Culiacán, Sin.- Después de 18 días de silencio, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Sinaloa salió a responder las acusaciones de opacidad en torno a un proyecto sobre corrupción y desapariciones. En un comunicado público, el órgano colegiado negó haber actuado con falta de transparencia y aseguró que el conflicto fue consecuencia de una falla humana de comunicación y no de una falta ética.

La controversia inició con la iniciativa “Análisis Integral de Riesgos de Corrupción y Faltas Administrativas en la Crisis de Personas Desaparecidas en Sinaloa”, aprobada por unanimidad en sesión de la Red Ciudadana Anticorrupción (REDCA) el 3 de abril de 2025. El CPC reconoció que no informó de manera oportuna que el proyecto implicaría financiamiento y que, posteriormente, fue postulado por la comisionada Lucía Mimiaga León a un fondo de la Alianza SURGE, lo que detonó la inconformidad de parte de las organizaciones.

De acuerdo con la versión oficial, el fondo por 26 mil dólares —483 mil pesos aproximadamente— fue aprobado y anunciado el 21 de julio, pero cancelado ese mismo día tras la protesta de integrantes de la Red. El CPC aclaró que ni el comité ni la REDCA tienen facultades para administrar recursos, por lo que el manejo del dinero habría recaído en la ONG Ethos Innovación en Políticas Públicas.

El episodio derivó en la salida voluntaria de cuatro organizaciones de la REDCA. El CPC lamentó la fractura interna y aseguró que, pese a la comunicación deficiente, “siempre se actuó de buena fe y sin incurrir en faltas”.

Como medida correctiva, anunciaron una jornada de capacitación en comunicación asertiva, resolución de conflictos y gestión de proyectos. También reiteraron su compromiso con la transparencia y el diálogo, aunque el comunicado dejó fuera temas señalados por las organizaciones críticas, como el papel de otras personas involucradas en la postulación y las razones de fondo para no informar a tiempo.

El pronunciamiento tampoco responde a los señalamientos sobre la presunta ilegalidad de que Rosa Elvira Jacobo Lara continúe como integrante del CPC, pese a que la ley establece que su periodo ya concluyó. La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Sinaloa, en su artículo 16, establece con claridad que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección, y que, en caso de cubrir una vacante, la persona designada deberá completar únicamente el periodo pendiente de quien haya dejado el cargo. Esto significa que la ahora extitular del CPC, quien fue seleccionada en 2020 para sustituir a un integrante que dejó el puesto antes de tiempo, debió concluir su encargo en 2024, y no extender su permanencia hasta 2025 como actualmente ocurre. Su continuidad contraviene directamente el marco legal que rige al CPC, y coloca al órgano en una posición de ilegalidad y falta de legitimidad.

 

MÁS SOBRE EL CPC: