Por Rocío Gallegos / La Verdad Juárez

En su cuarto intento por dejar la cárcel, el contralmirante Salvador G.G., uno de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) acusado por la muerte de 40 migrantes en el incendio de la estancia en Ciudad Juárez, logró este jueves el cambio de la medida cautelar para llevar en libertad el proceso penal en su contra, a cambio del pago de una fianza.

La jueza federal Edges Haydee De Santiago Wong revocó la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Salvador y en su lugar le impuso la obligación de depositar una garantía económica por 1.5 millones de pesos.

De Santiago Wong también le concedió al imputado que pueda residir en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde acreditó ser originario y tener su arraigo, mientras enfrenta el proceso penal. Aunque deberá acudir cada 15 días a Ciudad Juárez para la firma periódica que debe realizar en el Centro de Justicia Federal como imputado de la tragedia migrante.

Se le ordenó, además, entregar su visa y su pasaporte, aunque éste último el acusado lo reportó como extraviado, por lo que la juzgadora solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la cancelación del documento oficial de viaje.

Con esta resolución, Salvador G.G. quien se desempeñaba como titular de la Oficina de Representación del INM cuando ocurrió el incendio, obtendrá la libertad condicional en las próximas horas, se informó.

Durante la audiencia de este jueves el acusado dijo que es inocente, algo que viene diciendo desde octubre del año pasado cuando rompió el silencio ante el juez Juan José Chávez Montes, en ese entonces afirmó que era un chivo expiatorio.

El contralmirante es el quinto de los seis funcionarios del INM detenidos por esta tragedia que logra el cambio de medida cautelar para dejar la cárcel. Se le concedió en su cuarto intento, antes Salvador G.G. solicitó su libertad condicional en septiembre del 2023, en octubre del 2024 y en abril de este año, pero en todas se la negaron los jueces que llevaron a cabo esas audiencias.

Este jueves se la concedió por la jueza De Santiago Wong, quien por primera vez lleva una audiencia de este caso. Dos de los jueces que han intervenido en este proceso penal se jubilaron en el marco del nuevo sistema que comienza el primero de septiembre.

Los representantes del Ministerio Público (MP) federal, Nadia Figueroa, y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como el abogado Marcos Edgar Zavala Cruz, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, organización representante de ocho sobrevivientes y nueve núcleos familiares de víctimas fallecidas –que participaron a distancia a través de una videoconferencia– se opusieron a la modificación de la medida cautelar solicitada para el ahora extitular del INM en el estado de Chihuahua. Sin embargo, sus argumentos no se consideraron en la decisión de la jueza.

Salvador G. G. fue detenido y vinculado a proceso en abril del 2023 por la posible comisión de los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, homicidio y lesiones en la tragedia migrante.

El incendio ocurrió la noche del 27 de marzo del 2023. En ese hecho 40 hombres murieron encerrados asfixiados por el humo, otros 27 resultaron con lesiones de por vida y 15 mujeres sobrevivieron con estrés postraumático al incidente mientras estaban bajo el resguardo de las autoridades.

Por este hecho, 11 personas fueron imputadas, de las cuales 8 eran funcionarios del INM cuando ocurrió el incendio, entre ellos Francisco Garduño, el entonces comisionado del instituto, quien logró la suspensión condicional del proceso en su contra, a cambio de pedir una disculpa pública a las víctimas y concluir con la entrega de las compensaciones económicas del gobierno a las víctimas, entre otras medidas que no pueden llevar a cabo porque desde mayo dejó su cargo.

Actualmente, de los funcionarios del INM presentados como presuntos responsables del incendio que causó la muerte de 40 migrantes, solo permanecen en prisión Gloria Liliana R. G. y Rodolfo C. de la T, a éste último se le concendió en agosto pasado el cambio de medida cautelar, pero sigue tras las rejas porque no ha cubierto la fianza establecida en 1.5 millones de pesos.

Además, están en prisión el guardia de seguridad privada, Alan Omar P.V., y dos migrantes de Venezuela, Jeison D. C.R., y Carlos Eduardo C.R.

Otros tres funcionarios del INM siguen el proceso penal en su contra en libertad por el cambio de medida cautelar. Se trata de Daniel G.Y., quien al momento de ese hecho era el representante local Noroeste del INM; Eduardo A.M., quien entonces era jefe de Recursos Materiales del Instituto; y Juan Carlos M.C., quien se encargaba de la protección de migrantes como coordinador del Grupo Beta.

Otro de los funcionarios, Antonio Molina Díaz, también logró enfrentar el proceso en libertad acusado de ejercicio indebido de servicio público, pero presuntamente está evadido desde mayo del 2023.

Este trabajo fue realizado por La Verdad Juárez, que forma parte Territorial Alianza de Medios. Para consultar el contenido original, dar clic aquí