Las agresiones del crimen contra policías continúan fortaleciendo la inquietud en los sinaloenses de cuál es la certidumbre que la seguridad pública le ofrece a la población cuando las instituciones responsables de la protección se muestran incapaces de garantizar la integridad física de sus elementos, registrando 46 víctimas letales desde el 9 de septiembre de 2024 a la fecha.

El ataque en Culiacán hoy por la mañana a otro elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ocurrido frente a las instalaciones de la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa, le resta confiabilidad a los informes de los gobiernos federal y estatal en el sentido de que van cediendo en intensidad las afectaciones por la llamada narcoguerra.

La policía de la capital del estado es la que ha sido objeto del mayor número de agresiones letales, pero la respuesta de las autoridades en materia de protocolos y operativos de protección a los agentes continúa lenta, reduciéndose la reacción al recuento de los muertos y al miedo de los ciudadanos que ven cómo los guardianes del orden son abatidos por la delincuencia organizada.

Al tratarse de hechos de sangre que merman la capacidad del estado y del municipio para darle seguridad a los culiacanenses, el gobernador Rubén Rocha y el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil tienen la obligación de informar qué hacen cada uno en su ámbito para detener la escalada de agresiones a los policías, yendo más allá de los homenajes a éstos por caer en el cumplimiento del deber.

Las balas de salva disparadas en honor de los policías asesinados son tan vanas como la impunidad que se les otorga a los perpetradores de los crímenes. La sociedad, la familia y los miembros de la corporación municipal exigen lo que merecen: justicia, apoyo a los deudos y los mecanismos que den la seguridad de que el Gobierno está cuidando a quienes nos cuidan.

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