Mazatlán, Sin.- El colapso del puente peatonal del fraccionamiento Arboledas Invies en Mazatlán puso en evidencia las fallas en la supervisión y control de la obra pública municipal. Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, advierte que no se cumplió con la residencia de obra ni con la verificación de las especificaciones técnicas, elementos obligatorios para garantizar calidad y seguridad en los trabajos contratados por el ayuntamiento.

“Los trabajos hechos están con mala calidad porque no hubo supervisión. La empresa debía contar con residencia de obra y la Dirección de Obras Públicas tenía la obligación de revisar con lupa que se cumpliera el contrato, que los materiales y espesores fueran los indicados. No sucedió”, afirmó Rojo Navarro.

El Observatorio Ciudadano también cuestiona la inexistencia o inoperancia del comité de contraloría social, encargado de dar seguimiento ciudadano a las obras y de reportar irregularidades, así como la recepción de trabajos de baja calidad sin sanción alguna.

“Están avalando la mala calidad al recibir la obra”, señaló el especialista.

Según Rojo Navarro, la administración municipal ha optado por estrategias de comunicación restrictivas, concentrando la vocería en la presidenta municipal y emitiendo mensajes mediáticos para “dar la vuelta” a las crisis, sin apego a la ley ni a los contratos. En el caso del puente, se mencionó que la presidenta gestionó con la empresa responsable la reparación de los daños, cuando existe una fianza por vicios ocultos vigente, obligatoria por ley.

Estos señalamientos se respaldan en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que en su Artículo 42 establece los criterios para adjudicación directa y licitaciones, priorizando la participación de empresas locales en igualdad de circunstancias, y el Artículo 62, que regula la suspensión, rescisión o terminación anticipada de contratos, detallando la obligación de cubrir únicamente los trabajos ejecutados y gastos comprobables, y garantizando la aplicación de sanciones o recuperación de sobrecostos cuando el contratista incurre en responsabilidades.

Por su parte, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en su Artículo 39 establece que el síndico procurador es responsable de la contraloría interna del ayuntamiento, de la vigilancia del cumplimiento de normas, procedimientos administrativos y del ejercicio de recursos públicos, facultades que debieron garantizar la supervisión de las obras.

Rojo Navarro advirtió que los procedimientos de adjudicación directa incumplieron con la preferencia legal a empresas locales, dado que el contratista proviene de otro estado, generando sobrecostos y limitando la transparencia. La fianza vigente, equivalente al 10 por ciento del costo total de la obra (aproximadamente 130 mil pesos), apenas cubre una fracción del monto real de los daños, aumentando el riesgo de pérdidas económicas para el municipio.

“Estamos hablando de tres figuras obligadas a intervenir en la supervisión: Obras Públicas, la sindicatura con la contraloría social y el Órgano Interno de Control, que incluso recibe un 3 por ciento de los recursos para fiscalizar. Si cualquiera de ellas hubiera hecho su trabajo, tal vez no estaríamos hablando de un puente caído a pocos meses de inaugurado”, enfatizó.

El Observatorio Ciudadano de Mazatlán anunció que dará seguimiento a la situación del puente peatonal y a otras obras de la ciudad, insistiendo en la necesidad de supervisión rigurosa, transparencia y cumplimiento de la ley.

¿Qué pasó?

El 7 de agosto de 2025, solo 63 días después de su inauguración, el puente peatonal del fraccionamiento Arboledas Invies en Mazatlán colapsó debido a lluvias intensas. La obra, construida por la empresa nayarita Urbanizaciones y Edificaciones del Pacífico, S.A. de C.V., representada por Juan Carlos Rubio Rivas, fue entregada anticipadamente el 9 de junio, con una inversión de 1 millón 497 mil pesos.

De acuerdo a la sindica, se había reportado una fisura antes del colapso de la obra.

El contrato AD-MM-DOP-RP-2025-027 especifica que el contratista debe reparar cualquier daño por vicios ocultos o mala calidad dentro del año posterior a la entrega. En caso de negativa, el municipio puede ejecutar la fianza de cumplimiento y la de vicios ocultos, ambas equivalentes al 10 por ciento del contrato.

Al respecto, el pasado 12 de agosto, la presidenta municipal Estrella Palacios Domínguez emitió una declaración donde afirmaba que buscaría que la reparación del puente peatonal no le cueste al erario público.

“Él (el contratista) está en la mejor disposición de hacerse responsable para que quede bien la obra y no le cueste a los mazatlecos. Decirles que ahorita mismo se están integrando las investigaciones necesarias para que ya el contratista pueda proceder a reparar el daño”, dijo.

Por su parte, la síndica procuradora, Minerva Osuna Zavala, informó que trece días antes del colapso parcial del puente peatonal, funcionarios de la Contraloría de la Sindicatura en Procuración del Ayuntamiento de Mazatlán ya habían identificado una fisura en la loseta.

La funcionaria explicó que, al detectar la falla el 25 de julio, se elaboró un informe y, posteriormente, se remitió un documento oficial a la directora de Obras Públicas del municipio, Cristina Ovalle, para que se atendiera el caso de manera inmediata.

Osuna Zavala subrayó que su área cumplió con las obligaciones correspondientes y señaló que el seguimiento de la reparación era responsabilidad de la Dirección de Obras Públicas.

 

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