En Culiacán solo 7 camiones adaptados para 41 mil personas con discapacidad

Culiacán, Sin.- Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 5 de cada 100 personas que viven en Culiacán tienen una discapacidad motriz, pero si dependen del transporte público, enfrentan una barrera casi imposible de superar: solo 7 de los más de 600 camiones urbanos cuentan con rampas para sillas de ruedas. Y lo más grave: esas pocas unidades no circulan por las zonas donde más se necesitan.

En 2015, durante la administración de Mario López Valdez, el Gobierno del Estado, en coordinación con transportistas, entregó cuatro unidades adaptadas con rampas como parte de un programa de inclusión. Estas unidades fueron asignadas a las rutas Bugambilias, Mandarina, Aguaruto y Penitenciaría.

Actualmente, según la Dirección de Vialidad y Transporte, apenas siete camiones adaptados siguen operando:

3 en la ruta Díaz Ordaz
2 en Aguaruto
2 en Penitenciaría

La ruta Mandarina fue descontinuada.

Todas estas rutas se dirigen al sector Poniente, casi periférico, de la ciudad, principalmente hacia las colonias Bachigualato, Santa Rocío y Aguaruto. Sin embargo, las zonas donde vive la mayoría de personas con discapacidad motriz no coinciden con esas rutas.

De acuerdo con datos del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y la organización civil Mapasin, las colonias con mayor concentración de personas con discapacidad están principalmente al poniente y norte de Culiacán, cerca del centro y la periferia oeste: Cañadas, Palmito, Huizaches, 21 de Marzo, Rafael Buelna y Tierra Blanca.

Esto revela una falta de planeación en la distribución del transporte adaptado.

Al cuestionar a la Dirección de Validad y Transporte sobre la razón de elegir estas rutas, explicó que fue decisión de los concesionarios y que ellos no cuentan con un mapa actualizado de la distribución de personas con discapacidad en la ciudad.

“No me sirven esas rutas”

Heydi Mares, madre de una niña con parálisis cerebral infantil y usuaria de silla de ruedas, compartió en entrevista con ESPEJO que, a pesar de no tener vehículo propio, no utiliza el transporte público para trasladarse con su hija a citas médicas o actividades recreativas, pues las rutas adaptadas “no son sus rumbos”, ya que vive en el noreste de Culiacán.

“Los camiones que tienen este sistema, pues no son rutas que yo ocupe. Por ejemplo, hoy mi hija tuvo cita en el CREE (Centro de Rehabilitación y Educación Especial). Vivimos en Infonavit Humaya… pues DiDi, ¿no? Es la única manera”, comparte Heydi en entrevista con ESPEJO.

Además, ninguna de las tres rutas con camiones adaptados tiene paradas accesibles frente a hospitales o clínicas especializadas. La ruta Díaz Ordaz, por ejemplo, pasa cerca del IMSS —Unidad de Medicina Familiar No. 46 (IMSS Cañadas)—, pero para llegar es necesario cruzar dos calles.

En el caso de la Penitenciaría, el colectivo pasa cerca del Hospital General Regional No. 1 del IMSS, pero hay que cruzar la calle Francisco Zarco, una zona sin semáforo peatonal, con alto flujo vehicular y un cruce apenas visible.

¿Qué dice la Ley?

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (capitulo V) y la Ley de Movilidad del Estado de Sinaloa establecen claramente que el transporte público debe contar con unidades adaptadas y accesibles para este sector de la población.

Además, en el punto 4 de los artículos transitorios de la Ley de Movilidad, se indica que el gobernador deberá establecer nuevas reglas para aplicar la ley, y mientras el nuevo reglamento no se emita, debe aplicarse lo siguiente:

“En tanto se expide dicha Reglamentación, se aplicarán, en lo conducente, los que se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley, y en todo aquello que no se oponga al contenido de la presente ley.

Misma que mínimamente deberá asegurar a las personas con discapacidad en el servicio de transporte público de pasajeros que por cada ruta, cada hora exista una unidad por cada punto de dicha ruta prestando dicho servicio.”

Hasta la fecha, el reglamento aún no ha sido presentado, y el hecho de que solo tres rutas de un total de 52 cuenten con unidades adaptadas demuestra una cobertura insuficiente. Es decir, apenas el 5.77 por ciento de las unidades están adaptadas, incumpliendo la Ley vigente.

¿Por qué no hay más camiones?

Manuel Mendívil, concesionario y dueño de las rutas mencionadas, explicó para ESPEJO que las unidades con rampas fueron financiadas por los propios transportistas, lo que contradice la versión oficial inicial, que las presentaba como parte de un programa gubernamental.

“Nosotros con recursos propios se pusieron las rampas… el gobierno no nos ayudó en nada”, afirmó.

Mendívil reconoció que hay intención de ampliar el servicio, pero la falta de recursos lo ha impedido.

“Esto tiene que ser un trabajo en conjunto para que funcione, el gobierno también nos tiene que apoyar”, expresó.

Martín Félix Félix, dirigente del transporte urbano y suburbano de Culiacán en 2015, detalló que cada camión adaptado costó un millón 980 mil pesos, lo que representa 280 mil pesos más que una unidad convencional.

Por su parte, Marco Osuna Moreno, director de Vialidad y Transporte del Estado, indicó que la falta de rutas adaptadas se debe a múltiples factores, principalmente económicos:

“Pues son muchos factores, ¿no? Y uno, y hay que reconocerlo como tal, uno de los factores es el económico. No hay un presupuesto para tal. Y como te digo, nosotros como gobierno concesionamos el permiso, y el permisionario adquiere su vehículo. Nuestra aspiración es que poco a poco, dentro del proceso de modernización, todas las rutas cuenten con unidades con rampas para discapacitados”.

A pesar de que la ley establece claramente que el servicio debe estar disponible para todas las personas con discapacidad al menos una vez por hora, la falta de reglamentación, planeación y presupuesto ha convertido ese derecho en una promesa incumplida.