Ciudad de México.- El reciente anuncio de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) sobre el llamado Proyecto Portero ha generado debate en México, particularmente por su posible relación con estados clave en el trasiego de drogas como Sinaloa.

Esta iniciativa busca desmantelar a los llamados “guardianes” de los cárteles: operadores que vigilan y controlan los corredores fronterizos por donde circulan drogas, armas y dinero. Según la DEA, la estrategia incluye cooperación en inteligencia, capacitación y tecnología con autoridades mexicanas, especialmente en la zona del suroeste estadounidense.

En Sinaloa, la noticia no ha pasado desapercibida, ya que el estado es considerado uno de los epicentros históricos del narcotráfico en el país y hogar de estructuras criminales con fuerte presencia en Estados Unidos. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no existe ningún acuerdo formal con la DEA respecto a este proyecto.

“México no se ha comprometido institucionalmente con la operación; solo se participó en un taller de capacitación”, declaró.

El gobierno federal ha insistido en que cualquier colaboración internacional en materia de seguridad debe enmarcarse en acuerdos bilaterales respetuosos de la soberanía nacional. De hecho, Sheinbaum adelantó que su administración trabaja con Washington en un nuevo pacto de cooperación que sustituirá al fallido Entendimiento Bicentenario.

Especialistas señalan que, aunque el Proyecto Portero no tenga carácter oficial en México, refleja la creciente presión de Estados Unidos para contener la crisis del fentanilo y el poder de los cárteles en regiones como Sinaloa. La preocupación de fondo es que, sin una estrategia coordinada, los intentos aislados de la DEA podrían tensar la relación bilateral.

En lo inmediato, Sinaloa vuelve a estar en la mira internacional como pieza clave en la geopolítica del narcotráfico, mientras persiste la incógnita sobre el verdadero alcance del proyecto.

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