Culiacán, Sinaloa.- Tras las constantes manifestaciones y protestas en su contra, pintas, cadenas en las puertas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa, y una llamada que puede considerarse una amenaza directa en contra de su seguridad, Óscar Loza Ochoa, presidente de dicho organismo, denunció la existencia de una campaña de hostigamiento en su contra que busca desacreditar su trayectoria como defensor de derechos humanos.
Campaña que, según Loza, podría tener detrás intereses políticos e incluso dinero público, ya que para organizar movilizaciones constantes se requiere de altos recursos económicos.
“Yo quiero equivocarme, pero si hubiera manejos de dinero público ahí, es obvio que es una cosa que se tiene que investigar, porque los dineros particulares, aún eso, cuando se invierta para fines de dañar a instituciones y eso también debe ser investigado, pero más grave es que sean fondos públicos. Yo por eso lo pregunto y digo, espero equivocarme, y si me equivoco lo reconozco públicamente”, dijo.
La campaña en su contra inició desde su arribo a la presidencia de la Comisión, pues de acuerdo con Loza Ochoa, su llegada al frente de la CEDH “inquietó a más de una persona”, colocándolo en el blanco de ataques desde el primer momento. Relató que durante su comparecencia en el Congreso de Sinaloa, fue el único aspirante a la Comisión que fue abordado con provocaciones, en un intento de desestabilizar su entrevista.
Al llegar a la CEDH comenzaron a aparecer señalamientos en contra de una integrante de su equipo de trabajo, pidiendo su destitución ante presuntas denuncias de acoso laboral en una instancia distinta.
“Me comienzan a plantear que yo debo de despedirla y la acusan de acosadora laboral en una responsabilidad que ella tuvo en otra instancia. Yo lo que les digo es que aquí no hubo ningún problema con nadie, si hubo problemas en otra instancia, pues debieron haber resuelto allá. Pero ha sido pretexto”, dijo.
Posteriormente, el grupo identificado como Guerreros Azules comenzó a manifestarse en las instalaciones de la Comisión, señalando a Loza Ochoa como autor de una amenaza telefónica en contra de la líder de la agrupación, Yesenia Rojo. Guerreros Azules informó que ya hay una denuncia interpuesta en la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual no ha avanzado.
De acuerdo al presidente de la CEDH, estas manifestaciones en su contra también han tenido un impacto en la labor de la Comisión, pues Guerreros Azules ha llegado a cerrar las puertas de la Comisión e interrumpir eventos de la misma.
“Cuando menos en las primeras tres ocasiones cerraron las puertas de la Comisión con candado y con cadenas, impidiendo que los ciudadanos puedan venir y presentar queja o solicitar acompañamiento, lo que la gente guste, lo impidieron.
(…) todo eso yo lo he tolerado, pero creo que no han tenido la sensibilidad mínima para decir con lo que es el trabajo de la Comisión, no, pero lo han hecho”, dijo.
Sin embargo, el pasado 15 de julio llegó al límite de su tolerancia. De acuerdo con Loza, recibió una llamada que podría considerarse una amenaza hacia su integridad, causando preocupación en su familia y seres queridos debido a la situación de violencia que se vive en la entidad y los riesgos asociados a la labor de defensa de derechos humanos. Por lo que decidió interponer una denuncia formal ante las autoridades.
“Hasta ahí puedo yo haber aguantado sin siquiera utilizar el derecho de réplica para muchas cosas, pero yo creo que la autoridad tenía que conocerlo, esta llamada fue el día 15 del mes pasado y la dimos a conocer y yo he solicitado que haya respaldo de seguridad de parte de la autoridad.
(…) Hay una denuncia. Ya la interpusimos de manera formal. No me voy a poner a hacer escándalo con ella, ni cosas por el estilo, la puse, creo en las instituciones y además creo que la Fiscalía cumpla con la obligación que tiene constitucional de investigar el problema, valorarlo y tomar las medidas que el caso requiera”, explicó.
Finalmente, indicó que la amenaza que recibió no la puede tomar a la ligera, porque a lo largo de su trayectoria como activista ha sufrido la pérdida de compañeros defensores en circunstancias violentas, como son los casos de Norma Corona o Jorge Aguirre.
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