Culiacán, Sin.- El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa, creado para representar a la ciudadanía en la vigilancia del poder público, enfrenta hoy una grave crisis de legitimidad. Lo que comenzó como una pregunta sobre la legalidad de una permanencia, terminó por evidenciar una red de omisiones, decisiones opacas y una cultura de discrecionalidad que contradice su propia razón de ser.

Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa A.C., una de las organizaciones fundadoras del sistema anticorrupción estatal, relata cómo el CPC utilizó de manera unilateral la Red Ciudadana Anticorrupción (REDCA), integrada por más de 80 personas y organizaciones, para postular un proyecto de entre 600 mil y un millón de pesos ante Alianza SURGE, sin informar ni consultar a los integrantes de la red.

La responsable de la postulación fue Lucía Irene Mimiaga León, actual presidenta del CPC. El proyecto se presentó a nombre de REDCA, con el argumento de que había sido votado en sesión interna. Sin embargo, lo que se sometió a votación fue únicamente el título del proyecto, sin compartir su contenido, objetivos, metodología ni destino de los recursos.

“Lo grave fue eso: nunca supimos de qué se trataba el proyecto, ni que sería postulado a un fondo. Cuando preguntamos, recibimos evasivas y soberbia”, denuncia Marlene. Ante la falta de respuesta, las organizaciones enviaron una carta a Alianza SURGE para deslindarse del proyecto. Días después, el fondo fue cancelado.

A esta situación se suma la permanencia irregular de Rosa Elvira Jacobo Lara, quien continúa como integrante del CPC pese a que su periodo ya concluyó. Fue nombrada en 2020 para cubrir una vacante y, conforme a la ley, debía completar únicamente el tiempo restante de quien dejó el cargo. Sin embargo, hoy insiste en permanecer cinco años, con el respaldo de un acuerdo interno firmado por los cinco integrantes actuales del CPC, quienes además decidieron no discutir el tema públicamente.

“Nos respondieron con un documento de casi 90 páginas donde se niegan a rendir cuentas. Nos cerraron el único canal de diálogo. Se apropiaron del grupo de WhatsApp de la red y lo convirtieron en un canal de difusión sin posibilidad de réplica. Fue un retroceso autoritario”, narra Marlene.

La situación escaló cuando, en una reunión convocada de manera exprés, se confrontó a las organizaciones que cuestionaron la opacidad del CPC con colectivos de personas buscadoras, a quienes se les dijo que la cancelación del fondo fue culpa de las organizaciones, no de las omisiones del comité.

Iniciativa Sinaloa, junto con otras organizaciones como Sabuesos Guerreras A.C., Tacuichamona MX y el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, decidió retirarse de la red REDCA.

“Lo hicimos por principios. No estamos para legitimar ni encubrir malas prácticas. Lo que pasó podría tipificarse como una falta grave, incluso como un delito”, advierte Marlene.

El Comité de Participación Ciudadana, creado para ser puente entre la sociedad civil y el Estado, parece haber cerrado sus propias puertas. En lugar de rendir cuentas, impone silencios. En lugar de construir confianza, genera confrontación.

¿Qué dice la ley? CPC no es para siempre ni para actuar sin rendir cuentas

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, en su artículo 16, establece con claridad que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección, y que, en caso de cubrir una vacante, la persona designada deberá completar únicamente el periodo pendiente de quien haya dejado el cargo. Esto significa que Rosa Elvira Jacobo Lara, quien fue seleccionada en 2020 para sustituir a un integrante que dejó el puesto antes de tiempo, debió concluir su encargo en 2024, y no extender su permanencia hasta 2025 como actualmente ocurre. Su continuidad contraviene directamente el marco legal que rige al CPC, y coloca al órgano en una posición de ilegalidad y falta de legitimidad.

Por otro lado, el artículo 21 de la misma ley señala que el CPC tiene la obligación de actuar con transparencia, rendir cuentas de sus decisiones y fomentar la participación ciudadana efectiva. Al utilizar la Red Ciudadana Anticorrupción (REDCA) para postular un proyecto ante la iniciativa Alianza SURGE —sin consultar a los integrantes de la red, sin compartir el contenido del proyecto ni el destino de los recursos solicitados—, la presidenta del comité, Lucía Irene Mimiaga León, incurrió en una omisión grave que puede interpretarse como uso indebido de una plataforma ciudadana. Esto vulnera principios como la legalidad, la honestidad, la imparcialidad y la rendición de cuentas, establecidos en el artículo 5 de la ley, que rigen la conducta de los integrantes del sistema anticorrupción.

Cabe destacar que Revista ESPEJO contactó a los miembros del CPC para conocer una postura y su respuesta fue la siguiente:

“Hola, gracias. Por el momento no tenemos un posicionamiento por parte del CPC, cualquier cosa les avisamos”, respondió Lucía Irene Mimiaga León, a través de Whatsapp.

 

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