Por Marcela del Muro y Marcos Vizcarra / Global Initiative

En los 11 años que lleva encarcelada en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de La Pila, en San Luis Potosí, María, de 57 años, ha visto entrar y salir a un sinfín de mujeres. En los últimos años, ha observado un aumento de las detenciones por delitos contra la salud relacionados con drogas.

Las mujeres son privadas de libertad por consumir, portar o incluso por acompañar a alguien que consumía o portaba alguna sustancia psicoactiva, sobre todo marihuana o metanfetamina, conocida como cristal o criko.

«Ves llegar a la huercada crikosa, todas bien flaquitas», cuenta María, refiriéndose a las jóvenes consumidoras de criko. «Aquí comen y las ves salir en unos meses, más repuestitas. Un tiempo después, las ves entrar de nuevo, otra vez bien flacas. Se reponen y vuelven a salir».

En los últimos seis años, el encarcelamiento de mujeres en México ha aumentado un 22 %, mientras que, según la organización Elementa DDHH, el mercado ilícito de drogas se mantiene intacto. En abril del 2025, la organización informó de que hay 1,913 mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con las drogas en el país.

Mientras María ve cómo detienen y liberan de la cárcel a las jóvenes consumidoras, su defensa prepara un peritaje que acredite la tortura sexual y psicológica a la que fue sometida por los policías durante su primera declaración, y que pruebe su inocencia en el homicidio del que se le acusa.

La Chapis, de 19 años, vende dulces en el centro de San Luis Potosí y es consumidora habitual de marihuana y ocasionalmente de metanfetamina. Desde que cumplió la mayoría de edad, ha sido encarcelada en dos ocasiones. En abril salió del Cereso, donde había estado presa durante más de seis meses, tras ser condenada por posesión de metanfetamina y narcomenudeo.

Esta última privación de la libertad fue la más larga y La Chapis denuncia que fue arbitraria.

«Intento no traer nada encima porque siempre nos detienen. Esa vez venía con un amiguito caminando, ya era bien noche. Los puercos [policías] nos empezaron a molestar y [a él] le encontraron una pipa de criko», explica la muchacha.

A la Chapis le sembraron una pequeña cantidad de cristal para acusarla, pero conoce a algunas personas a las que les han sembrado grandes cantidades de drogas durante sus detenciones y que han terminado siendo procesadas por narcotráfico, alcanzando sentencias de entre cinco y quince años.

Según la organización Equis Justicia para las Mujeres, la política punitiva de drogas en México no castiga a los criminales, sino que castiga la pobreza y el desconocimiento, afectando de forma desproporcionada a las mujeres.

Alejandra, cuyo nombre ha sido cambiado, fue detenida en enero de 2025, después de salir de fiesta con unos amigos que portaban metanfetamina.

«Le tocó estar con las personas equivocadas en el lugar equivocado. Ella entró por delitos contra la salud. Le tocaba salir de la prisión en mayo, pero no alcanzó; en la salida, unos [policías] ministeriales la detuvieron. Le informaron de que tenía otra carpeta por robo calificado y secuestro exprés», relata su hermana.

Actualmente, Alejandra se enfrenta a un nuevo proceso penal, aunque la investigación señala a una mujer con características físicas distintas a las suyas. Además, su hermana afirma que el día del robo y el secuestro, Alejandra había viajado con su novio a una boda. Sin embargo, las fotos, los vídeos y los testigos que demuestran su inocencia no fueron aceptados como pruebas.

Alejandra cumplió cuatro meses de condena por un delito de narcomenudeo que no cometió. Ha sido detenida injustamente de nuevo y ahora se enfrenta a un proceso penal por dos delitos graves, con una petición de sentencia de 70 años de prisión.