Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) vinculado al caso Odebrecht, fue detenido en Estados Unidos, y será deportado a México para ser juzgado por presunta corrupción, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex, que era parte de las alertas que existían y es, bueno, lo van a deportar y ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”, dijo la mandataria en su conferencia matutina.

Señaló que desde aproximadamente cinco años había una solicitud de extradición contra Treviño, quien se desempeñó como exdirector de la petrolera durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

 “Finalmente se encuentra y va a ser deportado en los próximos días”, reiteró la presidenta.

Afirmó que cuenta con acusaciones de soborno por el caso Odebrecht y está relacionado con una denuncia contra Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex durante el periodo 2012-2016. No obstante, señaló que “hay que preguntarle a Fiscalía cuáles son sus cargos”.

Treviño tiene una orden de aprehensión en México por su probable responsabilidad en delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Treviño cuenta con una orden de aprehensión en México por su probable responsabilidad en delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Al exfuncionario se le señala por presuntamente haber recibido un soborno de 4 millones de pesos, el cual supuestamente obtuvo para aprobar la reforma energética del expresidente Peña Nieto, un asunto relacionado al caso Odebrecht.

La FGR lo señaló como probable responsable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En 2022, Treviño Medina pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero rechazar un acuerdo reparatorio que Emilio Lozoya buscaba alcanzar para cerrar sus procesos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, denunciando que este era ilegal, debido a que los daños que causó ascendían a miles de millones de pesos.

En una carta enviada a Gertz Manero, Treviño manifestó su oposición a que tanto Pemex como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cerrarían un pacto que, consideró en ese momento, dejaría en la impunidad los delitos que se imputan a Lozoya.

Esto luego de que la FGR señaló que estaría dispuesta a dejar en liberta al exfuncionario si lograba acordar con Pemex y la UIF un arreglo económico que repare el daño generado por los delitos que cometió.

Meses más tarde, en agosto de ese mismo año, Treviño Medina presentó una denuncia penal contra Gertz y de su mano derecha, el fiscal Juan Ramos, por el posible delito de tortura cometida indirectamente en su contra, al haber presionado a Emilio Lozoya para que presentara una denuncia con hechos supuestamente fabricados, en la que él fue incriminado.

Un año más tarde, el abogado del exfuncionario, Óscar Augusto Zamudio Campos, que presuntamente denunció “falsamente” al fiscal por tortura psicológica contra Lozoya, compareció ante juez.

Sin embargo, el abogado fue vinculado a proceso por “vulnerar” el bien jurídico tutelado de la administración de la justicia’, lo que constituye el delito de abogados, patronos y litigantes en la hipótesis de alegar a sabiendas hechos falsos.

En febrero de este año, el titular de la FGR dio a conocer que el proceso contra Lozoya por el caso Odebrecht continúa vigente pese a la cancelación de la prisión preventiva justificada dictada en su contra que le permitió salir del reclusorio hace más de un año.