Culiacán, Sinaloa.- Ante la orden de un juez federal de Zacatecas que instruye restituir a Gerardo Vargas Landeros como presidente municipal de Ahome, el Congreso del Estado de Sinaloa defendió la legalidad del procedimiento de desafuero aprobado en mayo, y aseguró que no ha sido notificado oficialmente de la resolución judicial.
A través de un posicionamiento conjunto, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, presidida por la diputada María Teresa Guerra Ochoa, reiteró que la declaratoria de procedencia contra Vargas Landeros es “irrecusable e inimpugnable”, y que la actuación del poder legislativo fue plenamente constitucional.
“No hemos sido notificados formalmente de ninguna resolución de incidente que conceda suspensión definitiva en el caso Ahome”, declaró Guerra Ochoa al leer el comunicado firmado por los coordinadores parlamentarios.
Añadió que la declaratoria de procedencia no puede ser impugnada mediante amparo, con base en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce la soberanía de los congresos locales para actuar “libres de cualquier injerencia de un tercero o poder ajeno”, en este tipo de procesos.
Según el pronunciamiento, la suspensión provisional a favor de Vargas Landeros fue negada por el mismo Juzgado Primero de Distrito en Zacatecas en una resolución fechada el 16 de julio de 2025, por falta de elementos probatorios. Además, subrayaron que el incidente aún no ha sido resuelto de fondo, pues la audiencia constitucional está programada para el próximo 8 de septiembre.
Los legisladores también advirtieron que se han promovido recursos similares en al menos dos estados más, lo que calificaron como “una estrategia de ilegalidad” para revertir una decisión ya juzgada. “Es improcedente volver a conocer del mismo tema, porque ya es caso juzgado”, insistieron.
La Jucopo del Congreso recordó que Gerardo Vargas Landeros continúa vinculado a proceso penal y, por tanto, jurídicamente impedido para ejercer un cargo de elección popular.
“Mientras no se resuelva el proceso penal, no pueden desempeñarse cargos con fuero”, indicó Guerra Ochoa, citando los artículos 135 y 136 de la Constitución del Estado.
Por último, Guerra Ochoa señaló posibles actos de corrupción desde el Poder Judicial, al alegar que se invocó una supuesta orden de aprehensión en un estado ajeno al lugar de los hechos para tratar de forzar la competencia del caso. “La actuación del Congreso está apegada a derecho. Ratificamos nuestro compromiso con la legalidad y con el combate a la corrupción”, concluyó el pronunciamiento.
El documento fue suscrito por unanimidad por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, incluidos los coordinadores parlamentarios del PRI, Morena, PAS y PAN.
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