Texto: Andre Amaya y Camilo Ocampo

CIUDAD DE MÉXICO. – Cuando ocurre una tragedia como la de Iztapalapa, ¿a quién debemos responsabilizar? ¿Al sistema que prioriza la ganancia antes que la vida? ¿Al gobierno que permite los monopolios pese a las irregularidades? ¿A las regulaciones con respecto al tratamiento del gas licuado? o ¿Al trabajador que arriesga su vida para transportar el gas? Estas preguntas surgen con escenas como las del 10 de septiembre, que no son aisladas.

Nadie esperaba que una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP volcara sobre el puente de la Concordia en Iztapalapa y causara la muerte de 10 personas y lesionara a 90. Sin embargo, sí se tuvieron advertencias y antecedentes de lo que ocurrió y puede volver a pasar si los camiones que transportan tanto material inflamable circulan entre las calles y avenidas cotidianamente.

Los responsables

En primera instancia, el gobierno de la capital puso en custodia al operador de la pipa, un hombre de 53 años que sufrió quemaduras en 90% de su cuerpo, al que inmediatamente se le abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades por los delitos de homicidio culposo, lesiones y daños. Sin embargo, la sociedad apunta a otro lado.

El dedo de una parte de la opinión pública señala al Grupo Tomza, que en 2003 controlaba el 98% de la venta de gas doméstico, el mismo que tiene presencia en más de 15 estados y 6 países de Centroamérica.

La pipa que provocó el siniestro es de Grupo Silza, perteneciente al conglomerado gasero, propiedad de la familia Zaragoza: Tomás Zaragoza Ito y Tomás Zaragoza Fuentes.

Estos nombres ya habían sido investigados por Contralínea en 2007 derivado de presuntos actos de corrupción entrelazados con Petróleos Mexicanos y el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; sin embargo, dicho trabajo derivó en que los representantes de Zeta Gas (otra filial de Tomza), presidida por Jesús Alonso Zaragoza López, entraran en la redacción del medio y amenazaran al director y a una periodista; también presentaron demandas.

Ahora, tras lo ocurrido en la capital, la investigación se retomó y el grupo ha sido señalado por prácticas anticompetitivas y por otras tragedias.

La historia del grupo

Grupo Tomza tiene un largo historial de acusaciones. En primer lugar, es responsable de las explosiones de Puebla en 2007 y 2014 de otra pipa, en Yucatán en 2013, de las explosiones de plantas en Veracruz durante 2014, también en 2016 en el estado de Guerrero y, más recientemente, el choque en Mocorito, Sinaloa; todas han dejado víctimas.

Tomza es una empresa dedicada a la venta de Gas Licuado de Petróleo, que opera en mar y tierra el almacenamiento y distribución de gas LP.

Pero también ha sido beneficiada por los gobiernos que han pasado y el actual, lo cual le ha ayudado a consolidarse como un monopolio gasero y de gasolina, con contratos millonarios y por su cercanía a Lozoya.

Con el gobierno actual, según datos recopilados por distintos medios, existen 4 contratos por 11 millones de pesos para la empresa de gas Silza, aun cuando le habían impuesto una multa por 2 mil 400 millones de pesos por la manipulación de los precios y acusarla de monopolio.

Además, en 2007 la Secretaría de Energía le impuso una multa de 52 millones por la explosión en Puebla; también se le acusó en 2016 por «ordeñar» cilindros en Jalisco y de estar involucrada en temas de extracción ilegal de combustible.

El grupo opera con filiales en Sinaloa, Puebla, Jalisco, Oaxaca, Veracruz y Estado de México, mientras que varias de sus marcas —como Silza, Tomzagas del Bajío, Setza, Gas Zaragoza y Gas del Bajío— están registradas bajo Industrias Zaragoza, División de Productos Metálicos S.A. de C.V.

Un reportaje de El Universal reveló que los hermanos Miguel y Tomás Zaragoza Fuentes, al frente de Grupo Tomza y Grupo Zeta Gas, concentraban 58 de los 92 permisos de distribución en Baja California, configurando un posible duopolio que obstaculizó la entrada de competidores como Súper Gas y Blue Propane. Pese a negar vínculos empresariales, documentos notariales confirmaron la red familiar que domina el mercado.

Además, Gas Silza obtuvo al menos 17 contratos por adjudicación directa con el gobierno de Baja California y el ayuntamiento de Tijuana, por más de 8 millones de pesos.

Pero la historia también se cuenta de otro lado, de quienes sufren las tragedias, el pueblo de a pie.

Desigualdad urbana en la periferia: la tragedia no fue un hecho aislado

A propósito de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia, Erick Serna Luna, Dr. en Estudios Urbanos y Ambientales por El Colegio de México, en entrevista para Pie de Página reflexiona al respecto desde una sociología urbana que parte de una perspectiva territorial.

El académico utiliza el concepto de los círculos concéntricos de la Escuela de Chicago para explicar cómo la distancia partiendo del centro de la ciudad determina el nivel de riesgo: «En la medida en la que nos alejamos de la zona central de la ciudad, es decir, del centro histórico, tomándolo como punto de referencia, comienzan a acentuarse los riesgos, las vulnerabilidades, las violencias y me parece que, retomando la teoría de la Escuela de Chicago de los círculos concéntricos, estas desigualdades justo se acentúan en las periferias, en las fronteras entre Ciudad de México y Estado de México», afirma.

En cuanto al impacto de la tragedia, el miembro del Sistema Nacional de Investigadores destaca dos líneas estructurales: las estructuras sociopolíticas y las estructuras socioemocionales de las tragedias. Y asegura que el primer paso es el impacto que conmociona:

«El primer paso es el impacto, es esto que nos conmociona, que nos duele emocionalmente, que saca lo mejor de la ciudad, es decir, esa solidaridad, la solidaridad territorial que emerge de una tragedia. La ciudad, me parece, que históricamente ha sido así. Es una ciudad que saca lo mejor de sí cuando emergen tragedias: cuando emerge el terremoto del 85, el del 2017, la tragedia del 3 de mayo en el metro de la Línea 12. Sale lo mejor de la ciudadanía en esta solidaridad territorial», explica.

Después sigue el duelo y el reclamo social, asegura:

«Luego viene el duelo, la indignación social por la tragedia, por las personas deudos de quienes han fallecido, de quienes quedan lastimadas; el gobierno que se lamenta, se solidariza, da indemnizaciones. Después puede que venga un período de reclamo social fuerte, necesario, una exigencia de justicia territorial, de justicia social, pero después lo más preocupante es que todo viene otra vez al olvido».

Para el Dr. Serna, la Ciudad de México es un territorio con un alto grado de riesgo, de incertidumbre y de vulnerabilidad, y para quienes habitan las periferias existen condiciones estructurales de riesgo:

«Las personas que salimos de nuestras casas no sabemos si vamos a regresar, porque en la vida cotidiana de esta ciudad, en la vida urbana, atravesamos muchas incertidumbres, muchas violencias que se van incrementando por cuestiones territoriales; es decir, entre más distancia tengas que recorrer para llegar a tu centro de trabajo, a tu centro educativo, pues tienes más riesgo de que haya un accidente vial, de que falle el metro, de que choque algún auto».

Carencia de planeación urbana

El especialista en Estudios Urbanos y Ambientales asegura que existe una carencia de planeación urbana que se ve reflejada en la falta de un plan de desarrollo general a nivel ciudad y alcaldías, y afirma que es necesaria una coordinación metropolitana que ponga en orden los temas de riesgos urbanos.

«Hace falta una coordinación metropolitana que ponga en orden todos los temas, en primera instancia, de riesgos urbanos: recordemos que el riesgo tiene causas naturales, pero también causas antropogénicas, es decir, estos riesgos que causa la actividad humana y que ponen en peligro la vida de los seres vivos que estamos en esta ciudad, y uno de ellos es el manejo de combustible».

«La falta de regulación es clave»: planeación y ordenamiento territorial

Además, explica que los esfuerzos del gobierno por avanzar en planeación y ordenamiento territorial no son suficientes:

«Necesitamos exigirle al gobierno que emita esas regulaciones, que las aplique conforme a las multas y las consecuencias económicas y jurídicas, porque lamentablemente quienes pagan todas las negligencias, la corrupción y todas las omisiones son las personas, y lo pagan con sus vidas, lamentablemente. Es triste que una vez más la gente que habita en la periferia esté viviendo esta tragedia con la pipa en el puente de la Concordia. Es la misma gente que vive las inundaciones día con día, que lucha por regresar a sus casas después de una jornada de trabajo».

Y finaliza:

«Tenemos que planear mejor la ciudad y distribuir toda la riqueza que genera esta ciudad para que todas las personas tengan los mismos niveles de bienestar y de seguridad. Es importante que la solidaridad territorial se transforme en justicia territorial».

La solidaridad del pueblo

Después de la explosión, las muestras de solidaridad inundaron la calle donde ocurrió la explosión: personas que pusieron el cuerpo junto a los bomberos y policías, colectas solidarias, atención psicológica gratuita y todo lo que podrían ocupar las víctimas.

Entre esas acciones, en la UNAM, estudiantes realizaron una colecta para las personas afectadas: Edson Sanabria, estudiante de la Facultad de Economía, habla sobre el acopio:

«No nos es indiferente el dolor ajeno y el sufrimiento ajeno, y algo que para mí es más importante es que el accidente fue en una zona vulnerable y también eso nos hace criticarnos acerca de cómo está construida la ciudad, la precarización de los trabajadores. Viéndolo desde como estudiante de economía y como ser humano, creo que sí es muy importante ser empáticos con otras personas y más cuando el gobierno está limitado o está superado, ya sea por incompetencia o por cualquier razón.

«Entonces, creo que sí, la ciudadanía muchas veces tiende la mano al prójimo antes que las mismas instituciones porque han fracasado históricamente y siguen fracasando; esto porque no atienden a la persona, sino que atienden a un sistema que reproduce el capital. Entonces también, ahora sí que, viéndolo desde la convicción y también desde querer ayudar al prójimo. Esto como estudiante de la Facultad de Economía».

Además, asegura que el material médico ya no lo reciben, sin embargo hacen falta donadores de sangre.

También reflexiona:

«Creo que es muy doloroso, y creo que lo más doloroso es que pudo ser alguien de nuestra familia».

«Más que nada, nosotros somos familia de trabajadores, estudiamos en una escuela pública. Entonces, creo que también es una parte de solidaridad hacia el prójimo que es igual a nosotros, porque eso es lo que vemos, que es un igual. Entonces, siento que es muy importante esa empatía porque muchas veces deshumanizamos al otro y no entendemos qué pudo pasarnos a nosotros o a otra persona».

«En este caso es una tragedia que le pasó a una población vulnerable y creo que eso es lo que lo hace más doloroso, que muchas personas que sufrieron o fueron víctimas de este suceso, no tienen la capacidad económica para poder solventar todos los gastos médicos. Sabemos cómo es el servicio médico aquí en el país, que muchas veces es superado, no da abasto».

Mientras que distintos sectores se movilizan, las preguntas siguen abiertas.