Culiacán, Sin.- En 2008, Sinaloa atravesaba una de sus crisis de violencia más sangrientas. Las ejecuciones se multiplicaban, los cuerpos aparecían en las calles y la palabra “guerra” dejó de ser metáfora para describir la disputa entre cárteles y el gobierno encabezado por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Pero detrás de las cifras rojas, en las colonias populares y comunidades rurales, ocurría otro fenómeno menos visible, aunque igual de grave: miles de niños y adolescentes abandonaban las aulas.

El miedo, la precariedad y la falta de oportunidades fueron vaciando las escuelas, en especial en la periferia de ciudades como Culiacán, Mazatlán y Guasave. Lo que parecía un problema estrictamente educativo, con el tiempo se convirtió en un eslabón más de la cadena de la violencia. Quienes en ese entonces tenían entre 10 y 14 años, hoy forman parte del segmento de jóvenes entre 25 y 30 años que sostienen la actual guerra criminal en Sinaloa.

“¿Quiénes son las víctimas? En este momento, tanto las personas desaparecidas como las fallecidas en esta guerra son, en su mayoría, jóvenes de entre 18 y 30 años de edad. Pero esos jóvenes de hoy eran las niñas, los niños y los adolescentes de 2008. Si eso no nos deja una enseñanza importante, es porque no supimos identificar en aquel momento dónde estaban nuestros niños, niñas y adolescentes, qué estaban haciendo y por qué no estaban en la escuela”, apuntó Nuria Alejandra González Elizalde, directora de Mexicanos Primero en Sinaloa.

La historia está ahí, escrita con crudeza: mientras el Estado invertía en patrullas y operativos, dejaba intacto el terreno fértil donde el narco sembraba sus lealtades. El aula vacía fue sustituida por la esquina, las radios, las armas y la nómina de un grupo delictivo. La ausencia de políticas educativas sostenidas, de programas de retención escolar y de apoyos reales para las familias vulnerables terminó siendo una factura que hasta el día de hoy se paga con sangre.

Educación como estrategia de seguridad

La relación entre rezago educativo y criminalidad no es nueva ni exclusiva de Sinaloa. Estudios como “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México”, realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), señalan que tan solo en 2019 existían entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos. Entre los múltiples factores que los vuelven vulnerables están la violencia y el bajo nivel de escolaridad. La evidencia muestra que, a menor escolaridad, mayor vulnerabilidad frente al reclutamiento del crimen organizado. Sin embargo, la política pública local parece seguir ignorando esta ecuación.

“Nosotros proponemos que la autoridad educativa asuma un compromiso real y auténtico con la niñez y la adolescencia, y que, al garantizar el derecho a la educación y a la participación de las niñas y los niños, se pueda generar una política de prevención efectiva. Desde ahí sería posible abordar todo aquello que nos duele y asegurar que las niñas y los niños estén realmente donde deberían: en la escuela”, precisó González Elizalde.

El abandono escolar no solo significa dejar de aprender matemáticas o historia; implica perder acceso a un espacio de protección, socialización y construcción de futuro. Cada niño que se va de la escuela se convierte en un blanco más fácil para quienes ofrecen dinero rápido, poder efímero y pertenencia en un entorno marcado por la exclusión.

Hoy, con otra guerra en curso desde septiembre de 2024, los escenarios se repiten: escuelas que pierden alumnos por miedo, familias desplazadas que interrumpen la educación de sus hijos y autoridades más preocupadas en contabilizar patrullas que en garantizar aulas seguras.

La lección pendiente

La memoria debería funcionar como advertencia, señala Nuria González. Si los niños que abandonaron la escuela en 2008 hoy sostienen la guerra criminal, ¿qué pasará en 2035 con los que están desertando en este momento?

La educación no es solo un derecho humano, también es la política de seguridad más efectiva a largo plazo. Pero requiere visión, constancia y voluntad política, tres factores que la historia reciente demuestra que Sinaloa no ha sabido articular.

Mientras la violencia se sigue combatiendo con balas y despliegues militares, el aula permanece olvidada. Allí, en esos pupitres vacíos, comienza la verdadera guerra: la que se libra entre la esperanza de un futuro y la certeza de un destino marcado por la violencia.

“Viviendo una crisis de inseguridad que prácticamente impidió que las niñas y los niños completaran un ciclo escolar normal en el pasado, se generan también consecuencias en sus aprendizajes. Por ello, lo que estamos impulsando actualmente de manera muy fuerte es colocar en la agenda y como prioridad el derecho a la educación”, concluyó la titular de Mexicanos Primero en Sinaloa.

 

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