Culiacán, Sin.- A punto de cumplirse un año del estallido de violencia derivado de la guerra intestina del Cártel de Sinaloa, el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) presentaron un balance con cifras que dimensionan la barbarie: un incremento sin precedentes en homicidios, desapariciones y delitos patrimoniales, así como la urgencia de construir una agenda poscrisis que permita recomponer el tejido social.
Miguel Ángel Calderón Quevedo, titular del CESP, recordó que la violencia no ha cesado desde septiembre de 2024, cuando se detonó la fractura interna del cártel tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada García y el asesinato del político Héctor Melesio Cuén Ojeda. La secuela, dijo, se siente en todos los ámbitos de la vida pública: familias rotas, escuelas en zozobra y una iniciativa privada sometida al miedo.
“Se trata de hacer un balance de lo sucedido al cumplirse el martes próximo un año de la crisis de inseguridad, pero también de hablar de una agenda poscrisis. En algún momento esto cederá, en algún momento acabará, y debemos preguntarnos hasta qué punto hemos reflexionado sobre lo que viene después”, señaló.
El estallido coincidió con un momento de transición política: Claudia Sheinbaum Pardo asumiría la presidencia el 1 de noviembre, circunstancia que colocó a las instituciones en un estado de vulnerabilidad frente al crimen organizado. Sin embargo, no fue la respuesta gubernamental inmediata lo que contuvo los efectos más graves, sino la presión de la sociedad a través de marchas, plantones y la atención mediática, lo que obligó a desplegar estrategias de seguridad en todos los niveles de gobierno.
El informe fue presentado ante medios de comunicación en las instalaciones de la CEDH en Culiacán.
El informe presentado muestra que, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, los delitos de alto impacto se dispararon a niveles nunca antes registrados. El robo a casa habitación pasó de 40 denuncias mensuales en promedio antes de la crisis a 207 en junio de este año. Los homicidios alcanzaron en julio pasado un máximo histórico con casi siete asesinatos diarios, cuando la media en años previos era de apenas 1.5.
Las desapariciones forzadas se convirtieron en otro de los indicadores más alarmantes, tan solo en julio de 2025 se abrieron 233 carpetas de investigación, contra las 70 que se contabilizaban en un mes típico antes de la crisis. El robo de vehículos pasó de 209 en mayo de 2024 a casi 700 en el mismo mes de este año, mientras que el robo a comercios alcanzó en marzo pasado su punto más alto con más de 220 denuncias, más del doble de lo habitual.
Calderón Quevedo reconoció que la llegada de fuerzas federales fue clave para contener la ola criminal, aunque advirtió que Sinaloa sigue arrastrando un déficit crítico en materia de seguridad.
“Hoy tenemos apenas 500 agentes operativos cuando deberíamos contar al menos con dos mil. Esta crisis debe servir para exigir más recursos y fortalecer nuestras instituciones”, subrayó.
Por su parte, Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, advirtió que el impacto de la violencia ha sido devastador en los sectores más vulnerables: niños, mujeres y periodistas. Según cifras oficiales, en este periodo se registraron 76 mujeres asesinadas, 50 menores de edad víctimas de la violencia, 64 agresiones contra periodistas y 1 mil 907 desapariciones reconocidas. Sin embargo, los colectivos de búsqueda aseguran que la cifra real supera las 2 mil 800.
Loza Ochoa planteó que este panorama debe asumirse como una llamada de atención.
“Es tarea de todos, de la autoridad y de la sociedad. Nos encontramos en medio del ojo del huracán, en la tormenta que hemos vivido, y es necesario hablar de las tareas comunes que tenemos que emprender”.
A pesar de lo desolador de las cifras, el informe rescata un elemento fundamental: la resiliencia de la sociedad sinaloense. Familias, comunidades y organizaciones han mantenido la esperanza y siguen apostando a la reconstrucción del futuro, especialmente en Culiacán, la ciudad más golpeada por la guerra intestina.
De cara al diseño del presupuesto estatal 2026, tanto el CESP como la CEDH coincidieron en que será decisivo priorizar el fortalecimiento de policías, ministerios públicos y peritos. La meta, explicaron, es alinearse con los lineamientos nacionales que plantean un aumento del 25 por ciento en agentes operativos y del 30 por ciento en fiscales investigadores.
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