El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este miércoles a cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas a un esquema de fraude de tiempos compartidos operado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las operaciones se desarrollaban en Puerto Vallarta y zonas cercanas, un centro turístico que también funge como bastión estratégico del grupo criminal.

Según el comunicado de la autoridad estadounidense, el CJNG ha diversificado sus fuentes de ingresos, sumando al narcotráfico actividades como robo de combustible, extorsión y fraude inmobiliario, incluyendo la venta y renta fraudulenta de tiempos compartidos. Este esquema, bajo control del cartel desde 2012, ha afectado principalmente a ciudadanos estadounidenses, en su mayoría adultos mayores, con pérdidas millonarias. Entre 2019 y 2023, cerca de 6,000 víctimas reportaron daños por casi 300 millones de dólares, de acuerdo con el FBI.

Los sancionados incluyen a los miembros del CJNG Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro, así como al empresario Michael Ibarra Díaz Jr., señalado de encabezar una red corporativa que incluye agencias de viajes, inmobiliarias, operadoras turísticas y un despacho contable. Con esta acción, suman más de 70 personas y entidades designadas por su relación con el fraude de tiempos compartidos del CJNG.

Las sanciones bloquean todos los bienes de los señalados bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas y empresas de EE. UU. realizar transacciones con ellos. El Departamento del Tesoro advirtió que quienes participen en operaciones con los sancionados podrían enfrentar sanciones secundarias.

Siguen cayendo sanciones a entidades mexicanas ligadas al narcotráfico.

 

Estas acciones se añaden a las sanciones impuestas en junio de 2025 por el gobierno de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, señaladas de facilitar operaciones de lavado de dinero para cárteles como el CJNG, el de Sinaloa, el del Golfo y los Beltrán Leyva.

Las medidas, dictadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) bajo la nueva Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos (FEND Off Fentanyl Act), prohibieron a los bancos estadounidenses enviar o recibir fondos de dichas entidades, desconectándolas del sistema financiero de EE. UU.

FinCEN sustentó la designación en evidencias que vinculan a estas instituciones con transferencias destinadas a la compra de precursores químicos en China para la producción de fentanilo.

En respuesta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso multas por más de 185 millones de pesos y ordenó intervenciones temporales para proteger a clientes e inversionistas, con Intercam como la más sancionada (92 millones de pesos), seguida de CIBanco (67 millones) y Vector (27 millones).

En respuesta a las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum demandó pruebas concretas, acusó que no se debe “tomar a México como piñata” y rechazó los señalamientos sin evidencia verificable.

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