Topolobampo, Sinaloa.- A tres años de que ciudadanos interpusieran denuncias contra Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó al delegado estatal reunirse con las comunidades que acusan a la empresa de construir ilegalmente sobre terrenos federales y destruir ecosistemas en la bahía de Ohuira.

Las denuncias documentan presuntas irregularidades en la compra-venta de terrenos en zona federal marítimo-terrestre (Zofemat) y señalan que la empresa habría excedido los límites de construcción autorizados para su planta de amoniaco.

Sin embargo, el tema no había avanzado hasta la reciente intervención de Mariana Boy, titular de la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa).

Las denuncias

La primera de estas denuncias fue presentada en noviembre de 2021 por la Cooperativa de Producción Pesquera Eustaquio Urías Valdez, señalando la venta de terrenos ganados al mar por parte del ejido Rosendo G. Castro a GPO. De acuerdo con la denuncia, los predios fueron escriturados de manera irregular con el respaldo de funcionarios y notarios públicos, como el ex diputado Rubén Benjamín Félix Hays. Esto a pesar de tratarse de bienes inalienables y propiedad de la nación.

El documento, dirigido a la entonces titular de Profepa, Blanca Alicia Mendoza Vera, acusa que se usó de forma ilegal la Ley de Regularización de Predios Rurales del Estado de Sinaloa para transformar tierras federales en “pequeñas propiedades”, posteriormente vendidas a GPO. La exigencia era que Profepa formulara y presentara una denuncia penal propia o se adhiera a la ya existente.

Pese a las pruebas presentadas, las denuncias fueron desestimadas por la delegación estatal de Profepa, que cerró los expedientes argumentando que no encontró irregularidades. Además, la autoridad sugirió a los denunciantes contratar a un perito topógrafo para fundamentar la acusación, un trabajo que costaría alrededor de 150 mil pesos.

En septiembre de 2023, José Luis Luna Bojórquez, del Colectivo Aquí No, presentó una nueva denuncia por la presunta ocupación ilegal de zona federal, solicitando verificar mediante coordenadas geográficas si GPO estaba construyendo fuera de lo autorizado. Pero esta denuncia tampoco fue atendida.

En diciembre del mismo año, Luna amplió su denuncia incluyendo nuevas construcciones en el área conocida como “llenaderas de autotanques”, que no contaba con autorización ambiental ni cobertura en la Manifestación de Impacto Ambiental aprobada. En esta ocasión, añadiendo pruebas documentales que advertían de la invasión de la Zofemat.

En enero de 2024, la delegación estatal respondió nuevamente que no había encontrado irregularidades, basándose en inspecciones previas a la denuncia.

En marzo de 2024, el colectivo pidió avances en el procedimiento administrativo. Cinco meses después, la Profepa respondió que durante una visita realizada en junio se detectaron “hechos y omisiones” que fueron turnados a su subdelegación jurídica. Sin embargo, no se emitieron medidas correctivas ni se emplazó a la empresa, como dicta la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

El último episodio de este estire y afloje fue en noviembre de ese mismo año, cuando los denunciantes recibieron un oficio en el que se notificaba que el ejido Rosendo G. Castro había obtenido un amparo que obligaba a la Profepa a paralizar cualquier actuación sobre ese expediente, dejando el caso de la escrituración irregular de terrenos sin la posibilidad de que la procuraduría acudiera a verificar lo denunciado.

Desde está fecha, el tema se mantuvo en pausa hasta que, durante la semana pasada miembros de las comunidades de la Bahía de Ohuira tuvieron una reunión virtual con la procuradora federal Mariana Boy, y con el procurador estatal, Marco Moreno León.

La reunión

Durante la reunión virtual, la Profepa Federal instruyó al recientemente nombrado delegado estatal Marco Moreno León, a tener una reunión con las comunidades y los promoventes de las denuncias. Durante la misma, los ciudadanos exigieron a la Profepa Sinaloa actuar y sumarse a las denuncias interpuestas desde el 2021, mientras que Moreno León dijo desconocer de las mismas.

“Profepa del Estado no sabía de la denuncia penal que puso un Yoreme según ellos”, contó Melina Sandoval tras la reunión llevada a cabo este viernes 2 de agosto.

“Tenemos desde el 2021 todas esas denuncias y hemos visto que no están actuando acá en Sinaloa. Entonces se metió un reclamo ante Profepa Federal para que actúen”, dijo la activista Mayo-Yoreme

Para Melina, la atención que las autoridades federales están poniendo a los megaproyectos en marcha en Topolobampo se deben a la promesa de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcenas, de visitar la zona en una reciente entrevista con Julio Astillero. “Nos han atendido porque saben muy bien que va a venir, sí o sí, Bárcenas y pues se quieren hasta informar”, explica Melina.

“No los vamos a dejar actuar solos. Eso fue lo que nos indicó Mariana Boy y se lo indicó a ellos. Ella les indicó que bajaran y escucharan a la comunidad, porque ahorita las dependencias sí están actuando sobre lo que la comunidad está expresando. Ella le pidió que se viniera y por eso vino, que si lo hubiéramos pedido nosotros no viene”, dijo respecto al nuevo delegado Marco Moreno León.

Tras la reunión, el delegado de la Profepa aseguró que actuaría en contra de cualquier irregularidad.

“Aún sea el gobierno federal, estatal, una empresa, él se quedó comprometido a ejecutar la ley donde se tenga que hacer en los delitos ambientales”, expresó Melina Sandoval.

Espejo intentó contactarse con Marco Moreno León en distintas ocasiones sin éxito. En una publicación en su LinkedIn personal con motivo de su nombramiento el 16 de mayo pasado, el funcionario federal agradeció el nombramiento y dijo asumir el reto con mucho compromiso y consiente de los desafíos que tiene Sinaloa en materia de medio ambiente.

“Coordinados con toda la ciudadanía, con todo el sector ambiental, coordinados sobre todo, en todo momento con los sectores productivos. Pero sobre todo comprometidos con la justicia ambiental en Sinaloa y el cuidado de nuestros ecosistemas, de nuestra fauna silvestre, de todos los recursos naturales de nuestro estado”, dijo.

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