Culiacán, Sinaloa.- A través de un posicionamiento oficial, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) hizo un llamado urgente a las autoridades para que se implementen las medidas de protección a Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Sinaloa, quien recientemente presentó una denuncia por amenaza.
Además, exigió que se realice una investigación ministerial exhaustiva, objetiva y pronta para identificar y sancionar a los responsables de dicha amenaza.
La FMOPDH reconoció que el incidente denunciado no solo pone en riesgo la vida del titular del organismo, sino que también representa un ataque directo a la autonomía e independencia de la CEDH.
A continuación el posicionamiento:
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos
PRONUNCIAMIENTO
San Francisco de Campeche, Camp., a 04 de agosto de 2025.
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) manifiesta su profunda preocupación y enérgica condena ante la reciente amenaza indirecta de muerte denunciada por el Profesor Oscar Loza Ochoa, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sinaloa.
De acuerdo a los diversos informes del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos relativo a su misión a México, ha detectado que:
La mayoría de los defensores de los derechos humanos civiles con los que el Relator Especial se reunió durante su visita confirmaron que habían sido víctimas de actos de intimidación, acoso y estigmatización a manos de agentes estatales y no estatales en represalia por su labor de defensa de los derechos humanos. La intimidación y las amenazas de que son objeto los defensores se llevan a cabo mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o agresiones verbales.
También se reconocen:
Los riesgos que corren los miembros y funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las Instituciones Estatales al desempeñar su labor de defensa de derechos humanos, expresando indignación por el asesinato del Defensor del Pueblo del Estado de Baja California Sur en 2017; y ha sostenido que México debe considerar la labor de las Instituciones Federales y Estatales de Derechos Humanos como una actividad protegida, instando a que existan mecanismos de protección para que los defensores puedan llevar a cabo las funciones de su mandato en un entorno seguro y de manera independiente.
En ese contexto, este incidente no solo pone en riesgo la vida del titular del organismo, sino que también representa un ataque directo a la autonomía e independencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, institución fundamental para la defensa y protección de los derechos humanos en el Estado.
Ante la gravedad de los hechos, la FMOPDH dirige un llamado urgente y categórico a las autoridades de procuración de justicia y de seguridad pública para que actúen de manera inmediata y contundente para implementar de inmediato las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y la vida del Presidente de la CEDH, el Profesor Loza Ochoa.
Recordando que la protección de los defensores de derechos humanos es una obligación del Estado, se exige una investigación ministerial exhaustiva, objetiva y pronta para identificar y sancionar a los responsables de esta amenaza. Cualquier inacción en este caso enviaría una señal equivocada y peligrosa.
Se reitere públicamente el compromiso del Estado de Sinaloa con la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos. La CEDH es una institución vital para la democracia y el equilibrio de poderes, y su labor no puede ni debe ser intimidada por ningún grupo de interés. Las autoridades tienen la obligación de proteger su independencia para que pueda cumplir con su mandato sin temor ni presiones.
La labor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es crucial para vigilar, defender y promover los derechos fundamentales de todos los sinaloenses. Un ataque a su titular es un ataque a la sociedad civil en su conjunto y una señal preocupante del deterioro del Estado de Derecho.
Exigimos una respuesta contundente y un compromiso firme para que esta situación no quede impune. La seguridad de los defensores de derechos humanos no es negociable. El Estado mexicano, en todos sus niveles, tiene la obligación ineludible de proteger a quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos.
ATENTAMENTE
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos
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