Culiacán, Sin.– La noche del viernes 1 de agosto, un grupo armado irrumpió en el fraccionamiento Chulavista y privó ilegalmente de la libertad a un elemento activo de la Policía Municipal de Culiacán junto a dos de sus familiares. El operativo de búsqueda desplegado por fuerzas federales y estatales no ha dado resultados.
De acuerdo con testigos, alrededor de las 21:15 horas, seis hombres armados llegaron en una camioneta gris —otras versiones señalan dos SUV, una gris clara y otra gris oscura— a la calle Cándido Avilés Inzunza, entre Federico Gamboa y Luis Garrido. Ahí sometieron por la fuerza a Jesús Manuel “N”, de 40 años, policía municipal; a su suegro, Javier Francisco “N”, de 56; y a su hermano o cuñado, Abel Alberto “N”, de 36. Tras subirlos a las unidades, el comando huyó con rumbo desconocido.
Vecinos alertaron al 911, lo que movilizó a la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y corporaciones locales. La zona fue acordonada y se desplegó un operativo por sectores aledaños, pero hasta el cierre de esta edición no hay rastro de las víctimas. Agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias para recabar testimonios y evidencia.
Este hecho no es aislado: forma parte de una escalada de violencia que ha puesto en la mira a los cuerpos de seguridad en medio de la narcoguerra que azota a Sinaloa desde septiembre pasado. Datos de la propia Fiscalía General del Estado (FGE) señalan que, hasta finales de julio, al menos 44 policías han sido asesinados en el estado —estatales, municipales y de investigación—, muchos de ellos en ataques directos o tras ser víctimas de desaparición forzada.
Entre las víctimas recientes figuran comandantes, ex titulares de corporaciones y agentes que fueron emboscados en su día de descanso o en el cumplimiento de su deber. La violencia ha alcanzado tanto a zonas urbanas como rurales, y en varios casos las agresiones han dejado también víctimas colaterales.
La privación de la libertad del agente Jesús Manuel y sus familiares en Chulavista se suma a un patrón que evidencia la creciente vulnerabilidad de las corporaciones y el alcance del crimen organizado en Culiacán, donde la línea entre la vida cotidiana y la irrupción armada se ha vuelto cada vez más delgada.
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