Culiacán, Sin.- El presidente de la CAADES, Jesús Alberto Rojo Plascencia, expresa su preocupación ante la propuesta de presupuesto federal para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) 2026, ya que la propuesta de presupuesto para la SADER asciende a 75,195.5 millones de pesos, lo que representa apenas un incremento del 1% con respecto al año anterior, lo que expresa un 2.5% de perdida en términos reales por la inflación.
En los hechos, significa que el presupuesto para la agricultura prácticamente quedó sin cambios.
Los programas más relevantes presentados para la política agrícola: Sembrando Vida, Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar, Acopio para el Bienestar y los que operan Alimentación para el Bienestar (anteriormente SEGALMEX) están enfocados a transferencias directas a los productores y apoyos asistenciales, más que incentivar la competitividad y productividad para aumentar la producción de alimentos.
Hoy enfrentamos un desafío crítico: la pérdida de seguridad alimentaria. México depende cada vez más de las importaciones de granos debido al estancamiento de la producción nacional en relación al consumo que crece, provocado por políticas públicas limitadas a la agricultura comercial, sequías recurrentes, precios de mercado deprimidos y la competencia con USA que tiene un robusto esquema de subsidios y alto potencial productivo.
Actualmente, 60% del consumo total de granos proviene de importaciones, cuando hace apenas siete años la dependencia era del 40%. En el caso del maíz, importamos ya la mitad de lo que consumimos, principalmente amarillo, pero también blanco. En los últimos años, además, hemos perdido la autosuficiencia en productos básicos como frijol, sorgo y estamos este año en el límite en maíz blanco.
Ante este panorama, es indispensable fortalecer el Programa de Acopio para el Bienestar (precio de garantía a productos básicos). Este esquema debe garantizar su continuidad y actualizar el ingreso garantizado para pequeños y medianos productores de trigo, actualmente fijado en 7,050 pesos por tonelada, asegurando al mismo tiempo los recursos presupuestales suficientes para que los pagos se realicen de manera oportuna.
De igual forma, debe incorporarse un programa específico para pequeños y medianos productores de maíz, que respalde un modelo de agricultura por contrato con precios garantizados basados en los costos reales de producción, acompañado de apoyos para la compra de coberturas y con la participación activa de los gobiernos federal y estatal como garantes.
Otro aspecto prioritario es la sanidad e inocuidad alimentaria, rubro que en los últimos años ha sufrido reducciones y que requiere fortalecerse para atender desafíos inmediatos como la erradicación del gusano barrenador, el control de la mosca de la fruta y el manejo fitosanitario en hortalizas.
En cuanto al Programa Nacional de Modernización Hidroagrícola, reconocemos como un acierto el presupuesto asignado, que beneficiará directamente a los distritos de riego 010 y 075 en Sinaloa, ambos estratégicos para la productividad agrícola del estado.
Por todo ello, a partir de esta fecha gestionaremos un encuentro con los diputados federales para presentarles diagnósticos con cifras claras sobre la situación actual de la seguridad alimentaria en México, así como las propuestas de solución que aquí hemos descrito.
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