Ciudad de México.– Ante la contracción del sector de la construcción en Sinaloa y la crisis económica que atraviesa la entidad, la senadora Paloma Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Gobierno Federal a tomar acciones urgentes que incluyan a actores locales en los programas de vivienda social.
La propuesta, dirigida a la titular del Poder Ejecutivo Federal, plantea que las autoridades involucradas en la política de vivienda –la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el INFONAVIT– integren a los organismos y asociaciones del sector de la construcción y desarrollo inmobiliario de Sinaloa como actores clave en la planeación, ejecución y evaluación de dichos programas.
“El sector de la construcción es uno de los principales motores de empleo en el país y en Sinaloa ha sido severamente golpeado por la violencia y la falta de inversión. Ignorar a los profesionales de esta industria en los procesos de vivienda social representa una pérdida de oportunidades laborales y económicas”, señaló la senadora.
De acuerdo con datos del INEGI, durante el primer trimestre de 2025, la industria de la construcción presentó una contracción del 3.8 % a nivel nacional. En Sinaloa, el desarrollo de vivienda ha registrado una caída de hasta el 70 % en ventas, afectando a cientos de empresas, proveedores y familias que dependen del sector. Tan solo en el primer semestre del año, se perdieron cerca de tres mil empleos en esta industria dentro del estado.
Sánchez Ramos advirtió además que la falta de transparencia en la información pública sobre el destino de los recursos de programas como “Vivienda para el Bienestar” ha limitado la participación del sector local y ha generado desconfianza entre la población.
“Más de 30 mil viviendas están contempladas para Sinaloa, pero no hay claridad sobre cómo se distribuyen los recursos ni quiénes son los beneficiarios. Urge que se integren consejos ciudadanos con expertos locales para dar seguimiento, evaluar impactos y garantizar que estas acciones realmente respondan a las necesidades de las comunidades”, afirmó.
Asimismo, la senadora criticó los retrasos en los trámites para desarrollos habitacionales, que en algunas regiones del estado pueden demorar hasta un año, y la ejecución de conjuntos habitacionales sin estudios integrales de impacto social y ambiental, contraviniendo compromisos internacionales como la Agenda 2030 y la Nueva Agenda Urbana.
Finalmente, el exhorto subraya la importancia de garantizar una verdadera rendición de cuentas y el respeto al derecho constitucional de acceso a una vivienda digna, conforme al artículo 4º de la Constitución y estándares internacionales en la materia.
*Si deseas leer el Punto de Acuerdo puedes acceder a la Gaceta Parlamentaria.
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