente frente a los niveles de violencia en el estado, pero recordó que no se puede dejar de lado la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y el Poder Judicial.

“Sinaloa necesita fortalecer sus presupuestos. Falta más personal, más infraestructura, acortar los tiempos para dar seguimiento a las carpetas de investigación”, dijo.

La diputada también hizo un llamado a mejorar la coordinación con el Poder Judicial, sobre todo para revisar el uso de procedimientos abreviados que en algunos casos permiten que quienes cometen delitos graves se beneficien con penas mínimas.

“Tenemos que trabajar y tejer fino con el Poder Judicial. A veces hay propuestas severas de penalidad por parte de la Fiscalía que terminan vetadas por jueces, incluso en casos de feminicidio”, lamentó.

Finalmente, destacó que la reforma al Código Penal fue producto del consenso entre fuerzas políticas, reconociendo la iniciativa del PAN sobre homicidios contra menores, y reafirmó que la 65 Legislatura seguirá trabajando en fortalecer la justicia penal y atender las deudas históricas con las víctimas de la violencia en el estado.

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