Karla Quintana / Raichali

Chihuahua – Congregada por el Programa Integral para la Atención al Desplazamiento Interno (PIAI), la voz de Leticia —nombre ficticio para proteger su integridad física— resonó fuerte al compartir la cruda realidad que enfrentan las personas en situación de desplazamiento interno en Chihuahua.

“A mí lo más fuerte que me tocó fue en 2010 […] desde allí empezaron a salir personas de la comunidad. Ahora desde el 2022, empezaron a llegar personas de la comunidad indígena de allá de Guadalupe (y Calvo) y fueron muchísima gente […] salieron por miedo, por amenazas al salir de su comunidad”, relató.

El desplazamiento interno es explicado de la siguiente manera por la Relatora Especial de los Derechos Humanos de las Personas Desplazadas Internas, Paula Gaviria, quien visitó México en 2022:

“Personas o grupos que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

La Relatora también advierte que “las causas del desplazamiento interno en México son diversas y multifactoriales; incluyen diferentes tipos de violencia originada por el crimen organizado, proyectos de desarrollo, conflictos comunitarios por la tierra, cambio climático, desastres y, en algunos casos específicos, la creación de áreas naturales protegidas.”

Esta realidad se refleja en la experiencia de Leticia y otras personas de diferentes comunidades indígenas en Chihuahua.

“Al salir de su comunidad uno sabe que pierde toda su vida, pierden pertenencias, llegan a pedir apoyos a donde llegue. Y no se les reconoce como desplazados. Es decir, les preguntan, ¿salió por voluntad propia o los corrieron?”, precisa Leticia.

En representación de la Secretaría General del Estado, Sahara Cárdenas Fernández, Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos, explicó en esa misma mesa del PIAI a la que acudió Leticia que “Nosotros observamos que (el desplazamiento) no eran entre estados de la República, que básicamente el desplazamiento que nosotros tenemos en Chihuahua, es entre municipios. La segunda cuestión es que el 88% de las personas que fueron encuestadas huyeron por motivos de violencia causada por el crimen organizado y el 82% no consideran posible su retorno seguro”.

Las necesidades de estas personas son múltiples y urgentes. Una encuesta aplicada a 184 desplazados reveló que las principales carencias al momento de desplazarse son alojamiento (75%), despensa o alimentos básicos (44%), apoyo para traslado (38%), ropa y calzado (27%), acompañamiento y medidas de protección (16%), asistencia médica o psicológica (15%), asesoría legal (15%) y documentación (9%).

En su relato Leticia, la mujer rarámuri desplazada añade: “De una comunidad que fue de las primeras desplazadas, fueron como 50 personas que están en esa comunidad (a la que llegaron) a la cual no han ido ni siquiera los maestros, ni siquiera a llevarle un apoyo. Hay una familia que sube a otra comunidad cuando van a repartir apoyos, pero es una familia. Ahora las demás que son adultos mayores, que son niños, que no pueden subir a ese lugar”.

El abandono de comunidades alejadas es evidente:

“Pero hay otras rancherías más retiradas en las que todavía hay gente, en las que todavía viven personas y que no nos han apoyado. No han acercado los apoyos a esas organizaciones. Ahora están los compañeros de Dolores, desde cuánto tiempo atrás tienen con esos problemas y apenas están haciendo la visualización de su lugar, apenas los quieren visitar, cuando ya tienen muchísimo tiempo con esos detalles”, agregó la joven rarámuri.

La violencia extrema también ha afectado la salud física de la población desplazada. Leticia contó cómo el estrés y las balaceras provocaron la parálisis de una mujer de la comunidad, sin que se le hayan proporcionado los apoyos necesarios:

“Cuando estaban las balaceras, a la señora le dio parálisis, es de nuestra comunidad. Y así entre las balaceras la sacaron a la señora (…) no le han llevado una silla de ruedas. dice pero no hay acciones. […] ¿Cómo? O sea, ¿de dónde? ¿Cuáles acciones? No hay acciones. Tenemos la comunidad abandonada, rancherías que obviamente por miedo pues no van a decir nada”, reclamó.

La participación de Leticia en esa mesa del PIAI obedeció a que fue presentado el Protocolo de Atención Emergente para personas en situación de desplazamiento interno en Chihuahua, el cual obliga a que las acciones de atención se implementen en un plazo no mayor a seis meses y bajo la coordinación de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del estado.

El informe de la Relatora Especial subraya que “la estrategia de respuesta integral debe atender todas las fases del desplazamiento y estar coordinada por una autoridad competente. Esto compromete la intervención de varias autoridades y requiere un conjunto complejo y coordinado de acciones”.

Además, la Relatora recomendó al Estado mexicano garantizar consultas directas con las personas desplazadas, para que las medidas legislativas, políticas y programáticas respondan a sus necesidades reales y no los expongan a riesgos adicionales, adaptando las acciones a sus perfiles y contextos específicos.

Para complementar esta información, se contactó a personas que conforman la mesa de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Estado para preguntar si el protocolo se encuentra disponible en las lenguas de los pueblos originarios del estado, sólo respondió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y reconoció que no está traducido.

El resto de las dependencias que confirman la Comisión, que forman parte del Ejecutivo estatal, no respondieron.