Culiacán, Sin.- “Combatir la corrupción es parte esencial de la reducción de desastres”, afirmó el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Enrique Guevara Ortiz, durante su participación en el Segundo Foro de la Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible realizada en Culiacán, Sinaloa, el jueves 11 de septiembre.

Los desastres no son naturales, son el resultado de cómo hemos construido nuestras ciudades, instituciones y relaciones sociales, aclaró. De igual forma, son el reflejo de las fallas estructurales en el ámbito de la administración pública.

“Y entre esas fallas, la corrupción es una de las más profundas, porque distorsiona nuestras prioridades, multiplica vulnerabilidades y erosiona la confianza social”, señaló.

Guevara Ortiz fue uno de los tres participantes del panel titulado “La construcción social de los desastres asociados a fenómenos naturales”, que se realizó en el marco del foro organizado por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa (SEMAES), la Secretaría Ejecutiva del Sistema, la Auditoría Superior del Estado (ASE), el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y el Instituto Estatal de Protección Civil.

Este evento forma parte de las estrategias de prevención de las faltas administrativas y hechos de corrupción en la gestión del territorio que se impulsa desde el CPC con el respaldo de los entes que conforman el Sistema, explicó Lucía Irene Mimiaga León, presidenta del CPC y del Comité Coordinador del SEMAES.

“Nos están solicitando desde la ciudadanía acciones concretas para este combate a la corrupción en todos los ámbitos, y ahora en esta intersección con la defensa del territorio y el medio ambiente”, expresó durante el acto inaugural que también contó con la presencia de la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda y la diputada María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

En su discurso, Mimiaga León informó que la Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible incluye acciones de transparencia, rendición de cuentas, integridad en el servicio público y ordenamiento territorial basado en criterios técnicos y normativos. En su diseño se tomó en cuenta a grupos ciudadanos, ambientalistas, sector académico y científico.

La temática se abordó en el foro a través de dos páneles y una conferencia que reunió a más de cien personas de forma presencial y decenas de espectadores a través de redes sociales.

Los riesgos de la corrupción en la gestión del suelo

En el primer panel se reflexionó sobre la importancia de que las personas servidoras públicas no autoricen cambios de uso de suelo y permisos de construcción en zonas con riesgo de inundación o deslaves, pues estas malas prácticas ponen en riesgo a la población ante el impacto de fenómenos naturales extremos como los huracanes.

“La gestión del riesgo es un deber ético con la vida; la corrupción rompe ese principio y convierte la prevención en simulación”, recalcó el titular del Cenapred.

Sobre este mismo tema, Juan Manuel Rodríguez Esteves, director del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, manifestó que las vulnerabilidades aumentan con el crecimiento acelerado de las áreas urbanas; por la falta de suelo para la urbanización y porque se destina menos tiempo para la planificación.

El riesgo para la población también es mayor cuando hay dificultades para la supervisión de nuevos asentamientos, cuando se minimiza el riesgo de desastre y porque se prioriza un modelo basado en el mercado en el que solo importa construir viviendas sin una visión de ciudad.

“¿Cómo estamos construyendo nuestras ciudades?, ¿lo estamos haciendo bien?, ¿están sobre los márgenes de los ríos o de los arroyos o enfrente del mar?”, cuestionó el especialista.

Recordó que en un contexto de cambio climático, el riesgo aumenta por el desarrollo de eventos meteorológicos extremos más frecuentes, aumento del nivel del mar, inundaciones recurrentes, sequías más prolongadas, olas de calor y de frío.

Lo que Acapulco nos enseñó sobre la mala gestión de desastres

El tercer panelista fue el periodista Héctor Briseño Arriaga, quien cubrió y documentó los impactos de los huracanes Otis (octubre de 2023) y John (septiembre 2024) para el periódico La Jornada.

Tras el impacto del huracán Otis, de categoría cinco, las telecomunicaciones, red eléctrica y de agua potable no funcionaron por diez días continuos; las farmacias fueron saqueadas y las personas hacían filas hasta por diez horas para conseguir un garrafón de agua, recordó.

Un año después, el huracán John, de categoría tres, generó lluvias por cuatro días en ese municipio costero del estado de Guerrero.

En ambos casos, fue posible observar derrumbes y daños severos en construcciones asentadas sobre rellenos y zonas de riesgo, así como en zonas de playa que fueron utilizadas para construir edificios de lujo y desarrollos turísticos, invadiendo la zona federal marítimo terrestre y accesos públicos. También quedó en evidencia que algunas edificaciones carecían de permisos o los obtuvieron de forma irregular, refirió.

“Acapulco se ha encargado de construir todas sus vulnerabilidades”, lamentó el periodista durante su intervención en el panel, moderado por Emmanuel Espinoza Salcido, integrante del CPC Sinaloa.

Prevención de la corrupción en un contexto de crisis climática

Posteriormente, el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete, impartió la conferencia titulada “La importancia de la gestión integral de riesgos en tiempos de crisis climática”, en donde habló del marco normativo en materia de prevención de riesgos y de la importancia de que ésta se realice de forma integral “para asegurar que cada decisión de gobierno esté alineada con la sostenibilidad y la seguridad de las generaciones presentes y futuras”.

El evento concluyó con un segundo panel titulado “Avance en la implementación de la Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible”, en el cual se informó que el tema ya forma parte de la Política Pública Anticorrupción y cuenta con el respaldo del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

En este panel participaron Octavio Ramón Acedo Quezada, director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE); Edna Liyian Aguilar Olguín, Magistrada de Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA);  Raquel Zapien Osuna, integrante del CPC y José Carlos Dehesa Mitre, integrante de la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa (REDCA), con la moderación de Rosa del Carmen Lizárraga Félix, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa (SEMAES).

“Todo lo que escuchamos hoy confirma que la forma en que se gestiona el territorio sí importa y que hay un marco técnico y jurídico que se tiene que observar al momento de planear y diseñar nuestras ciudades porque de no hacerlo así ponemos en riesgo la vida de miles de familias, nuestras fuentes de empleo y a nuestro entorno natural del cual dependemos”, concluyó Zapien Osuna al dar por concluido el Segundo Foro de la Agenda Anticorrupción para el Desarrollo Sostenible.

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