Culiacán, Sinaloa.- La Fundación Laika Protectora de Animales, A.C., fijó un posicionamiento ante lo ocurrido en la colonia Prados, donde un perro resultó atropellado, presuntamente, por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Por este hecho, la organización exige que se abra una carpeta de investigación y, además, señala negligencias de parte de los tutores, las cuales contravienen la Ley de Protección a los Animales.

La fundación señaló que este caso refleja una forma de violencia que se ha normalizado en la sociedad, al grado de que muchos desconocen que está sancionado por el Código Penal de Sinaloa (art. 364) y la Ley de Protección a los Animales del Estado (Art. 15 y 18): dejar salir a perros y gatos sin supervisión también se considera maltrato animal.

Gabriela López Juárez, maestra en Derecho y directora general de Fundación Laika, explicó en entrevista para ESPEJO que, aunque las leyes son muy claras respecto a lo que se considera maltrato, rara vez se sanciona a los tutores de los animales.

“La ley existe, pero no se aplica. No hay sanciones ni vigilancia suficiente, y socialmente todavía se normaliza que, hablando específicamente de animales domésticos, anden en la calle. Entonces escasamente, o nulamente, se sanciona a un tutor”, relató Gabriela.

Agregó que esta falta de aplicación es la principal razón por la cual esta violencia se mantiene arraigada en el pensamiento colectivo, además de otros factores, entre los cuales destacó los siguientes:

  • No hay operativos constantes ni seguimientos a las denuncias.
  • La normalización que se tiene como sociedad de ese abandono parcial y no reconocerlo como maltrato.

La directora denunció la falta de programas de concientización por parte de las autoridades municipales en torno al maltrato animal, así como la ausencia de información que explique que la omisión de cuidados —como permitir que un animal salga solo a la calle— también constituye un acto de maltrato. Afirmó que son las propias fundaciones y asociaciones las que se encargan de llevar esta información a la ciudadanía.

“Dime tú, ¿cuántas campañas has visto del ayuntamiento? Ninguna, ¿verdad? No hay. Las únicas que sé que hacemos campañas somos las protectoras, y algunas” agregó.

 

  • Escasa cultura de denuncia.

Gabriela explica que, dentro de la comunidad, existe un temor generalizado incluso ante la simple idea de presentar una denuncia, así como una percepción negativa de que no se recibirá respuesta alguna o de que, simplemente, la autoridad no tomará acción. Como resultado, muchas personas optan por no denunciar, y los casos terminan quedando en la impunidad.

En los casos en que sí se decide denunciar, estas no se presentan de manera adecuada.

Según López, en lugar de dirigirse a la autoridad correspondiente, que en este caso es el municipio, a través de la Coordinación de Protección Animal o del Departamento de Inspección y Vigilancia, las denuncias suelen enviarse a asociaciones protectoras de animales.

“Nosotros no tenemos la facultad de ejecutar ni de aplicar la ley. Entonces, nuevamente quedamos en un limbo. No hay operativos constantes ni seguimiento a las denuncias, y la autoridad actúa únicamente de manera reactiva, respondiendo solo ante noticias que generan polémica, pero sin implementar acciones preventivas”, señaló.

Ante el hecho en Prados, la directora exigió una investigación por parte de las autoridades competentes para que se aplique la ley a los responsables del atropello del perro.

“Por eso nuestra petición y postura es pedir que se investigue de manera imparcial; investigando a fondo, solo las autoridades pueden determinar si hubo o no responsabilidad de los elementos militares”, concluyo la directora.

 

 

 

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