Culiacán, Sin.- La fecha límite se acerca y la incertidumbre persiste. A menos de dos semanas de que venza el plazo legal para la creación de la Vicefiscalía de Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Sinaloa, la sociedad civil exige a la Fiscalía General del Estado (FGES) un proceso abierto, transparente y con garantías de autonomía.
En rueda de prensa, la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos denunció que hasta hoy no existe información pública sobre cómo se integrará esta nueva área ministerial ni sobre los perfiles que podrían encabezarla, a pesar de que la Ley Orgánica de la FGES y la Constitución establecen la obligación de garantizar procesos con participación ciudadana.
“Se dio un plazo de 90 días para hacer las adecuaciones internas y dar vida a esta fiscalía. Sin embargo, no se ha convocado a la sociedad civil ni a la ciudadanía para conocer cómo se va a integrar”, señaló Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa.
El periodista Jesús Bustamante Rivera, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, advirtió que la Vicefiscalía no debe convertirse en un ente decorativo.
“Debe servir para combatir la impunidad y brindar justicia a quienes enfrentan delitos por ejercer su profesión. De lo contrario, será una oficina más a modo”.
Las cifras respaldan la urgencia. De agosto de 2022 a junio de 2025, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas documentó 198 agresiones, de las cuales 97 fueron contra periodistas y 101 contra personas defensoras. La mayoría no denuncia por temor a represalias y desconfianza institucional, lo que deja las agresiones en total impunidad.
El pronunciamiento colectivo incluye cinco exigencias concretas:
- Integrar personal especializado en libertad de expresión y derechos humanos.
- Garantizar presupuesto suficiente y autonomía.
- Establecer mecanismos de rendición de cuentas y mesas de diálogo con víctimas.
- Definir criterios claros para reclasificar casos y notificar a las víctimas.
- Incorporar la participación ciudadana en la elaboración del reglamento.
El plazo vence el 12 de septiembre. En caso de que la Vicefiscalía nazca sin estructura sólida ni garantías de justicia, la Red anunció que promoverá un amparo.
El llamado reunió a organizaciones como el Colectivo Esposas y Familiares de Agentes de Seguridad Estatales Detenidos y Desaparecidos por Militares en 1977, Iniciativa Sinaloa AC, Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Tacuichamona MX, Uniendo Corazones y la Asociación de Periodistas 7 de Junio, además de periodistas y activistas reconocidos en el estado.
El mensaje es claro: sin participación ciudadana ni transparencia, la Vicefiscalía podría nacer muerta.
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