Culiacán, Sin.- En los surcos del campo sinaloense, la infancia trabaja al margen de la ley. Mientras las autoridades miran hacia otro lado, decenas de niños y niñas participan en faenas agrícolas informales, sin protección, sin contrato, sin futuro.

La denuncia viene del Movimiento Unificación y Lucha Triqui, que estima que al menos 50 menores de edad laboran actualmente solo en los invernaderos de Villa Juárez, una de las principales zonas agrícolas del valle de Culiacán. Pero la cifra se estima podría ser mayor en otros puntos de la entidad dedicados a esta actividad.

“No hay control ni supervisión de parte de la Secretaría del Trabajo ni del sindicato. Aquí no te preguntan la edad ni te piden acta de nacimiento, solo que puedas hacer la labor”, acusa Juan López García, representante nacional del movimiento.

Según su testimonio, los menores trabajan junto a sus familias en jornadas de 7 de la mañana a 11 o 1 de la tarde, con un pago que ronda los 350 pesos. Aunque para muchas familias esto representa un ingreso indispensable, también significa exclusión escolar y perpetuación de condiciones laborales precarias desde la niñez.

A la informalidad se suma el riesgo. López García relata casos de accidentes laborales encubiertos por las propias empresas mediante el uso de documentos falsos.

“Un muchacho se cayó de un invernadero y trabajaba con el acta de otra persona. Legalmente, quien se accidentó no fue él, y la empresa se deslindó diciendo que no había pasado nada en su campo.”

El uso de identidades falsas, dice el activista, no solo impide acceder a atención médica y compensaciones, sino que normaliza la violación de derechos laborales fundamentales.

“El gobierno lo sabe, pero no actúa. Hay menores trabajando, sin seguro, sin protección, sin futuro”, sentencia.

Mientras tanto, el ciclo agrícola se convierte en una trampa intergeneracional. Lo que comienza como una necesidad alimentaria termina por condenar a niñas y niños que, desde los seis u ocho años, ya saben cargar cubetas, pero no han aprendido a leer.

Una ley que llega tarde: Congreso avanza en protección al migrante

Tras décadas de omisión institucional, el Congreso de Sinaloa trabaja en una Ley de Protección al Migrante, pensada para atender con enfoque humanista a quienes transitan, laboran o se establecen en la entidad: jornaleros agrícolas, desplazados internos y migrantes sinaloenses en el extranjero.

En entrevista con Revista ESPEJO, el diputado César Ismael Guerrero Alarcón, presidente de la Comisión de Asuntos Migrantes, reconoció que esta legislación busca saldar una deuda histórica.

“Estamos hablando de décadas en las que vienen personas de Oaxaca, Michoacán y otras entidades a los campos agrícolas, y no se les había atendido. Ni siquiera existía una Comisión de Asuntos Migrantes en el Congreso. La creamos hasta la legislatura pasada”, admitió.

Aunque la iniciativa ya fue presentada y tiene segunda lectura, su aprobación fue pausada para fortalecerla en comisiones unidas, a partir de nuevas demandas recogidas en parlamentos abiertos.

“Decidimos frenar un poco para hacer ajustes y ampliar su alcance. No queremos una ley parchada. Queremos una ley que realmente proteja”, explicó Guerrero.

El legislador señaló que están analizando modelos replicables como el programa “México te abraza” en Sonora, que opera con un presupuesto de 60 millones de pesos. En contraste, Sinaloa apostaría por una estructura más compacta apoyada en tecnología, con un impacto presupuestal estimado de 6.5 millones de pesos.

Uno de los principales problemas que busca atender esta ley es la indocumentación de trabajadores agrícolas y sus hijos, lo que les impide acceder a servicios básicos como salud, educación o seguridad social.

“Muchas personas llegan sin papeles o con apodos, y cuando ocurre un accidente en el campo no pueden ni ser atendidos. Recientemente aprobamos que los registros civiles vayan directamente a las comunidades agrícolas a registrar a estas personas y garantizarles acceso a seguridad social”, detalló el diputado.

La meta, dice Guerrero, es aprobar la ley este mismo año. En septiembre sostendrán encuentros con colectivos migrantes en Estados Unidos, y en octubre buscarán dictaminarla en conjunto con la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

Además, se proyecta integrar la legislación con el programa “Casa Sinaloa”, que ya cuenta con un presupuesto de 3 millones de pesos, para brindar atención tanto en el estado como en el extranjero.

“Estamos enfocados en una política humanista. La atención al migrante no se trata de votos; se trata de justicia”, concluyó.

 

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