Por Eduardo Esparza

Camino a la escuela.

 

02 de junio de 2025, 8 A.M., verano caluroso en Mazatlán, Sinaloa, mientras desayuno, recibo un mensaje de texto y una foto de pantalla de una amiga: “Hoy les tocó [a mis hijos] ver esto en el camino a la escuela”. Ese día, poco después de las siete de la mañana, cuando el tráfico escolar estaba en pleno apogeo, frente a la entrada del zoológico de Culiacán, alguien dejó una cabeza humana y un narcomensaje. Como si fuera una ofrenda anónima al desconcierto.

No supe qué responder. Solo pensé que algo muy jodido estaba pasando si ver una cabeza humana antes de llegar a la escuela comenzaba a formar parte de la rutina familiar.

12 meses después del estallido del conflicto en Sinaloa, el estado ha sido arrastrado a una espiral de violencia que no cesa. Desde septiembre de 2024, el cartel de Sinaloa sufrió una ruptura trás la captura del legendario narco Ismael “Mayo” Zambada, desde entonces los grupos de “Los Chapitos” y “Los Mayos” han luchado encarnizadamente por el dominio de territorios, han transformado comunidades enteras en zonas fantasmas. Calles vacías, escuelas cerradas y comercios saqueados son parte del paisaje.

El miedo se volvió rutina en Culiacán, epicentro del conflicto, y otros municipios: toque de queda informal, presencia militar constante y un sistema de justicia completamente rebasado.
Pese al escalamiento del conflicto, el gobierno federal ha mostrado una mezcla de indiferencia y silencio político. El discurso dominante ha sido minimizar la situación, reducirla a “ajustes entre bandas criminales” y justificar el operativo militar como “una estrategia de contención”. Según reportes de la Sedena, tan solo en los últimos doce meses, más de 11,000 elementos del Ejército y la Guardia Nacional han sido desplegados en Sinaloa, sin embargo esto no ha detenido la violencia.

Todos los días pasa algo para recordarte que las cosas no están bien en Sinaloa.

Como película de gangsters, este conflicto ha transcurrido entre plomo y sangre: traiciones, venganzas, secuestros y desaparecidos, capturas espectaculares de narcos y sicarios, despliegue militar, asesinatos de policías y un sin fin de atrocidades en plena vía pública o frente a las cámaras.

El 30 de Junio, al amanecer en Culiacán, 20 cuerpos fueron abandonados en una carretera al norte de la ciudad, 16 en el interiror una camioneta calcinada; en el mismo sitio, otros cuatro cadáveres decapitados fueron colgados de un puente. Las escenas, registradas en video antes de ser censuradas, fueron captadas por personas que transitaban la carretera, y por menores de edad desde camiones escolares. El acontecimiento inmediatamente fue noticia nacional, pero en Sinaloa, pese a la evidencia el incidente fue minimizado, durante la semanera el gobernador Ruben Rocha Moya estuvo ausente, ese día durante la conferencia de prensa se trataron temas relacionados al turismo en Sinaloa.

A esta crisis de seguridad se suma el impacto económico. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sinaloa perdió cerca de 20,430 empleos en los últimos doce meses, una caída que no se veía desde la pandemia del Covid-19 en 2020. Las actividades agrícolas y pesqueras, esenciales para la región, se han desplomado por bloqueos carreteros, extorsiones y desplazamiento de trabajadores.

Pero quizás el saldo más trágico del conflicto ha sido el de las infancias. La guerra ha dejado en Sinaloa más de 1,700 homicidios y más de 2,300 desapariciones, según cifras no oficiales recabadas por organizaciones civiles, periodistas locales y reportes forenses. A esta cifra se suman más de 55 niñas, niños y adolescentes asesinados, víctimas colaterales de una guerra que no eligieron. Escuelas primarias han cerrado por miedo o han pasado a modalidad virtual; esto se dificulta en las zonas rurales por el poco acceso a internet. Psicólogos y docentes han denunciado un incremento alarmante en trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático entre menores, esto según datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa.

A pesar del gran despliegue militar por parte del Gobierno Federal, este no ha sido suficiente para detener la violencia que se vive en el Estado. Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Culiacá, Sinaloa, nueve de cada 10 personas revelaron sentirse inseguras en la entidad.

La declaración de “El Mayo” y el informe de Sheinbaum

 

El 25 de Agosto, Ismael “El Mayo” Zambada, se declaró culpable de cargos de tráfico de drogas en un tribunal de Nueva York. “Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a los pueblos de Estados Unidos, México y otros lugares”, dijo. Luego mencionó que su cartel sobornó a policías, mandos militares y políticos para proteger a su organización en sus actividades delictivas, informó la agencia Reuters.

“Vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno, el 1 de Septiembre, además indicó que los homicidios han bajado un 15% en el país, cifra que contrasta con lo recabado el mes de Julio que “destacó por ser el cuarto mes con más homicidios desde el inicio de la guerra en Sinaloa”.

El Secretario de Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que del 1 de octubre de 2024 al 18 de agosto de 2025, se han detenido a 1,615 personas y se han asegurado más de 3,000 armas de fuego en Sinaloa. Por mucho que el gobierno refuerce los operativos de seguridad en el Estado, estos han sido deficientes, en lo que va del conflicto han sido asesinados 47 agentes policíacos de diferentes corporaciones.

Con la herida abierta

 

A un año del conflicto la sociedad “culichi” pide paz, el pasado domingo 7 de septiembre más de 50,000 personas marcharon por las calles de Culiacán exigiendo paz y alto al fuego, además los gritos de “fuera Rocha” resonaron en coro. Colectivos de madres buscadoras, empresarios y sociedad civil acompañada de niñas, niños y adolescentes participaron en la movilización. Al día siguiente, el Gobernador Rocha Moya, felicitó a los asistentes de la marcha, declaración de mal gusto para una sociedad resentida con sus políticos y gobernantes, una sociedad violentada y traumatizada por lo hechos siniestros que han rebasado los límites del entendimiento.

¿Cómo sostener una infancia cuando el futuro está atravesado por el plomo?

¿Cómo entrar a clases cuando tus compañeros faltan y nadie dice por qué?

¿Cómo volver al zoológico después de ver una cabeza humana en la banqueta?

Quizás, la imagen más clara de este conflicto no sea una balacera, ni un convoy, son los rostros de las niñas y niños que han sido testigos de esta guerra no declarada en Sinaloa, como aquella cabeza humana fuera del zoológico. Porque ahí, en esa escena mínima y desgarradora, cabe todo el horror de un país que dejó de proteger a su infancia. La omisión institucional, la narrativa oficial que legitima la militarización y la falta de una política de paz han convertido esta guerra en una tragedia nacional apenas reconocida.