Mazatlán, Sinaloa.- Una obra de desvío del arroyo Jabalines realizada por el Ayuntamiento de Mazatlán desató una serie de denuncias legales y preocupaciones ciudadanas por el incremento de riesgo de inundación en las colonias aledañas a la intervención.
La obra, realizada el pasado 29 de mayo sin notificación oficial ni permisos de la Conagua, inutilizó estudios hidrológicos que ya se tenían para un desarrollo habitacional proyectado en el predio privado propiedad de la familia López Somoza.
Además, ha generado miedo entre vecinos de colonias aledañas como la Labastida Ochoa, Huertos Familiares y Los Laureles, por el riesgo de inundación que supone el cambio del cauce del arroyo.
Está situación ha generado manifestaciones ciudadanas y una serie de denuncias legales que involucran a la familia López Somoza y a funcionarios municipales como la presidenta Estrella Palacios y la la directora de Obras Públicas Cristina Ovalle Acosta; incluso la líder sindical del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, Laura Elena Tirado, ha salido a defender a empleados que ‘solo obedecieron órdenes’ al ejecutar el desvío del arroyo.
El desvío
Fue el pasado jueves 29 de mayo que Eduardo Murrieta, apoderado legal de la familia dueña del predio afectado, recibió un aviso sobre la invasión del terreno ubicado en el fraccionamiento Labastida Ochoa.
Al acudir al sitio, Murrieta encontró el cerco roto, la portería dañada y a personal del Ayuntamiento de Mazatlán trabajando en el desvío del arroyo. Ante esto comprobó la propiedad del terreno al encargado de los trabajos, el ingeniero Pedro Salazar, a quién le solicitó parar los trabajos hasta no tener un documento firmado por el Ayuntamiento donde se notificara el motivo de la obra.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Mazatlán no lo justificó.
La obra, señala Murrieta, fue del ancho de una avenida y de una profundidad de 4 metros; y consistió en el relleno de una curva natural que, según estudios hidrológicos en manos del apoderado legal, ayudan a disminuir la fuerza del cauce y, por tanto, el riesgo de inundaciones en las zonas aledañas.
En su lugar, el Ayuntamiento hizo una línea recta que no disminuye la fuerza del caudal ante lluvias fuertes como las de este 7 de agosto, que logró desbordar diversos canales e inundar avenidas en el puerto.
Un día después, el 30 de mayo, Murrieta acudió al Ayuntamiento a solicitar la información por escrito; sin embargo, en una reunión en la que estuvieron presentes la directora de Obras Públicas Cristina Ovalle Acosta y el subdirector de Obras Públicas Martín Gallardo, le pidieron que “si iba a hacer un fraccionamiento, lo tomara como una zona verde”.
“Pero ellos nunca mostraron nada… ¿Qué sucedió? Como vieron que yo lo único que pedía era un documento firmado y sellado del ayuntamiento del porqué de los trabajos, ya entonces me pasaron a jurídico”, contó el apoderado legal.
En un edificio anexo, el director del jurídico Roberto Clemente Favela, le respondió que le responderían en 3 días, pero al pasar la fecha acordada sin respuesta, Murrieta decidió que era necesario proceder de manera legal.
Las denuncias
Tras la falta de información oficial respecto a la obra, el apoderado legal de la familia Somoza decidió proceder de manera legal. A la fecha, se han realizado 5 denuncias:
- Un juicio de amparo
- Una denuncia por despojo presentada ante la Fiscalía General de Sinaloa (FGE)
- Una ante la Fiscalía General de la República (FGR) por afectación a las vías nacionales
- Una más ante Protección Civil del Estado por la ausencia de personal del instituto durante la obra de desvío
- Una queja administrativa ante Conagua, informando que no fueron los dueños, sino el Ayuntamiento, quien desvió el arroyo.
Otra denuncia más, dijo, será una de carácter penal contra los funcionarios del ayuntamiento que resulten directamente responsables de los trabajos.
Murrieta indica que sus representados, la familia López Somoza, busca llegar a un acuerdo con las autoridades municipales en el que se acaten las indicaciones técnicas de reparación; pero reconoce que además de la afectación al terreno, ahora también pesan sobre la alcaldesa Estrella Palacios las demandas de los vecinos de la zona ante el miedo de inundación y la intervención sin permiso a una zona federal administrada por la Conagua.
“No solo era de afectación personal y en el sentido de la propiedad y del patrimonio de la familia Somoza, sino el cambio del cauce del arroyo que es federal. Nosotros como tenedores de ese predio siempre hemos salvaguardado los puntos que nos establece la Conagua, porque aunque somos propietarios, no podemos construir nada en cierto límite de lo que es la zona federal”, explicó.
La situación se complica para el Ayuntamiento, debido a que en un inicio tanto la alcaldesa como la directora de obras públicas y el director jurídico del Ayuntamiento ‘declararon en falsedad’ que ellos no habían sido los que habían realizado los trabajos. “Y ahora lo que viene es un problema grave, ahí ya viene ahora un problema penal”, aseguró.
Miedo a la inundación
El temor entre los vecinos de las colonias aledañas al arroyo Jabalines es palpable. Eduardo Murrieta, cuenta que tras el desvío del arroyo, colonos lo encararon reclamando que la obra realizada ponía en riesgo a sus hogares.
“Me encaran a mí diciéndome que si no sabían que estaba yo poniendo en riesgo sus propiedades, porque el trazo del canal lo dirigieron directamente sobre las casas”, dijo.
Tras explicarles que en realidad las obras fueron realizadas por el Ayuntamiento, los vecinos se organizaron para acudir a una sesión de cabildo abierto a finales de julio pasado, en donde la alcaldesa Estrella Palacios, indicó que hay un proceso legal abierto en el tema y que serían los jurídicos quienes le darían trámite.
La misma respuesta dio a medios días después, al darse a conocer que la Conagua solicitara al Ayuntamiento el corregir el cauce del arroyo tras una revisión realizada a partir de la denuncia de la familia López Somoza. “Está siendo todavía revisado por las instancias correspondientes, entonces vamos a esperar”, declaró el 4 de agosto pasado.
La regidora priista Maribel Chollet, quien ha dado seguimiento al caso, señaló que más de 800 familias resultan afectadas por el desvío y denuncia además falta de transparencia por parte de la alcaldesa, quien incluso negó ante un juzgado la participación del Ayuntamiento en la obra, pese a estar documentada.
“No es un daño menor el que se ocasionó. Estamos en época de lluvias y en Mazatlán por sí sola esa zona tiene graves problemas de inundación”, advirtió.
Por lo pronto, vecinos de colonias como Labastida Ochoa, Los Laureles y Huertos Familiares se encuentran a la expectativa, sobre todo ante el inicio de un mes de agosto en el que se pronostican lluvias por encima del promedio y que ya dio una muestra con las recientes lluvias de este jueves 7, las cuales inundaron múltiples calles, canales, arroyos y avenidas en el puerto.
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