«Miré alrededor de mi casa y me despedí de ella»

Texto: Camilo Ocampo y Laura Buconi
Fotos: Camilo Ocampo

CIUDAD DE MÉXICO. – Sobre la calle República de Cuba, una decena de familias que vivían en 19 departamentos, ubicados en el predio número 11, quedaron a la deriva con sus pertenencias debido a un desalojo del cual nunca les avisaron. Junto con sus cosas, los recuerdos de varias generaciones que alberga un hogar quedaron amontonados. Una historia que se repite cada vez con más frecuencia en la capital, en medio de las exigencias por una vivienda digna y la lucha contra la gentrificación.

Una de esas personas es la hermana de la señora María Pérez Fernández, quien relata para Pie de Página la historia de cómo comenzaron a llegar las familias.

«Mi familia vive aquí desde hace más de sesenta años. Antes era una fábrica de maletas, pero derivado de un incendio el edificio quedó abandonado. Mi abuela paterna, madre de 8 niños, en la necesidad de un hogar, llegó al edificio y comenzó a arreglarlo para dar paso a una vivienda. Han pasado 6 generaciones en estos departamentos».

Además, relata que durante mucho tiempo pagaron una renta, pero falleció el dueño y nunca supieron nada más; seguían pagando los servicios y el mantenimiento, y agrega:

«Después, una inmobiliaria, que no recuerdo el nombre, con la cual había un convenio, también dejó de cobrarnos y el edificio quedó intestado».

Crónica del despojo

La persona asegura que su madre, la señora Irma Yolanda Fernández Jiménez, durante un tiempo se organizó con vecinos y con movimientos por la vivienda para poder hacer que el edificio estuviera en regla, pero por «azares del destino, ya no pudo continuar», asegura.

Mientras María habla, las personas caminan entre las pertenencias arrumbadas. Está bajo un paraguas junto a su hija. Al fondo, un grupo de familias se acomoda para comer en la calle en el campamento improvisado, custodiado por el grupo de granaderos “Faunos”; con extintores y sus escudos vigilan por turnos a las familias.

Y continúa con la charla:

«Yo no sé a quién va a favorecer esto. En esta calle hay muchos bares y antros, creemos que puede ser el motivo, pero a ciencia cierta no sabemos nada. Cuando decidimos protestar y quemar nuestras pertenencias, llegaron de nuevo los granaderos».

Otro de los vecinos narra:

“Nadie recibió un aviso. El miércoles 27 llegaron a las 6:40 de la mañana, se metieron por la fuerza a la puerta principal porque siempre la cerramos y subieron. Eran unas 50 unidades de granaderos, un supuesto actuario y más de 80 cargadores. Todos se veían furiosos. Subieron al segundo piso, donde se encuentran mi departamento y el de mi hija, y el actuario me gritó: ‘Tienen que desalojar. Hay una orden de desalojo’, poniéndome en la cara una carpeta, supuestamente de la orden de desalojo. Yo pedí ver la orden, pero el actuario retiró la carpeta y seguía gritando que teníamos que irnos. Empecé a gritar con todo lo que mi voz podía para pedir auxilio, pero en ese momento vi cómo otros granaderos ya estaban tirando la puerta de mis vecinos a mazazos.”

Así empieza el relato de Pedro Coronel, ex maestro pensionado, quien el miércoles 27 de agosto también fue brutalmente desalojado, junto con todos sus vecinos, del lugar que habitó por más de 55 años.

“El costo de un desalojo”

Los recuerdos y las historias de vida no tienen un precio, o al menos así debería ser; sin embargo, en la capital, frente a la entrada del edificio del Poder Judicial, varias mujeres y hombres rentan su físico para desalojar, con o sin una orden judicial. Entregan tarjetas en las que ofrecen “Lanzamientos, guardias y mudanzas”.

Para este medio, el equipo de Pie de Página llamó para conocer los precios y qué implica un desalojo. El caso inventado era sobre un edificio ubicado cerca del Centro Histórico, un predio de 300 metros cuadrados, en el que supuestamente vivían 15 familias y se iba a convertir en un proyecto inmobiliario más grande; no se contaba con una orden judicial y no existía juicio aún, todo era extrajudicial.

La voz detrás del teléfono era un hombre llamado Jorge, a quien se le expuso el caso y, después de pensarlo unos cuantos segundos, respondió:

«Si es extrajudicial es más caro, te viene saliendo como en mil 500 por lanzador; ocupamos por lo menos 15, más los que se quedan haciendo la guardia en las noches, de esos son como 800, y ya tú decides cuánta gente se queda para que no vuelvan a ingresar y tengas tiempo de hacer lo que vayas a hacer».

Dentro del caso inventado, se planteó que los vecinos que vivían en el predio lo más probable es que no quisieran salir y se tenía que usar la fuerza.

Y asegura:

«Por eso no te preocupes, la gente que traemos es recia y hacen bien las cosas, el equipo es cabrón, no te preocupes».

De acuerdo con Jorge, la presencia de la policía solo es posible si se tiene una orden; mientras no, todo lo operan las personas contratadas.

La conversación es corta. Jorge solo se limita a decir que el valor aproximado es de 22 mil a 35 mil pesos, y en cuanto se haga el pago se comienza a buscar a las personas.

Así, frente a la representación del Poder Judicial, los desalojos extrajudiciales se pactan, en una zona transitada por abogados que también recurren a sus servicios.

Sobre eso, Clara Brugada afirmó que se buscará crear un protocolo para vigilar los despojos por medio de la fuerza. Planteó que estas prácticas violentan los derechos humanos de las personas y estos grupos también son utilizados como grupos de choque.

“Queremos tener mayor participación para garantizar derechos humanos en cualquier acto de desalojo. Aunque sea legal, tiene efectos muy fuertes en las familias y allí es donde vamos a actuar”, aseguró la jefa de gobierno.

Preguntas quedan en el aire: ¿Quiénes son estos grupos? ¿Quién tiene la capacidad de movilizar a tantas personas que estén dispuestas a enfrentarse físicamente contra vecinos y vecinas?

«Papá, ¿qué hago?»

Mientras la discusión continúa al interior del gobierno, el señor Pedro narra desde un lugar que no es hogar:

“Un vecino vive con su mamá, una señora de casi 90 años que está enferma y que ya no puede caminar. Los granaderos los sacaron a la fuerza, y sentí muchísima rabia e impotencia hacia esa actitud de prepotencia. En ese momento mi hija, quien vive en el departamento al lado del mío, me gritó: ‘Papá, ¿qué hago?’ Estaba llorando mientras golpeaban la puerta de su departamento hasta tirarla. Yo estaba temblando, estaba muy nervioso, no estaba llorando pero a punto de llorar. Me fui a mi recámara, donde tengo mis cosas de valor, me senté en la cama y ya para entonces mis pobres animales, mis compañeritos de vida, que son dos gatos, estaban asustadísimos. Los resguardé en sus kennels y eché mis pertenencias de valor a una maleta de ruedas. En fin, miré alrededor de mi casa y me despedí de ella.”

Pedro relata que a medida que él y su hija fueron bajando las escaleras del edificio al salir, iban llegando muchos jóvenes encapuchados, que se unían a la barrera de granaderos situados a ambos lados de la calle. “Tenían sudaderas con capucha o capuchas muy ajustadas, y algunos traían lentes oscuros. Yo conté una fila de 15 personas y otra fila del otro lado de 12 personas, mujeres y hombres que venían formados en fila india, como si fueran militares.”

Mientras tanto, los cargadores iban bajando a la calle algunas de las pertenencias de los inquilinos de República de Cuba número 11, de manera totalmente arbitraria: “No bajaron mi escritorio, ni mi estufa y mis muebles de la cocina. Desde joven soy apasionado por la lectura: sí bajaron mis libros a la calle, pero los libreros no”, lamenta Pedro Coronel.

“Rompieron cosas, aventaron de un primer piso un mueble de un señor que también vive solo. Otros vecinos denuncian que les quitaron sus celulares y dinero. Yo aún no encuentro mi cámara fotográfica”, añade.

Desde ese mismo día, en la tarde, los vecinos empezaron pláticas con el gobierno de la ciudad. “Están apoyando a unos compañeros con hotel, y nos sugieren que tomemos una ayuda de 4000 pesos mensuales para una renta mientras encontramos algo. Con esa renta sí me alcanza para una casa de campaña para acampar a la orilla de la carretera”, ironiza Coronel, subrayando el avance desmedido de la gentrificación en la ciudad.

El inmueble de República de Cuba, que cuenta con 19 departamentos y ocho accesorios, lo desalojaron en su totalidad. “Los compañeros que trabajaban en los accesorios quedaron desempleados. El 70% de la población que habita en el edificio somos jubilados, gente de la tercera edad”, explica Pedro.

Algunos vecinos desconfían de la capacidad del gobierno de la ciudad para recuperar los inmuebles de República de Cuba y de la calle Tonalá, en la Roma Norte, desalojado el día anterior.

“Siento que esto viene de más arriba del gobierno, de gente que no se dedica a cosas buenas. Quieren adueñarse de las cuatro esquinas de la calle, ya tienen dos: la esquina del Salón El Marrakech y La Purísima. Sospechamos que la misma organización haya ordenado ambos desalojos, ya que fueron realizados con el mismo modus operandi y la orden llegó del mismo Juzgado 54 de lo civil”, comparten.

¿Qué implica un desalojo?

Silvia Emanuelli, directora de la oficina en Latinoamérica de la Coalición Internacional del Hábitat, reflexiona:

«No todos los desalojos son judiciales; hay desalojos que se hacen por presiones de grupos delictivos, hay desalojos que son, por así decirlo, silenciosos. Hasta ahora hemos recibido quejas numerosas de personas que afirman que los dueños de las viviendas están renovando los contratos, pero solo con incrementos mayores a lo que establece el Código Civil, y esto hace que varias personas se vayan de las viviendas.

Estos no son desalojos judiciales, como decíamos, pero son bastante numerosos; no tenemos, digamos, un número preciso. No hay claramente datos sobre los promotores y financiadores de los desalojos, pero sí hemos visto algunas situaciones en las cuales los mismos despachos de abogados llevan a cabo los desalojos para determinadas empresas, después de haber comprado edificios donde viven inquilinos e inquilinas, a los cuales en ocasiones no se les ha respetado, por ejemplo, el derecho al tanto, como en el caso del edificio Trevi y de otros».

En muchas otras ocasiones, los desalojos pueden derivar de litigios entre personas que sostienen ser dueñas de un determinado edificio. Esto parece ser lo que ha pasado en la calle de Cuba en el último desalojo. En efecto, como sabemos, también hay una serie de desalojos que derivan de la corrupción de diferentes actores».

Son desalojos en los cuales hemos evaluado que hay una serie de documentos apócrifos que son usados durante el juicio para que se atribuya a una persona un edificio que en realidad podría haber quedado intestado, que no tiene ningún dueño claro, y ahí se insertan una serie de actos de corrupción que llevan efectivamente a que se atribuya a una determinada persona, una determinada empresa, un edificio sin que existan realmente las pruebas de que sean dueños del mismo; pero es un entramado complejo y hay una serie de variables no siempre fáciles de analizar».

También hemos asistido en varias colonias centrales a situaciones en las cuales personas que vivían durante muchos años pagando la renta son desalojadas o se les pide simplemente que dejen el edificio; no se les renueva el contrato porque los nuevos dueños, muchas veces jóvenes en relación con los padres que durante años rentaron a una misma persona, consideran que es más atractivo económicamente ofrecer la vivienda por plataformas digitales y, por lo tanto, deciden no renovar contratos a las personas que vivían en estos edificios durante años con precios relativamente más bajos de los que se pueden ganar a través de diferentes plataformas. Entonces, sí hay algunos desalojos que tienen esas características, sobre todo en las alcaldías con mayor concentración de viviendas ocupadas por plataformas».

La respuesta gubernamental

Emanuelli continúa, ahora explicando los alcances de la respuesta del gobierno:

«A mí me parece, en cuanto a recomendaciones, que lo que ayer anunció la jefa de gobierno de la Ciudad de México en materia de desalojos responde a una serie de propuestas que en los últimos años las organizaciones de derecho a la vivienda han hecho al gobierno. La idea de tener un protocolo de actuación frente a los desalojos es un tema de relevancia».

En realidad, ya hace casi 10 años, las organizaciones de derechos humanos trabajamos en mesas intergubernamentales en las cuales estaba también representado el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y solicitamos la conformación, la creación de un protocolo de actuación en casos de desalojos que respetara los derechos humanos de la población».

Este protocolo se logró. El Tribunal de Justicia no lo construyó de forma colectiva con los grupos que se lo estuvimos solicitando; lo publicó durante un día, no iba a ser obligatorio para sus jueces, pero de todas formas eran lineamientos que sí respondían a las obligaciones del Estado en materia de derecho a la vivienda adecuada y derechos humanos en general, e inmediatamente después lo dio de baja de su página web. Esto, obviamente, no nos quedó claro por qué sucedió y no sabemos; parece que el tribunal no lo está siguiendo. Entonces, eso puede ser un ejemplo».

El tribunal, además, está absolutamente obligado, en la lógica del derecho a la vivienda adecuada, a dar noticia a las autoridades antes de que se lleve a cabo un desalojo de la presencia en el mismo de población prioritaria, como niños o adultos mayores, para que justamente se evite que esas personas queden en la calle.

Es ahí donde el tribunal ha fallado, desde mi punto de vista, en estos últimos desalojos, porque ha razonado únicamente desde una óptica del derecho civil, evaluando qué es lo central —en este caso, los dueños del edificio— y despreocupándose del derecho a la vivienda adecuada de la población vulnerable que vivía en este edificio de Cuba, y que resultó claro que es población vulnerable, ya que son adultos mayores, ya que son niños, personas que además tienen respiradores; en fin, el tribunal hubiera debido avisar a las autoridades correspondientes de esta situación justamente para evitar que las personas vivieran un desalojo violento y un desalojo que las dejara en una situación todavía de mayor vulnerabilidad».

Entiendo que la jefa de gobierno, el día de ayer en la conferencia de prensa, ha planteado que sí se van a cambiar los marcos legales para poder obligar al tribunal en este sentido, pero el tribunal mismo ya tiene esta obligación a partir de los tratados internacionales en materia de vivienda adecuada».

También es muy relevante que la Ciudad de México haya planteado la necesidad de reglamentar la figura de los cargadores, que son las personas que, con mucha violencia, en ocasiones robando, destruyendo pertenencias, apoyan a los propietarios para recuperar la posesión. Si bien entendemos que pueden existir desalojos justificados, no hay razón para que esas personas intervengan sin ningún lineamiento en materia de lo que se puede y no se puede hacer».

No hay justificación de que destruyan pertenencias, de que roben; en ocasiones fueron acusados de acoso. Todo esto no debería suceder, si bien el dueño tiene derecho a recuperar su propiedad. También es fundamental que la jefa de gobierno esté planteando que se den viviendas alternativas a las personas vulnerables desalojadas, a los grupos prioritarios desalojados».

El día del desalojo en Cuba, de todas formas, entendemos que intervino la Secretaría de Vivienda para justamente ofrecer a estas personas tanto la permanencia en un hotel durante por lo menos una semana, como el apoyo a renta para encontrar una vivienda alternativa. Entonces, de alguna manera, ya se está yendo en la dirección de asegurar a las personas vulnerables un lugar alternativo a donde vivir».

Esto creo que es importante; no lo hemos visto en tantos años en los cuales hemos trabajado este tema en la Ciudad de México. Las respuestas, yo espero, que llegarán con mucha contundencia a partir de lo que ayer mencionó la jefa de gobierno en la conferencia de prensa».