Había registrado Sinaloa una baja en la incidencia de homicidios dolosos durante los primeros nueve días del mes de agosto, pero ayer la comisión de este delito se disparó a 17 muertes a consecuencia del enfrentamiento al interior del Cártel de Sinaloa que el sábado llegó a los once meses de violencia y de terribles consecuencias para los sinaloenses.

La jornada del domingo 10 de agosto rompió con la burbuja que alentada la esperanza de la pacificación, pues el mes había aportado elementos durante más de una semana en el sentido de reducción de asesinatos cometidos con armas de fuego: 6 homicidios el día primero; 2 el día 2; 4 el día 3; 1 diario los días 4, 5 y 6, así como 5 el día 7; 1 el día 8 y 2 el día 9.

La guerra entre grupos de crimen organizado prosigue a pesar de que el territorio estatal es vigilado por miles de militares y policías, y así lo corrobora el domingo cuando la estadística agregó 17 víctimas letales en un mismo día, resaltando los crímenes que privaron de la vida a cuatro personas en la zona de Navolato y a siete más durante un enfrentamiento entre civiles armados sucedido en la comunidad de Pánuco, Concordia.

Indiscutiblemente les corresponde a las autoridades federales, estatales y municipales asumir la responsabilidad de operativos fallidos, no obstante que el conflicto entre células locales del narcotráfico persevera en hacer ver que ninguna acción del gobierno, llamado de la sociedad a permitir vivir en tranquilos, o estadística oficial optimista, se sitúa por encima de la embestida delincuencial que en cuanto asoma algo de paz la ahuyenta con el terror que infunden sus sicarios y arsenales.

La exigencia de seguridad pública también está latente y colocada en la alta prioridad que impone la situación que remarca el dominio del crimen por encima de las instituciones responsables de proteger a la sociedad sinaloense. Es insuficiente lo que se hace, así lo demuestran los hechos; el gobierno debe aceptarlo pero más que reconocerlo debe ocuparse en resolverlo.