Los cárteles del narcotráfico en México continúan complicando los avances en los acuerdos bilaterales de seguridad con Estados Unidos, y aumentado una presión constante en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para frenar el tráfico de drogas hacia el país vecino, con énfasis en el fentanilo.

De acuerdo con el medio The Wall Street Journal, uno de los casos más relevantes suscitó en octubre pasado, cuando las fuerzas armadas mexicanas localizaron en las afueras de la Ciudad de México a Zhi Dong Zhang, presunto integrante de una red criminal china vinculado al contrabando de precursores químicos en el extranjero, y quien fue solicitado por Estados Unidos para ser extraditado por delitos de lavado de dinero, tráfico de cocaína, metanfetamina y fentanilo.

A raíz de ello, un Juez mexicano autorizó que Zhang enfrentara su proceso legal en arresto domiciliario, lo cual generó controversia en ambos países. Esto luego de que el acusado escapara por un agujero en la pared de la vivienda donde era custodiado por parte de la Guardia Nacional (GN), según informaron funcionarios del Gobierno.

Dicha evasión generó molestia a la Presidenta Sheinbaum, quien criticó la resolución judicial que permitió su detención domiciliaria, al considerar inadecuado que un extranjero con cargos graves no fuera enviado a prisión preventiva, por lo que denunció el hecho como actos de corrupción dentro del Poder Judicial.

Cabe mencionar que el incidente se presentó en un contexto delicado para las relaciones que mantiene el país con la Administración de Donald Trump, debido a que funcionarios estadounidenses advirtieron a sus contrapartes que se impondría un arancel del 30 por ciento a productos mexicanos si no se intensificaban las acciones contra el crimen organizado.

Pese a las presiones, la medida fue pospuesta por 90 días tras compromisos expresos de Sheinbaum para continuar con las negociaciones. En estos resalta una estrategia para coordinar esfuerzos de seguridad con EU, basada en el intercambio de inteligencia y la cooperación binacional. Además de que México desplegó en aquella ocasión 10 mil militares en la frontera norte y extraditó a 29 jefes de cárteles en lo que va de su Administración.

Asimismo, las autoridades mexicanas han desmantelado más de mil laboratorios de drogas sintéticas y detenido a miles de presuntos integrantes del crimen organizado, por lo que Claudia Sheinbaum ha mostrado sus expectativas de formalizar próximamente un acuerdo con Estados Unidos para respetar la soberanía nacional.

Sin embargo, la influencia de organizaciones criminales en distintos niveles de Gobierno ha dificultado la consolidación de estas medidas. Otro de los casos relevante se presentó en julio pasado, cuando el comandante militar de Tabasco informó que Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad estatal, es investigado por encabezar una red delictiva local conocida como “La Barredora”.

De acuerdo con las investigaciones, Bermúdez fue designado por el exgobernador Adán Augusto López, actual coordinador del partido gobernante en el Senado. Sin embargo, López negó implicaciones, y Sheinbaum declaró que no existen pruebas en su contra. Pese a ello, el caso evidenció vínculos entre políticos y grupos criminales en varias entidades.

En el mismo mes, la violencia en Sinaloa también representó un desafío para el Gobierno de la Cuarta Transformación. Durante una visita a ese estado, Sheinbaum fue sorprendida por el contexto de enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, responsables de más de mil 500 homicidios y dos mil desapariciones, y fecha en la que Ovidio Guzmán se declaró culpable de narcotráfico en una corte de Chicago.

El abogado del narcotraficante acusó al Gobierno mexicano de colaborar con los cárteles, declaración que Sheinbaum rechazó constantemente en sus conferencias de prensa matutinas. Baja este contexto, la Presidenta anunció que interpondrá una demanda por difamación en contra del abogado en tribunales nacionales.

Durante ese acto público, Sheinbaum compartió el escenario con Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa, señalado por presunta complicidad con el crimen organizado y quien negó los señalamientos.