Por Ana Paula Carbonell /@AnaPauCarbonel1

Este nuevo sistema representa un retroceso grave y generalizado en materia de derechos humanos, que afecta no solo a grupos tradicionalmente vulnerables sino a todas las personas por igual, al concentrar datos sensibles y permitir su acceso irrestricto por autoridades civiles y militares.

La identificación biométrica obligatoria, una huella permanente

Uno de los ejes centrales es la instauración de la CURP biométrica obligatoria para todas las personas en México, establecida en la Ley General de Población. La CURP, que históricamente se usaba como un identificador alfanumérico, ahora incluye datos biométricos (huellas dactilares, iris u otros rasgos físicos), que serán indispensables para realizar cualquier trámite o acceder a servicios públicos y privados.

El paquete legislativo incluye sanciones económicas considerables para quienes no adopten esta medida, definida en Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que limita extensamente la autonomía individual.

Esta plataforma de identidad biométrica se consolidará con la creación de la Plataforma Única de Identidad, prevista en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. En la práctica, esto significa que toda actividad diaria, desde la obtención de servicios médicos hasta la contratación telefónica, quedará registrada y vinculada a esta base de datos centralizada.

Vigilancia en telecomunicaciones y control sobre la comunicación

La Ley General en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que todas las empresas de telefonía deberán registrar las líneas telefónicas vinculándolas a la identidad biométrica, bajo amenaza de bloqueo si no se cumple esta obligación. Esto expone a todas las personas a una vigilancia constante y puede afectar la libertad de comunicación, especialmente de quienes no desean ser rastreados o viven bajo situaciones de riesgo.

Esta iniciativa reemplaza al Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo autónomo reconocido por su trabajo en protección de derechos digitales, por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sin autonomía real, que facilitará la supervisión y censura indirecta.

Plataforma Central de Inteligencia: conexión masiva sin límites claros

La reforma más preocupante es la creación de la Plataforma Central de Inteligencia bajo la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Esta plataforma interconectará prácticamente todas las bases de datos posibles (vehiculares, biométricos, fiscales, de telecomunicaciones, de salud, financieros, y más) tanto públicas como privadas, para permitir que autoridades de inteligencia y fuerzas policiales accedan en tiempo real y sin autorización judicial previa.

El alcance de esta plataforma es inédito en México y similar a sistemas que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han identificado como fuentes habituales de abusos y violaciones en otros países. La concentración masiva de datos sin salvaguardas efectivas abre la puerta a la vigilancia arbitraria, el perfilamiento, la censura y la persecución política.

Militarización de la vigilancia: mayores riesgos para libertad y seguridad

El paquete de reformas fortalece la participación de las fuerzas armadas en labores de inteligencia y vigilancia. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional tendrán acceso irrestricto a la Plataforma Central de Inteligencia, y en muchos casos sin requerir autorización judicial previa, lo que profundiza la militarización del sistema de seguridad pública.

Este cambio es especialmente peligroso en un país donde las fuerzas armadas han sido señaladas por casos recurrentes de violaciones a derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales. La falta de controles y supervisión civil aumenta el riesgo de abusos y limita la rendición de cuentas.

Un modelo incompatible con derechos fundamentales

Este sistema de vigilancia generalizada atenta contra varias garantías constitucionales y derechos humanos, entre ellos:

Derecho a la privacidad: La recopilación masiva y sin controles de datos biométricos y personales expone a la ciudadanía a la pérdida de su intimidad y autonomía.
Presunción de inocencia: El acceso indiscriminado a información sin requerir autorización judicial facilita prácticas de perfilamiento y persecución injusta.
Libertad de expresión y asociación: El monitoreo constante induce autocensura y limita espacios de crítica y protesta social.
No discriminación: El sistema facilita el uso discriminatorio de datos por razones de género, etnia, orientación sexual o activismo político.

Reacciones y denuncias de organizaciones civiles

Organizaciones nacionales e internacionales han alertado sobre los peligros de estas leyes. El colectivo R3D, uno de los principales defensores de los derechos digitales en México, publicó un informe señalando que la vigilancia masiva sin controles es un paso en la dirección opuesta a las democracias modernas. En su nota conceptual denunciaron que este paquete legislativo “normaliza la vigilancia masiva e indiscriminada y debilita las protecciones que la población debe tener frente al aparato estatal.”

Asimismo, grupos como Fundar, Artículo 19 y Fundación para la Justicia han alertado que el sistema aprobado por MORENA facilitará la censura, la persecución política y la militarización de la vida ciudadana, además de dificultar el acceso a la justicia frente a posibles abusos.

Desafíos y resistencias en marcha

Diversas organizaciones han anunciado estrategias legales para impugnar estas reformas ante la Suprema Corte de Justicia y tribunales internacionales de derechos humanos. También se ha convocado a la sociedad civil, medios de comunicación y organismos internacionales a solidarizarse y vigilar el desarrollo e implementación del sistema.

El activismo digital y la defensa de los derechos humanos digitales se convierten en tarea urgente para evitar que la legítima función de seguridad se transforme en un mecanismo de control y represión masiva.

La necesidad de proteger privacidad y democracia ante la vigilancia masiva

El paquete de reformas aprobado en julio de 2025 representa un retroceso severo para los derechos humanos en México y un riesgo para la democracia al instaurar un sistema de vigilancia sin controles ni garantías. La integración indiscriminada y masiva de datos personales con acceso sin supervisión judicial amplifica el potencial para abusos estatalicos que pueden afectar a todos.

La defensa de la privacidad, la libertad y la presunción de inocencia debe fortalecerse mediante la vigilancia social, el activismo, el diálogo con autoridades y las acciones legales correspondientes, para garantizar que la seguridad pública no se utilice como pretexto para la erosión de derechos fundamentales.

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Puedes revisar el reporte completo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales en su página web.