Culiacán, Sin.- El fin de semana más fatal para las mujeres en lo que va de la guerra interna en Sinaloa dejó cuatro feminicidios en apenas tres días. Entre el 12 y 14 de septiembre fueron asesinadas Paola Isabel, Any, María Fernanda y Jesamel, tres en Culiacán y una en Altata, Navolato. Todas fueron clasificadas por la Fiscalía como feminicidios, aunque la impunidad sigue siendo la constante.

Los hechos ocurrieron en espacios públicos y privados, incluso en presencia de menores de edad. Desde irrupciones armadas en viviendas hasta ataques directos en la vía pública y en un vehículo familiar, la violencia volvió a colocar a las mujeres en el centro de la guerra que desde septiembre de 2024 mantiene en vilo al estado.

Hasta el 31 de agosto de 2025, Sinaloa acumulaba 47 asesinatos de mujeres, una cifra que refleja el recrudecimiento de la violencia feminicida en paralelo al conflicto criminal.

Las mujeres como “territorio de guerra”

 

Cristina Tortolero, integrante de la colectiva Amapas del Norte, advirtió que los feminicidios son utilizados como un instrumento más de la violencia en el contexto de guerra.

“Las mujeres somos el primer territorio de las violencias. Estos crímenes muestran la ineficacia de las políticas públicas y la falta de acciones gubernamentales para la protección de niñas, adolescentes y mujeres. Las autoridades incluso se excusan para no tipificar feminicidios, reduciendo la gravedad de los hechos”.

Para las colectivas, más allá de las cifras oficiales, la realidad es que la violencia contra mujeres se ha intensificado bajo el argumento de “daños colaterales”. Sin embargo, cada una de estas víctimas tenía nombre, familia, historias y derechos que fueron ignorados por el Estado.

Tortolero añadió que muchos cuerpos de mujeres hallados con signos de violencia son clasificados como víctimas indirectas o se minimizan, incluso cuando cumplen con las condiciones legales de feminicidio:

“Exhortamos a que las autoridades realmente tipifiquen y den seguimiento a cada caso. El resultado es siempre el mismo: una persona que ya no está y que, lamentablemente, no recibe justicia porque la fiscalía y el Poder Judicial no actúan”.

 

Violencia intergeneracional y secuelas en el tejido social

 

Desde la colectiva Perlas del Pacífico, la socióloga y enfermera Annie Azueta destacó que la violencia también afecta directamente a las infancias que presencian los ataques o resultan heridas en medio de los hechos:

“En estos asesinatos estuvieron presentes menores de edad. Las infancias también están siendo víctimas, y eso va a dejar secuelas en el tejido social a corto, mediano y largo plazo. Estamos viendo un patrón que persiste, que no son hechos aislados, como repite el gobernador. La omisión de las autoridades también es violencia porque refuerza la impunidad”.

Azueta subrayó que la violencia no solo es física, sino también psicológica y social. Las mujeres han tenido que modificar sus rutinas, evitar espacios públicos y desarrollar técnicas de autocuidado cada vez más extremas. Este estado de alerta permanente deteriora el tejido social y refuerza la normalización de la violencia.

La indiferencia como herida colectiva

 

Para Frida Izaguirre, también miembro de Perlas del Pacífico, uno de los agravantes más dolorosos es la indiferencia con la que las autoridades enfrentan los hechos.

“Que un día después de un asesinato la presidenta municipal publique que Mazatlán amaneció muy bonito refleja la desconexión con la realidad. Esa indiferencia nos hace sentir más en soledad. Esta violencia ya está dañando la salud mental de toda la población, porque se normaliza el miedo y vivimos con una herida colectiva”.

Izaguirre alertó que la violencia no solo afecta a las víctimas directas y sus familias, sino que permea en toda la sociedad, generando un daño psicológico colectivo difícil de revertir.

Omisión institucional y falta de políticas efectivas

 

El silencio institucional ha sido un tema recurrente en los posicionamientos de las colectivas. Aunque la Fiscalía de Sinaloa tipifica los casos como feminicidios, las activistas cuestionan si realmente habrá sanciones y justicia para las víctimas.

Cristina Tortolero puntualizó que la Secretaría de las Mujeres ha buscado “escuchar” a las colectivas, pero sin acciones concretas ni seguimiento.

“Se nos convoca periódicamente para expresar nuestras demandas, pero no hay resultados. Ya no estamos dispuestas a sentarnos a escuchar promesas sin consecuencias. El día que nos reunamos será porque la Secretaría tiene un trabajo que presentar y pruebas de seguimiento de lo que ya se ha comprometido”.

Esta postura coincidió con la de Annie Azueta.

“La violencia feminicida no solo la cometen los agresores. También debemos tomar en cuenta la omisión de las autoridades. Su falta de acción refuerza la impunidad que perpetúa la violencia contra las mujeres”.

Esta situación evidencia la débil coordinación institucional y la ineficacia de políticas públicas con perspectiva de género en Sinaloa, dejando a mujeres, adolescentes e infancias expuestas en un contexto de guerra criminal.

Al cierre de esta edición, Revista ESPEJO intentó contactar en cinco ocasiones a Ana Francis Chiquete Elizalde, titular de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, por vía telefónica y mensajes de texto, sin obtener respuesta.

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