Zacatecas, Zac. — A pesar de que un juez federal ordenó restituir en su cargo al alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, las autoridades responsables aún no han cumplido con la sentencia provisional, lo que podría acarrearles sanciones legales si persiste el desacato.
El pasado 5 de agosto, un juzgado con sede en Zacatecas informó que recibió varias solicitudes por parte del afectado, identificado como el presidente municipal electo de Ahome, quien busca recuperar el cargo del que fue separado tras la aplicación de normas estatales que fueron impugnadas por considerarse inconstitucionales.
En el expediente número 1832/2025, el juez explicó que ya se había requerido previamente a diversas autoridades de Sinaloa —incluyendo al Congreso del Estado, al gobernador y al Ayuntamiento de Ahome— para que cumplieran con la suspensión definitiva otorgada a favor del quejoso.
Esta suspensión obliga a dejar sin efecto dos normas estatales: el artículo 136 de la Constitución local y el artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que sirvieron de base para la destitución del alcalde.
La orden judicial, se lee en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal, precisa que el alcalde debe ser restituido de inmediato en su cargo, con todas las funciones, prerrogativas y recursos que tenía al momento de su destitución. Esto incluye el pago de su salario y el acceso a herramientas y oficinas para poder ejercer su mandato de forma normal.
Sin embargo, el juez rechazó la solicitud del alcalde de enviar un exhorto (una orden formal) a un juez en Sinaloa para que se garantice su regreso al cargo, argumentando que dicha responsabilidad corresponde únicamente a las autoridades locales mencionadas. En caso de incumplimiento, advirtió, se podrían aplicar medidas de apremio conforme a la Ley de Amparo.
El acuerdo fue publicado oficialmente el 6 de agosto en los estrados del órgano jurisdiccional en Zacatecas, lo cual sirve como notificación para las partes involucradas, salvo aquellas que deban recibir notificación especial.
Este caso forma parte de un juicio de amparo en el que se cuestiona la legalidad de la remoción del alcalde de Ahome, y pone en evidencia la tensión entre decisiones judiciales federales y acciones de autoridades estatales.
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